RED POR LA PAZ Y EL DESARROLLO DE GUATEMALA (RPDG)

Comunicado nacional e internacional

Día Internacional de los Desaparecidos

La RPDG siente la obligación moral de pronunciarse, aunque con ello hagamos planteamientos controversiales. Gracias a los esfuerzos de la Federación Latinoamericana de Familiares de los Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM), el 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Desaparecidos. Se recuerda en esta fecha a las personas que fueron capturadas por fuerzas armadas o de seguridad y de quienes no se volvió a saber más, ni vivas ni muertas. Como crimen, la desaparición forzada es de extrema crueldad, causando dolor y angustia no solamente al detenido, prácticamente siempre torturado y humillado y, al final, invariablemente asesinado, sino que también a sus familiares, que pasan el resto de sus vidas aferrados a la ilusión de que pueda reaparecer vivo, mientras asumen que está muerto, sin tener el alivio de saber dónde están sus restos y cerrar su duelo. En esta fecha, conmemoramos a las miles de víctimas de esta aberrante práctica, y nos solidarizamos con dos personas muy cercanas a la RPDG: María Luisa Rosal Vargas, Secretaria de Derechos Humanos, cuyo padre, Jorge Alberto Rosal Paz fue detenido-desaparecido el 12 de agosto de 1983 –ni él ni sus restos han sido encontrados y el caso está pendiente de justicia, pese a la firme intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)—y Jennifer Harbury, cuyo esposo, Efraín Bámaca (Comandante Everardo de la URNG), fue capturado en acción el 12 de marzo de 1992 y desaparecido. Hay testimonios sobre su cautiverio en instalaciones militares diversas, sometido a torturas e interrogatorios, en total violación del derecho humanitario internacional; pero se ha negado información sobre su ejecución extrajudicial y el lugar donde están sus restos.

Si bien la tortura siempre ha sido considerada crimen de lesa humanidad, ante la gravedad de la desaparición forzada y considerando que invariablemente implica tortura física y psicológica, la Asamblea General de la OEA estableció que también la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad. Adicionalmente, el derecho internacional ha establecido que la desaparición forzada es un crimen vigente, que se perpetúa en tanto no aparece la persona o sus restos. Por ello, la CIDH sigue exigiendo la verdad y la justicia sobre los dos casos paradigmáticos arriba mencionados, mientras que el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas sigue exigiendo a las autoridades de Guatemala que aclaren los casos pendientes en sus registros, que se cuentan por miles. No haber dado respuesta ha manchado a los sucesivos gobiernos, así como a los organismos de derechos humanos del Estado, como la COPREDEH y la PDH. Guatemala es vista en América Latina como el primer país de la región en donde se aplicó la práctica de la desaparición forzada de manera sistemática, con la captura de la dirección del PGT (partido comunista) y otras personas, en marzo de 1966. No se volvió a saber de ellos, aunque existen testimonios de que fueron asesinados en instalaciones militares y sus cuerpos fueron lanzados al mar. También se considera que aunque la desaparición forzada fue instrumento esencial de las “guerras sucias” de los ejércitos sudamericanos y centroamericanos –dirigidos y entrenados por los Estados Unidos en la Escuela de las Américas y otras sedes– el número más alto de personas desaparecidas corresponde a Guatemala, con una estimación de 45,000 víctimas entre 1966 y 1996. Todo esto constituye una herida a flor de piel en la sociedad guatemalteca, aunque algunas personas se empecinen en afirmar que estos crímenes han sido un invento, producto de la propaganda “comunista”.

El Día Internacional de los Desaparecidos, sirve para visibilizar otra forma de genocidio que se dio en América Latina: la eliminación de un grupo de personas por sus convicciones ideológicas. Los expertos jurídicos aducen que en la Convención específica sobre genocidio no se incluye a este grupo de personas—solamente grupos étnicos, religiosos o minorías específicas—pero las víctimas de la detención-desaparición también tuvieron un denominador común, ya que, invariablemente, fueron acusadas de “subversivos”, “comunistas” y hasta “terroristas”, generándose lo que se podría denominar un ideogenocidio. En el caso de Guatemala, primeramente la Comisión para el Esclarecimiento Histórico  (CEH) estableció de manera irrefutable el genocidio contra grupos étnicos, y, con la condena a Ríos Montt, el sistema de justicia del país confirmó dicho genocidio; pero la eliminación de grupos de personas por sus ideas, que fue el caso de gran una parte de los detenidos-desaparecidos guatemaltecos, al igual que, entre otros países, en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, se le ha negado la caracterización de genocidio. Hay acá una deuda histórica que hay que corregir.

Resaltemos que el Día Internacional de los Desaparecidos rescata la dignidad de las personas y no sus estadísticas. Cada persona, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tiene derecho a que se le respete su vida y su dignidad. Aún si la persona hubiese sido un guerrillero, el Estado tenía el derecho de capturarlo y enjuiciarlo, con apego a la ley, pero no de torturarlo, asesinarlo y desaparecerlo. Las historias de la gran mayoría de los desaparecidos corresponden, por otra parte, a ciudadanos corrientes, que si bien podían tener convicciones ideológicas revolucionarias, no estaban en acciones armadas. Y luego está la gran cantidad de civiles, de todas las edades y condiciones, que los militares y policías agregaron a su lista de “enemigos internos” por las razones más absurdas.

La ciudadanía debe seguir acompañando hoy, solidariamente, a los familiares de los detenidos-desaparecidos. No podemos seguir permitiendo que el “pacto de silencio”-entre asesores estadounidenses, altos jefes castrenses, políticos comprometidos y cómplices en la iniciativa privada– siga obstruyendo el hallazgo de la verdad. Los padres tienen derecho a saber qué pasó con sus hijos; los hijos necesitan rendir tributo a sus padres; las esposas y los esposos tienen la necesidad de despedirse de sus cónyuges; y la sociedad entera tiene la urgencia de encontrar el camino de la verdad y la justicia. El ejército de Guatemala, que con su condicionamiento a la CEH para no citar nombres de los responsables de los crímenes de lesa humanidad y otras graves violaciones de los derechos humanos, asumió institucionalmente la responsabilidad de todos los crímenes cometidos por sus fuerzas y grupos paramilitares a lo largo de los años de conflicto armado interno, tiene la obligación de abrir sus archivos y facilitar la información que permita saber lo que ocurrió con los detenidos-desaparecidos y la ubicación de sus restos. No hacerlo no solamente es anti-cristiano, sino que también, un monstruoso acto de deshumanización.

Guatemala y Estados Unidos, 30 de agosto de 2013

Comité Ejecutivo de la RPDG

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