Buscando paz en la impunidad V
Y aquí debe quedar claro, la burbuja urbana intelectual, académica y política de la capital no puede decidir sobre el olvido de la guerra.
María Aguilar
¿Por qué el conflicto vivido en Guatemala no puede reducirse a una guerra civil? Adicional a las razones históricas de construcción del enemigo interno mencionadas en columnas previas, las estadísticas del período de violencia proveen otras respuestas.
Hoy, a falta de intención del Estado de Guatemala de continuar con investigaciones sobre la guerra, los datos más completos siguen siendo los del informe Guatemala Memoria del Silencio de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, publicado en 1999. Números que, aunque repetidos constantemente, siguen ausentes de la memoria histórica de escuelas y universidades, y desconocidos por buena parte de las nuevas generaciones.
Además, los juicios por justicia transicional señalan la desvergüenza que implica hablar de amnistía o de atreverse a decir que la guerra debe quedar en el pasado. Debe ser obligatorio recordar que, de 669 masacres enumeradas, 626 fueron cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado. Del resto de masacres, 32 fueron atribuidas a la guerrilla y 11 no pudieron ser identificadas. Del total de violaciones, el 93.3 por ciento fueron atribuidas a las fuerzas de seguridad del Estado comparado con un 3 por ciento atribuidas a la guerrilla. Por lo tanto, aunque las fuerzas guerrilleras merecen ser críticas por acciones realizadas contra fuerzas enemigas, poblaciones “hostiles” y principalmente por organizarse en territorios indígenas sin pensar en las posibles consecuencias, ambos bandos: ejército-guerrilla, no pueden equipararse.
Y aquí debe quedar claro, la burbuja urbana intelectual, académica y política de la capital no puede decidir sobre el olvido de la guerra. Dado que en el departamento de Guatemala el porcentaje total de violaciones a derechos humanos fue de 2.74 por ciento. El dato es grave, pero no se compara con los crímenes cometidos en departamentos indígenas, como el Quiché, donde se cometieron el 45.52 por ciento de los delitos, seguido por Huehuetenango con 15.60 y Alta Verapaz con 9.45 por ciento. Por eso, el informe determinó que el 83.3 por ciento del total de víctimas identificadas era Mayas comparado con un 16.51 de victimas ladinas. Con esos datos, ¿cómo no hablar de genocidio, de violencia diseñada y dirigida específicamente para controlar o exterminar la vida indígena, dependiendo del interés local de elites y militares?
Fuente: [https://elperiodico.com.gt/opinion/2017/12/11/buscando-paz-en-la-impunidad-v/]
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Enfoque en temas de violencia de Estado y movimientos sociales en America Latina, especialmente Guatemala durante el siglo XX.
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