Ven a repudiar la anulación de la sentencia al genocida Ríos Montt

Frente a la Embajada de Guatemala en Costa Rica.
Sabana Sur, del Gimnasio Fitsimons, 100mts sur y 50mt oeste, San José.

El jueves, 30 de mayo de 2013

La jornada tiene el objetivo de repudiar la anulación de la sentencia dictada el 10 de mayo de 2013 que condenó a ochenta años de prisión al general José Efraín Ríos Montt por los delitos de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad. ERM llegó al poder mediante un golpe de Estado perpetrado el 23 de marzo de 1982 y gobernó hasta el 8 de agosto de 1983. En ese período se desarrolló la política contrainsurgente de tierra arrasada que dio como resultado la destrucción de 440 aldeas y más de 600 masacres realizadas en esos años por las fuerzas del ejército. Las 1 771 víctimas por cuya muerte se procesó a ERM y a otro general -Mauricio Rodríguez Sánchez, jefe de la inteligencia militar, que fue absuelto- forman parte de alrededor de 200 000 personas muertas o desaparecidas (unas 45 000), un millón de desplazados/as internos y alrededor de 200 000 refugiados/as. De acuerdo con el informe “Guatemala : memoria del silencio”, entre 1981 y 1983 ocurrió el 81% de las violaciones a los derechos humanos recogidas por la Comisión de Esclarecimiento Histórico. De las víctimas un elevado porcentaje fueron hombres y mujeres indígenas, más del 80% y mediante peritajes, se comprobó ante el Tribunal A de Mayor Riesgo que en la base de estas acciones criminales que conformaron el delito de genocidio se encuentran el racismo y la discriminación históricos contra los pueblos indígenas guatemaltecos.

El proceso en el primer caso de genocidio que se juzga en una corte nacional, se inició en su tercera etapa el 19 de marzo del año en curso tras remontar una serie de obstáculos interpuestos por la defensa de los acusados. El 19 de marzo se inició este sueño, doloroso y feliz, y en la sala de juicios ocurrieron milagros. Las mujeres ixiles hablaron por primera vez públicamente sobre los horrores sin nombre que les infligieron, todos ellos bajo la etiqueta de violencia sexual. El mundo entero se detuvo a escucharlas. Sus voces pronunciaron verdades enormes en su idioma ancestral y renombraron el mundo desde la dignidad y la resistencia acallando a los vociferantes abogados de los presuntos genocidas. Los padres y las madres llevaron en sus manos y sus corazones sus tesoros, los recuerdos del amor a sus niños y niñas arrebatados por el odio empeñado en destruir “hasta la semilla” mezclados con el dolor y la tristeza por haberlos perdido brutalmente. No fue otra cosa que amor lo que los animó a continuar viviendo y esperar ese día.

Sin embargo, los poderes políticos, oligárquicos y militares han recurrido a todo tipo de argucias, ataques, distorsiones de la verdad histórica que surge de los testimonios de las víctimas interfiriendo de manera indebida en el proceso judicial y polarizando aún más a la sociedad guatemalteca con un discurso retrógrado y violento. En ese clima de extrema tensión, la defensa recurrió en amparo y logró que la Corte Constitucional anulara la sentencia con una decisión ilegal al retrotraerse el juicio al 19 de abril.

Dignidad, Memoria y Paz demanda al gobierno guatemalteco garantizar la seguridad de las personas que integran la Asociación Justicia y Reconciliación, que representó a las víctimas maya ixiles en este proceso, las y los testigos y peritos/as que intervinieron en el proceso, las organizaciones de derechos humanos y abogados que les han asesorado, la Fiscal General y el personal del Ministerio Público, el tribunal presidido por la jueza Jazmín Barrios e integrado por Patricia Bustamante y Pablo Xitumul y con todas las entidades que les han acompañado.

A ellos y ellas les manifestamos nuestro respeto y solidaridad, especialmente a las valerosas mujeres ixiles víctimas de violencia sexual que testificaron ante el Tribunal, y nos unimos al clamor por la justicia que atraviesa Guatemala.

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