La decisión del Congreso de reformar la Ley de Reconciliación que busca amnistiar a los responsables de delitos de lesa humanidad, violenta la Constitución.
Irma A. Velásquez Nimatuj
En un estado democrático deben respetarse los derechos humanos, conceptualizados en las normas jurídicas. En el caso de Guatemala, la Constitución en su Artículo 46 reconoce que en materia de Derechos Humanos los tratados y convenios internacionales, ratificados por el Estado tienen supremacía y no pueden dejar de aplicarse. Por lo tanto, la decisión del Congreso de reformar la Ley de Reconciliación que busca amnistiar a los responsables de delitos de lesa humanidad, violenta la Constitución, los tratados internacionales, resquebraja el débil sistema democrático y el Estado de Derecho.
Un sector del Congreso argumenta que la amnistía contribuiría a la reconciliación. Esto es falso. La modificación es una intromisión del poder Legislativo sobre el poder Judicial. Además, pone en peligro la vida de las víctimas, testigos, peritos, fiscales y jueces al liberar en 24 horas a los condenados por casos de asesinatos, desaparición forzada, violaciones sexuales, genocidio entre otros. Además, en las sentencias en donde los jueces han emitido reparaciones dignas, estas dejarían de ejecutarse, lo que crearía caos, conflictos sociales y vulneraría la certeza jurídica. También, los sobrevivientes que han ejercitado su derecho al obtener justicia serán nuevamente victimizados, porque durante más de tres décadas se les negó el derecho a la justicia y cuando finalmente, la lograron, a través de un largo proceso y una decisión judicial, la pierden por un decreto legislativo. Esto terminará siendo ilegal, inmoral y entierra la posibilidad de justicia que han obtenido los sobrevivientes a través de una sentencia judicial, por lo que la amnistía se convertiría en una negación de derechos adquiridos.
Estas reformas aumentarán el crimen y los esfuerzos realizados por los sobrevivientes, organizaciones, abogados, jueces independientes, entre otros actores, quedarían truncados, y habría efectos de carácter colateral inimaginables. Estamos frente al interés de algunos sectores, claramente identificables, que se han unido para acallar el derecho a la justicia, porque quieren evitar que continúe el juzgamiento de múltiples violaciones que la justicia transicional y la lucha por enfrentar la violencia y los crímenes de género en que Guatemala ha avanzado.
El Congreso debe entender que es el responsable de garantizar los derechos, su rol no es violentarlos y menos eliminarlos.
Fuente: [https://elperiodico.com.gt/opinion/2019/03/09/no-a-las-reformas-a-la-ley-de-reconciliacion-nacional/]
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Profesora visitante Departamento de Antropología en la Universidad de Oregon.
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