Ayúdanos a compartir
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Carlos Figueroa Ibarra

Al escribir estas líneas se sabe que México y Argentina han llamado a sus embajadores en Nicaragua “para consultas”, por “las preocupantes acciones políticas-legales” del gobierno de Daniel Ortega, aunque sin condenar sus acciones. Éstas no son sino acciones represivas contra la oposición como el arresto de cinco posibles candidatos presidenciales y muchos opositores más, entre ellos figuras históricas del sandinismo como Hugo Torres, Dora María Téllez y Víctor Hugo Tinoco. Dos partidos políticos fueron despojados de personería jurídica. Todo ello sucede a cinco meses de la cuarta reelección de Ortega ahora por segunda vez en fórmula con su esposa Rosario Murillo

Anteriormente  ambos gobiernos exhortaron  a no intervenir en los asuntos internos de dicho país deslindándose de la OEA, la cual a mediados de junio se apresuró a condenar los arrestos de opositores nicaragüenses. México ha expresado inequívocamente a través del canciller Marcelo Ebrard la bajísima consideración que tiene de Luis Almagro: evalúa su gestión como la peor o  una de las peores de la OEA. En efecto, la OEA fue parte del golpe de estado contra Evo Morales en 2019 y ahora se ha  apresurado a condenar a Nicaragua mientras ha ignorado las atrocidades cometidas contra los manifestantes en Chile y Colombia y la ofensiva reaccionaria contra el triunfo de Pedro Castillo en Perú.

A lo largo de su historia los Estados Unidos de América y la OEA han agredido a Nicaragua una y otra vez. EUA invadió a Nicaragua a través de William Walker en 1855,1857 y 1860,  la ocupó entre 1912 y 1933, mantuvo una dominación neocolonial a través de la dinastía Somoza hasta 1979. Luego entre ese año y 1990, sometió al país a una sangrienta guerra de baja intensidad. En 2018 estalló una revuelta contra el gobierno Ortega-Murillo con la participación encubierta de Washington la cual nos recordó a las guarimbas venezolanas. En diciembre de 2018 Donald Trump firmó la llamada Nica Act que no es sino un bloqueo  financiero a Nicaragua.

A fines de 2017 el gobierno de Ortega parecía gozar de una enorme legitimidad. Había logrado alianzas importantes con el gran capital, la alta jerarquía religiosa y mantenía un modus vivendi con Washington. Además contaba y sigue contando con un fuerte apoyo popular. Hasta el estallido de la crisis de 2018 y la Nica Act, el país había crecido a un 5%, tenía cifras importantes en desarrollo turístico y carretero, electrificación, seguridad, inmunización, equidad de género, disminución de mortalidad infantil y pobreza, atención a la niñez. Ciertamente muy diferente al Triángulo Norte  de Centroamérica.

Todo bien hasta el estallido de abril de 2018 motivado por una reforma regresiva a jubilaciones, pensiones y aumento de cuotas de derechohabientes del seguro social. Desde el 2018 las alianzas logradas han trastabillado y las falencias (reeleccionismo, nepotismo, autoritarismo etc.,) han salido a luz. La oposición se encuentra dividida, sin oferta fiable y en su mayoría dependiente de EUA. Pese a ello, el FSLN está sentado en una bomba de tiempo, porque el progresismo no puede asentarse en el autoritarismo.

A fines de 2017 el gobierno de Ortega parecía gozar de una enorme legitimidad. Había logrado alianzas importantes con el gran capital, la alta jerarquía religiosa y mantenía un modus vivendi con Washington. Además contaba y sigue contando con un fuerte apoyo popular

Narrativa y Ensayo publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Carlos Figueroa Ibarra
Últimas entradas de Carlos Figueroa Ibarra (ver todo)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •