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Carlos Figueroa Ibarra

La Cuarta Transformación encabezada por Andrés Manuel López Obrador enfrentará dos batallas importantes. La primera de ellas en marzo de 2022, es la consulta por la revocación o ratificación del mandato presidencial. La segunda, en abril del mismo año, es la consumación de la reforma eléctrica. La primera es de sustancial importancia porque definiría la legitimidad de lo logrado en estos tres años de gobierno progresista en México. Fue el presidente López Obrador  el que luchó porque se aprobara una reforma constitucional que estableciera la revocación de mandato. Impulsó dicha reforma porque está convencido de que los gobernantes deben ser refrendados en sus puestos  de acuerdo a sus resultados. Forma parte de lo que él considera la democracia participativa.

La ratificación/revocación de mandato  de Andrés Manuel es una batalla  que de ganarse, -como previsiblemente sucederá dado el 60-70% de aceptación que tiene-, fortalecerá políticamente a la 4T. Como lo está mostrando ahora mismo  de manera negativa Argentina, los gobiernos progresistas tienen que ser lo suficientemente fuertes  para poder avanzar en sus reformas. La fortaleza política mostrada en la consulta popular, manifestada en la cantidad de votantes y el porcentaje de la ratificación, creará condiciones mejores para la reforma constitucional que busca fortalecer la participación estatal en la generación de energía eléctrica.

La industria eléctrica fue nacionalizada por el presidente Adolfo López Mateos en 1960. Abandonado el nacionalismo revolucionario por el PRI, la privatización de la electricidad comenzó en 2000. Paulatinamente se fue entregando la generación de electricidad a empresas privadas  y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue debilitada al extremo de que  hoy produce solamente el 36% de la electricidad. De  seguir este proceso a finales de la década solamente producirá el 16%. La reforma eléctrica propiciada por López Obrador persigue una repartición del mercado  que daría el 56% a la CFE y 44% a la iniciativa privada.

Sabemos por lo sucedido en diversas partes del mundo que la privatización de la producción eléctrica deja a los consumidores a merced de incrementos abusivos del precio de la electricidad (en España ha aumentado 648% en un año) y pone en riesgo la seguridad en el abasto porque  como se demostró en Texas el pasado invierno, las empresas pueden dejar de producir si los costos ponen en riesgo sus ganancias. La dependencia del gas texano provocó que su escasez no solamente dejara sin electricidad a la población de Texas, sino también apagones en México que pudieron ser solventados por la intervención de la CFE.

Es mentira que la reforma eléctrica en México  abandonará las energías limpias. Se trata de que el Estado sea rector para garantizar la seguridad energética y el plan es privilegiar la energía limpia hidroeléctrica en el despacho de electricidad. También se trata de eliminar la sangría de miles de millones de dólares de fondos públicos por subsidios y granjerías innecesarias al sector privado, pago de gasoductos que no están funcionando etc., En suma, se trata de que ya no se socialicen las pérdidas y privaticen las ganancias.

La industria eléctrica fue nacionalizada por el presidente Adolfo López Mateos en 1960. Abandonado el nacionalismo revolucionario por el PRI, la privatización de la electricidad comenzó en 2000.

Narrativa y Ensayo publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes

Carlos Figueroa Ibarra
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