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Carlos Figueroa Ibarra

 En días recientes dos noticias llamaron mi atención. En Guatemala observamos cómo el llamado “Pacto de Corruptos” (el grupo de intereses criminales que ha cooptado el Estado) desde el poder legislativo y el poder judicial  movió sus piezas para adueñarse de la casi única institución del Estado que se le ha enfrentado, me refiero a la Corte de Constitucionalidad (CC). El pecado de la CC fue ordenar al Congreso que no se eligiera a Magistrados cuya honorabilidad e idoneidad estaba en tela de juicio.  En respuesta a ello, en junio la Corte Suprema de Justicia dio trámite al antejuicio contra cuatro integrantes de la CC. En México, ha sido noticia de primera plana el arribo en calidad de detenido extraditado de Emilio Lozoya, quien fuera Director de Pemex.  Lozoya aceptó la extradición desde España a cambio de ser una suerte de testigo protegido en relación a la venta fraudulenta de una planta de fertilizantes, a los sobornos de Odebrecht y finalmente en relación a los sobornos dados a legisladores para que aprobaran en diciembre de 2013 la privatización del petróleo mexicano.

Mientras en Guatemala la mafiocracia (término empleado por el especialista en narcotráfico Edgardo Buscaglia) no ha cesado de tener éxitos desde la inhabilitación de Thelma Aldana como candidata presidencial, en México merced a la Cuarta Transformación la antigua “Mafia del Poder” está temblando por las posibles revelaciones que hará Emilio Lozoya. En octubre de 2019, Juan Antonio Hernández, hermano del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, fue condenado por narcotráfico. En mayo de 2020, la Fiscalía General de Manhattan presentó cargos contra un exjefe policiaco acusado de operar para el presidente hondureño y su hermano. En El Salvador, los últimos tres presidentes antes de Bukele han sido acusados de corrupción y sometidos a juicio.

México y el Triángulo Norte de Centroamérica han mostrado de manera palmaria el crecimiento de lo que en sociología llamamos la “zona gris”, ese espacio social en donde se confunden Estado, empresarios, actores políticos y  crimen organizado. Funcionarios estatales y empresarios que ejercen el delito económico organizado (tráfico de influencias, sobornos de gran escala, licitaciones fraudulentas, robo de activos del Estado y toda forma de corrupción) crean otra “zona gris” cuando entran en contubernio con el crimen organizado. En toda la región narcotráfico e  impunidad frente a la corrupción, han creado una enorme “zona gris”: capos del crimen organizado que actúan como empresarios y empresarios que se relacionan con el crimen organizado; funcionarios estatales que son agentes del crimen organizado e integrantes del crimen organizado que llegan a ser parte del Estado; funcionarios estatales que combinan la delincuencia de cuello blanco con relaciones con el crimen organizado. Tal es el repertorio de la corrupción que ha terminado por convertir al Estado en una región indefinida en donde lo público y lo criminal se confunden. México y el Triángulo Norte necesitan una profunda reforma social, pero ésta para lograrse indudablemente tendrá que partir de un profundo e implacable saneamiento de toda esta descomposición.

Narrativa y Ensayo publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Carlos Figueroa Ibarra
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