Carlos Figueroa Ibarra
El 24 de julio de 2020 un grupo de notables guatemaltecos (exfuncionarios públicos, académicos, empresarios) dirigió una carta a Nancy Pelosi, Presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América y relevante figura opositora a Donald J. Trump. La solicitud que le hacen los firmantes de la misiva es una más decidida intervención ante el Departamento de Estado y otras agencias estatales de dicho país para contener a los grupos criminales que están “capturando” diversas instituciones del Estado guatemalteco. Llama la atención que los firmantes de dicho memorial hablen de grupos “corruptos”, “criminales” y “mafiosos” camuflados en instituciones del Estado, que han recuperado el control de las Cortes del Organismo Judicial después de la expulsión de Guatemala de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La misiva revela que muchos han concluido que sin un organismo internacional de la ONU o una decidida intervención de una potencia extranjera, no es posible erradicar del Estado guatemalteco al crimen organizado y a la delincuencia de cuello blanco.
La situación es tan grave en Guatemala que ya no se trata solamente de una oligarquía voraz y reaccionaria que literalmente usa al Estado como pivote para una acumulación desmedida. Ahora observamos a un grupo de interés integrado por oligarcas devenidos mafiosos o mafiosos que pretende insertarse en el gran capital, el cual ha iniciado una guerra de posiciones para tener el suficiente poder y enriquecerse ilícitamente. Las noticias nos llevan a conjeturar los lugares del Estado guatemalteco que ya obran en su poder: la fuerza hegemónica en el Congreso de la República, la mayoría de la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la Nación, la Presidencia de la República. También es posible advertir los lugares de dicho Estado en donde se encuentra la resistencia a ese grupo criminal infiltrado en el poder político: una parte del Congreso, la Corte de Constitucionalidad, la parte minoritaria de la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría de los Derechos Humanos y oh sorpresa: la Vicepresidencia de la República. El vicepresidente incómodo Guillermo Castillo enfrenta ahora la posibilidad de un desafuero merced a una maniobra de Lawfare (guerra judicial).
El grupo de “corruptos” (el Delito Económico Organizado) y de “mafiosos y criminales” (el Crimen Organizado) ya tienen nombres coloquiales: mafiocracia, cleptocracia y uno muy interesante porque refleja esa colusión del Delito Económico Organizado (delincuencia de cuello blanco) con el Crimen Organizado: la narcocleptocracia. Este grupo de intereses inconfesables también tiene otro apelativo: el Pacto de Corruptos. El Pacto de Corruptos ha obtenido significativas victorias en Guatemala: la expulsión de la CICIG y la inhabilitación de Thelma Aldana como eventual candidata presidencial en 2018, gracias también a una maniobra de Lawfare. Pese a la vocación anticomunista esgrimida por el Pacto de Corruptos, el asunto hoy en Guatemala no pasa por fronteras ideológicas. Lo que hoy se juega en el país es si será posible rescatar la dimensión pública del Estado o si por el contrario Guatemala seguirá rumbo al ominoso precipicio del Estado fallido.
La misiva revela que muchos han concluido que sin un organismo internacional de la ONU o una decidida intervención de una potencia extranjera, no es posible erradicar del Estado guatemalteco al crimen organizado y a la delincuencia de cuello blanco.
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