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Los secretos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) cuya sigilosa labor permitió la investigación anticorrupción que llevó a la cárcel al expresidente Otto Pérez, es un ejemplo para América Latina, cuyas claves ofrece a Sputnik Nóvosti el jurista Michael Mörth, uno de sus artífices.

El abogado alemán ha vivido en Guatemala durante los últimos 20 años y, como protagonista del organismo creado por un inédito mandato de la ONU desde 2006, describe la construcción del meticuloso andamiaje que permitió a la Justicia guatemalteca el histórico avance del caso, que es –adelanta– solo «la punta del iceberg, porque el país entero es una cloaca de corrupción».

«Cuando concebimos la CICIG, siempre la entendimos como un modelo que se puede expandir en América Latina o países donde no hay Estado de derecho», narra el protagonista del organismo al afirmar que «no tengo ni la menor duda, de que una CICIG sería muy útil en México y Honduras por ejemplo, pero –advierte– es muy difícil hacerlo si la élite política no lo quiere y no apoya».

La CICIG tuvo tres fases, explica: «la primera en la que yo trabajé allí, hizo algunas investigaciones importantes; pero se concentró en crear instrumentos jurídicos útiles para investigar, por ejemplo, escuchas telefónicas por magistrados, porque antes solo había escucha de los servicios secretos».

Mörth revela cómo promovió la introducción de la figura del «Kronzeuge», o testigo protegido, que recibe rebaja de pena y garantías por su seguridad, incluso el anonimato y salida legal del país si sus declaraciones permiten llegar a los más altos responsables.

En esa primera fase, se crearon los Tribunales de Mayor Riesgo donde los jueces con elevadas exigencias tienen mucha protección, explica el experto, quien ahora asesora a víctimas en el proceso por genocidio contra el exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt.

Esas reformas se lograron gracias a que dentro del poder Judicial «hubo miembros que apoyaban con mucho valor y conocimiento al Presidente de la Cámara Penal en la Corte Suprema, Cesar Barrientos».

Las élites y la mafia atacaron sin piedad a Barrientos: «lo amenazaron de tal manera que hace año y medio se suicidó; y echaron del país a la entonces fiscal general, Claudia Paz y Paz, tras una fase de primavera de la justicia, en la cual se logró enjuiciar a Ríos Montt por genocidio».

Esos procesos ejemplares hicieron cerrar las filas a las élites militares, políticas y económicas, cuando se vieron amenazados y decidieron interrumpirlo: «En ese momento, en 2013, la Corte Constitucional decidió anular la condena de Ríos Montt en un fallo que para nosotros es fraudulento», reseña el protagonista del caso.

«En ese entonces, Alejandro Maldonado –actual presidente provisional en reemplazo de Otto Pérez– fue magistrado de esa Corte Constitucional, por eso no tiene ninguna credibilidad para nosotros, hemos acudido ante la Corte Interamericana de DDHH contra ese fallo y esperamos que sea anulado».

Una fase gris

La segunda fase la CICIG «fue más gris, con un nuevo director que no llevó las investigaciones a su fondo para desmantelar a los grupos mafiosos incrustados en el Estado».

Después llegó a encabezar el organismo el exjuez colombiano Iván Velásquez, que venía de encarcelar a decenas de políticos ligados al paramilitarismo, incluido un primo del expresidente Álvaro Uribe.

Pero estaba en marcha la restauración.

En el proceso de nombramiento de los 11 magistrados de la Corte Suprema y 160 más en las Cortes de Apelaciones hubo una severa intervención política en su elección.

«Fue un proceso manipulado por el partido gobernante y sus aliados que auparon como jueces a muchos corruptos o inexpertos», denuncia Mörth.

La Justicia estaba acorralada: «parecía un revés fuerte, con el esfuerzo del Gobierno de echar del país a la CICIG; Otto tenía miedo que al terminar su mandato lo iban a investigar».

La primavera de 2015

Entonces llegó la tercera fase: la primavera de abril de este año desencadenó la situación actual, cuando se publicó el informe sobre la trama corrupta bautizada como «La Línea», comandada por Pérez; y empezaron los arrestos.

Pero tres días después una magistrada conocida Blanca Stalling liberó todos los acusados.

La CICIG documentó llamadas de los abogados de los inculpados con la magistrada, cuya hermana es parte de la clase política.

Así logró que otro tribunal revocara la liberación: «para el público quedó claro que la CICIG había dado en el clavo de una enorme red de mafiosos; entonces la sociedad guatemalteca redescubrió su capacidad de indignarse».
Una CICIG no puede reemplazar la Fiscalía nacional –recuerda–: «Al principio yo estaba a favor de que la CICIG pudiera hacer acusaciones penales, pero mi propuesta perdió –confiesa– y creo, retrospectivamente, que tuvieron razón».

Fuente: [http://mundo.sputniknews.com/americalatina/20150904/1041083270.html]

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