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Recientemente la revista Forbes México publicó el listado de los 12 millonarios más importantes de Centroamérica, entre los que se encuentran cuatro guatemaltecos con empresas líderes en sectores de telecomunicación, finanzas, desarrollo inmobiliario, comercio y alimentación y bebidas.

Más allá del no menospreciable  espíritu emprendedor de estos cuatro guatemaltecos, un repaso rápido a la historia muestra que las grandes fortunas de este país, desde sus orígenes, han contado con los favores de la política fiscal. Además, han gozado de un Estado permisivo tanto ante la explotación del trabajador como medio de competitividad frente al exterior, como en la creación de monopolios u oligopolios dominantes en el mercado local.

En lo fiscal, podemos encontrar el crecimiento de estas fortunas apoyado por la exoneración de impuestos, a la harina (año 1844), al azúcar y al café (1885), a la importación de maquinaria y materia prima para la Cervecería Centroamericana (1881-1895) y a la producción avícola (1959). Por su parte, la monopólica industria cementera también se vio privilegiada fiscalmente con motivo del terremoto de 1976.[1]

En épocas más recientes, por citar algunos ejemplos, el Estado ha permitido exenciones de impuestos a una consolidada empresa de bebidas carbonatadas que se ha beneficiado de la ley de maquila ―cuyo espíritu era la atracción de inversión extranjera y el fomento de industrias nuevas―, mientras el Decreto 19-2013 permite la subfacturación de proyectos inmobiliarios, principalmente de propiedades de lujo. Y, como si fuera poco, ahora el Congreso discute una ley de promoción de inversiones y empleo basada en más exenciones de impuestos que beneficiarán, entre otros, a las empresas de este selecto grupo de millonarios.

En todo caso, vale reconocer que sí hay un pacto fiscal, pero no contiene las aspiraciones de todos los ciudadanos. La injerencia de intereses privados en la política fiscal se ha evidenciado en recientes trabajos de economía política en donde salta a la vista cómo estos millonarios, o sus delegados, participan activamente en la toma de decisiones fiscales. Por ejemplo, el exministro de Finanzas, Juan Alberto Fuentes en su libro Rendición de cuentas (F&G Editores, 2011), relata que en 2008 esta camarilla empresarial determinó que no era momento de hacer una reforma fiscal, la cual hubiese ayudado al Estado a contar con recursos para hacer frente, en lo económico y en lo social, a la entonces inminente crisis económica mundial.

Por su parte, el recien publicado libro de Aaron Schneider, Construcción de Estado y regímenes fiscales en Centroamérica (F&G Editores, 2014), nos confirma cómo Guatemala tiene una élite económica sin visión de sociedad, preocupada más por el saldo de sus cuentas bancarias que por la democracia o el desarrollo. También muestra que la otrora dominante oligarquía agroexportadora ha dado paso a una nueva generación de opulentos capitales desarrollados en mercados dinámicos y transnacionales.

En todo caso, los ciudadanos del mundo entero están exigiendo saber no solo quiénes son sus multimillonarios y qué empresas manejan, sino cuánto están aportando (o no) al bienestar de la sociedad a la que le venden los bienes y servicios que les han enriquecido, y cuánto poder de decisión concentran en sus manos. Otro tema en el debate es el rol que juegan los partidos políticos en la consolidación de estas grandes fortunas y de sus prerrogativas tributarias.

Los guatemaltecos debemos presionar para que estás preguntas tengan respuestas confiables, por medio de la regulación del secreto bancario y del financiamiento de los partidos políticos, así como por normativas que transparenten la forma y los mecanismos con  que se otorgan privilegios fiscales.

[1] Véase SAT(2009). Historia de la tributación en Guatemala. Desde los mayas hasta la actualidad.

Fuente [http://jonathanmenkos.com/]

 

Nota de Narrativa y Ensayo: Aquí encuentras el listado de Forbes México

 

Jonathan Menkos
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