Los crímenes de Degenhart
Virgilio Álvarez Aragón
A partir de la consolidación del capitalismo, las sociedades pasaron a conformar estructuras organizativas de poder conocidas como Estados, que con el paso de los años han evolucionado a lo que hoy conocemos como el Estado democrático o Estado moderno.
Es el Estado el que tiene el monopolio de la fuerza, el único encargado de traducir la denuncia de ciudadanos en acusaciones jurídicas y de juzgarlas. Si lo primero queda en manos del Gobierno, lo otro es responsabilidad de instancias que requieren de absoluta autonomía legal y organizativa para cumplir sus funciones. En nuestro caso, y por suerte, el Ministerio Público no tiene nada que ver con el poder judicial, lo que le permite al ciudadano mayor protección. Al menos teóricamente.
El Estado ejerce la fuerza y el control a través de las instituciones policiales y para nada por el Ejército. Pero las dictaduras militares, que hicieron de los Estados cotos de poder para asesinar y apropiarse indebidamente de los recursos públicos, militarizaron las policías para así concentrar el poder en su beneficio. Es por ello que en Guatemala la reforma policial ha sido una de las grandes tareas incumplidas en estos 20 años que llevamos sin que la disputa política esté marcada por conflictos bélicos. Poco a poco la PNC ha ido profesionalizándose, desmilitarizándose en sus conceptos y prácticas, alejándose de manera lenta pero evidente de prácticas clientelares y corruptas.
Pero, lamentablemente, lo poco que se ha ganado está siendo destruido de manera más que acelerada por el actual ministro de Gobernación. Rotas las líneas de mando, eliminados los procesos formales para la adjudicación de ascensos y estímulos, la PNC se aproxima cada vez más a ese grupo irresponsable y tenebroso que aterrorizó y vejó a la población en los oscuros años de los regímenes militares.
La negativa a brindar soporte policial al Ministerio Público ha sido el último acto de esta serie de ataques al Estado democrático. Es, sin más, romper toda la estructura funcional del Estado guatemalteco. El pedido está justificado por orden de juez competente, la cual, adecuada o no, debe ser cumplida por la institución policial de manera prioritaria, más aún si se trata de una acción considerada de alto riesgo.
El poder ejecutivo y quienes lo ejercen no son el poder absoluto. Comparten responsabilidad con otros poderes y organismos del Estado. Tan delincuente es el ministro de Finanzas que no traslada al IGSS las cuotas relativas a los funcionarios públicos que está obligado a entregar como el de Gobernación que se niega a respaldar las acciones del Ministerio Público en momentos de emergencia, como son entendidas las detenciones de involucrados en denuncias de alto impacto.
El futuro comienza a verse cada vez más siniestro y turbulento, pues, si por un lado vemos al ministro de Gobernación y a los demás miembros del gabinete actuando como un grupo de presión frente a la Corte de Constitucionalidad para revertir un amparo, por el otro vemos a dicho funcionario negando el respaldo obligado a las acciones del Ministerio Público en un momento en el que por ningún lado se vislumbra una crisis que obligue al acantonamiento de todo el contingente policial.
El ministro Degenhart está conduciendo al país a una crisis de gobernabilidad sin precedentes. Convertido más en dictador que en funcionario de un Estado democrático, el exasesor de Álvaro Arzú persiste en diseñar a su alrededor un poder paralelo e ilegal, con lo cual enfrenta a otros poderes y debilita el funcionamiento de las instituciones.
Sus atropellos y gestos autoritarios deben ser detenidos de inmediato. Está en manos del Congreso de la República la posibilidad de su interpelación y pedido de destitución. Al gobierno de Morales le restan aún largos y tortuosos 16 meses, que pueden implicar, si no lo detenemos drásticamente, la destrucción lamentable de la poca institucionalidad que con muchas dificultades hemos construido.
Fuente: [http://plazapublica.com.gt/content/los-crimenes-de-degenhart]
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