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De cómo los “buenos” socavan el Estado de Derecho y la igualdad ante la ley cuando entorpecen con sobornos la impartición de justicia.

Estos días estamos asistiendo a la exposición pública de la corrupción más rampante que se haya visto jamás en este pequeño y violento país. Las élites oligárquicas se han evidenciado como las destructoras de lo poco que se ha podido construir en materia de justicia, mediante su “altruista” cuanto ilícita lucha por salvar de la cárcel a tres de sus integrantes, acusados de cometer ejecuciones extrajudiciales al amparo del gobierno oligárquico de Óscar Berger.

Funcionarios de la Cancillería, la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público y otros han sido sobornados por la élite para librar a sus ángeles exterminadores (y campeones de la limpieza social) del castigo que la ley prevé para los asesinos. A esto se agrega el soborno del ex comisionado de la CICIG, Carlos Castresana, para no incriminar a estos oligarcas, según se infiere de las declaraciones que en impactante entrevista por el Canal 13 de televisión dio la ex fiscal costarricense de esa entidad, Giselle Rivera, a quien debe permitírsele testificar por videoconferencia sobre el caso Parlacén.

Los medios oligárquicos retardaron la cobertura de lo que esta mujer tiene que decir sobre el exterminio de miles de demonios “malos” por parte de tres angelitos “buenos” de la élite económica, pues la ex fiscal tiene en su poder documentos que sustentan la pertinencia de las acusaciones en contra de los mencionados oligarcas, quienes ya sólo pueden salvarse de su condena por medio de gastar un poco de dinero corrompiendo a funcionarios públicos y pisoteando el sistema de justicia al elevar la impunidad a las alturas de “lo justo” y “lo bueno”, y movilizando a la burguesada biempensante de listón y respingo indignado, para la cual la limpieza social es buena porque los libra de la chusma pandillera, integrada por jóvenes a quienes la parasitaria economía oligárquica expulsa del empleo, el salario y el consumo, a la vez que impide que nuevas olas de pequeños, medianos y grandes empresarios los incorporen a la economía de mercado.

Lo rescatable de esta oscura época que vive nuestro pequeño y aturdido país, es que su élite económica se ha revelado como una lumpenoligarquía delincuencial, mercantilista y monopólica, cuya inveterada afición por los escuadrones de la muerte vuelve a evidenciarse en el lema retomado por uno de sus presidenciables: “Dios, Patria, Libertad”, (eslogan del autollamado “partido de la violencia organizada”: el fascista Movimiento de Liberación Nacional), y cuya voceada adhesión al principio de igualdad ante la ley se ve negada por su práctica de la impunidad cuando soborna al Estado entero para librar de la cárcel a sus matones; a los cuales, dicho sea de paso, se les debe aplicar el mismo rasero que a Portillo y otros clasemedieros corruptos.

La campaña de listones y sobornos a favor de la impunidad y contra el Estado de Derecho que observamos, se debe a que la justicia amenaza con llegar a peces más gordos que, como Dionisio Gutiérrez, emigran alegando amenazas contra su vida; como si alguien ajeno a su entorno pudiera eliminarlos; o bien perpetrar ejecuciones extrajudiciales como parte de una limpieza social planteada como “solución” al problema de la violencia y la pobreza; una “solución” que oculta las causas estructurales de aquéllas, las cuales surgen de los intereses y las prácticas monopólicas y mercantilistas de la oligarquía: esas que impiden que haya cada vez más (y no menos) ricos, y menos (y no más) pobres.

¡Esta oligarquía no debe ganar las elecciones!

Autor: Mario Roberto Morales

Mario Roberto Morales
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