La situación de los derechos humanos en Guatemala. Dora Ruth del Valle Cóbar.

La situación de los derechos humanos en Guatemala

MSc. Dora Ruth del Valle Cóbar[1]
Cursante del Doctorado en
Ciencias Sociales / USAC

Resumen

La autora ofrece una visión de conjunto y rápida sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala, empezando por recordar su deteriorada condición antes de la firma de los acuerdos de paz de 1996 (los cuales permitirían no solamente silenciar las armas, sino también el desarrollo de un régimen democrático que aseguraría los derechos humanos a todas las personas y les garantizaría una amplia participación en la vida nacional) y reconociendo los avances alcanzados desde entonces. No obstante, hace énfasis en las omisiones en que incurre el Estado guatemalteco para asegurar el goce de los derechos fundamentales, particularmente los económicos, sociales, culturales y ambientales. Prevalece la desigualdad y la exclusión, así como la discriminación contra determinados grupos sociales; se ha desarrollado un contexto de corrupción, violencia delincuencial e incremento del poder de grupos organizados que, incluso, han permeado las estructuras del Estado. Hay muchos retos en materia de derechos humanos para Guatemala y la única forma alcanzar su goce es trabajando todos y todas juntos, con una visión incluyente para acabar con el racismo, el sexismo, el colonialismo, la discriminación, la exclusión y la desigualdad.

Palabras clave

Derechos humanos, Acuerdos de Paz, democracia, grupos sociales vulnerables, discriminación, justicia, seguridad.

Abstract

Keywords

 

Introducción

A finales de julio e inicios de agosto de 2017 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó lo que llaman visita in loco a Guatemala, con la finalidad de verificar la situación de derechos humanos, derivado fundamentalmente de que el país fue incluido en el capítulo 4.B de los informes de dicha Comisión; esto significa que la CIDH expresó al Estado guatemalteco su preocupación por las denuncias recibidas donde se alegaban violaciones a derechos humanos, y el Estado no respondió; después le solicitó que la invitara a visitar el país y tampoco se concretó. Frente a esa falta de atención y diligencia estatal, la CIDH realizó el informe de país Situación de derechos humanos en Guatemala, elaborado a finales de 2015 y publicado en 2016; ese informe puede ser encontrado en el sitio http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Guatemala2016.pdf.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como otros mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, e instancias nacionales, como la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), han señalado constantemente las violaciones a derechos humanos y las debilidades institucionales para cumplir con el deber de garantía del Estado.

Los Estados, como sujetos de obligaciones en materia de derechos humanos, tienen el deber de respetarlos, hacer que se cumplan, proteger a las personas de que terceros no los violen y, en caso eso suceda, remediar las situaciones y castigar a los responsables.

Para cumplir su deber de garantía, los Estados incorporan en el cuerpo normativo nacional las leyes, políticas y normas correspondientes y adecuadas. Asimismo, tienen que ofrecer a la ciudadanía las herramientas y mecanismos para poder reclamar sus derechos.

La firma de los Acuerdos de Paz significó un esfuerzo nacional por lograr un pacto político que pusiera fin al enfrentamiento armado, pero también que ofreciera vías para solucionar los problemas estructurales del país, mismos que fueron la esencia de las causas del conflicto armado. Supuestamente, se desarrollaría un régimen democrático que aseguraría los derechos humanos a todas las personas y les garantizaría una amplia participación en la vida nacional.

Veinte años después debemos reconocer que las causas que provocaron el conflicto continúan presentes en la sociedad y que el pacto firmado con los Acuerdos de Paz está lejos de ser una realidad concreta, aunque deban reconocerse avances en materia de lucha contra la impunidad y la corrupción, especialmente con la presencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Sin embargo, es evidente la falta de avances en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; asimismo, los avances en materia de seguridad son más bien formales y bastante aislados; asimismo, esfuerzos como la creación de la Policía Nacional Civil y la reducción del Ejército, no han llevado al cambio en la doctrina del último, ni a garantizar un enfoque de seguridad democrática.

Algunos avances aparecen en una exhaustiva revisión: reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado en materia de derechos humanos, creación de una política pública y un programa de resarcimiento para las víctimas del conflicto, creación de alguna institucionalidad, como la Secretaría de la Paz, la el Consejo Nacional para el Seguimiento de los Acuerdos de Paz, la Secretaría de la Mujer, la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo, la Defensoría de la Mujer Indígena, entre otras.

Asimismo, destaca la instalación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y, más recientemente, la ya mencionada CICIG. La CIDH (2015: 32) instó al país a retomar la agenda de los Acuerdos de Paz, con la convicción de que son una oportunidad de cambio profundo para Guatemala.

…esfuerzos como la creación de la Policía Nacional Civil y la reducción del Ejército, no han llevado al cambio en la doctrina del último, ni a garantizar un enfoque de seguridad democrática.

La herencia del conflicto armado

A partir de la invasión militar que terminó con el derrocamiento del gobierno democrático de Jacobo Árbenz Guzmán, Guatemala tuvo durante cuatro décadas gobiernos autoritarios que violaban los derechos humanos, no garantizaron que otras personas los respetaran y no generaron políticas sociales que aseguraran el desarrollo de las grandes mayorías. Los derechos a la vida, la integridad, la seguridad, la justicia, la libertad de expresión, la participación, la asociación y sindicalización, entre otros, fueron violentados directamente con políticas represivas, detenciones ilegales, secuestros, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, tortura, masacres/tierra arrasada, desplazamiento forzado y, como lo señaló la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (1999: 48), genocidio.

Según señala Marta Elena Casaús Arzú el genocidio fue la máxima expresión del racismo en Guatemala, un racismo de Estado cuyo objetivo era “la consolidación del Estado autoritario y el reforzamiento de la dominación militar oligárquica a partir de 1963, pero sobre todo de finales de la década de 1970 a mediados de la de 1980” (Casaús, 2008: 18); cuando “el racismo operó como ideología de Estado, porque proporcionó una estrategia política para la acción” (Casaús, 2008: 19).

De esta cuenta es fácil inferir que los grupos sociales cuyos derechos fueron más violentados son aquellos que, por distintas razones, se encuentran en condiciones de vulnerabilidad: los pueblos indígenas, las mujeres, la niñez y adolescencia, las personas con discapacidad, las personas mayores, fundamentalmente.

El conflicto armado dejó una herencia nefasta para el país, no solo por el costo en vidas humanas, sino por el debilitamiento de las instituciones. Es de recordar que en ese tiempo no funcionaba un habeas corpus, que las personas detenidas podían ser víctimas de tortura y ejecución extrajudicial o quedar “desaparecidas” por siempre. El terror se utilizó para ejemplificar lo que podía suceder a otras personas; por eso aparecían los cadáveres desfigurados por la tortura.

El cierre de espacios políticos impidió desarrollar una cultura de participación democrática, así como fortalecer las organizaciones sociales (sindicatos, organizaciones populares, asociaciones gremiales, etc.). Pensar diferente, oponerse a las políticas gubernamentales militares era casi sellar un destino. La CIDH le ha dado seguimiento a la situación de derechos humanos en el país desde sus inicios; en su primer Informe sobre Guatemala, la CIDH (1981) ya hablaba de un “Estado de terror”, lo que fue ratificado en su Informe sobre Guatemala de 1985.

Como decíamos, las causas que dieron origen al conflicto armado no han desaparecido. Prevalece la desigualdad y la exclusión, así como la discriminación contra determinados grupos sociales; se ha desarrollado un contexto de corrupción, violencia delincuencial e incremento del poder de grupos organizados que, incluso, han permeado las estructuras del Estado.

Por otro lado, el conflicto también nos dejó como herencia el miedo, la desesperanza y la anomia contra la que luchamos todos los días, incluyendo los duelos alterados por no haber podido enterrar los restos de familiares, así como la desconfianza en los vecinos. Muchas personas sienten que los Acuerdos de Paz no han cambiado estructuralmente la situación que se ha vivido; las organizaciones fueron reprimidas, diezmadas, estigmatizadas, y no hemos logrado recuperar el espíritu colectivo de luchar para cambiar las cosas.

Las movilizaciones que iniciaron en abril de 2015, terminaron después que el expresidente fuera desaforado por el Congreso de la República, y posiblemente “nos conformamos” con ello, porque los desmanes del funcionariado continúan visibles, pero la ciudadanía no ha vuelto a “las plazas”.

Según señala Marta Elena Casaús Arzú el genocidio fue la máxima expresión del racismo en Guatemala…

Las actuales violaciones a derechos humanos

Hablar de las actuales violaciones a derechos humanos en Guatemala parece una necedad. Sin embargo, es necesario visibilizar las situaciones que siguen vulnerando la dignidad humana, no solo en el nivel político, sino también en lo económico y social.

Es ampliamente conocida la diversidad étnica y cultural del país, en el cual conviven varios pueblos; pero como no se realiza un censo desde 2002, habrá que esperar los resultados del que se hará próximamente para conocer qué porcentajes de población tenemos en todo nivel. Cabe decir que una de las grandes dificultades para la elaboración de políticas públicas es que el país no cuente con datos actualizados y desglosados en los distintos elementos, necesarios para construir un enfoque de derechos humanos en los abordajes.

Tanto la CIDH como el Comité contra la Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas, han señalado permanentemente su preocupación por el racismo y discriminación estructurales que se reflejan en todos los ámbitos de vida.

Esa discriminación histórica de los pueblos indígenas se expresa en la falta de respeto y vigencia de sus derechos humanos, incluyendo la exclusión social (falta de acceso a la tierra, a servicios básicos, a la economía formal, a la participación en la toma de decisiones, a salud, a educación –en su idioma–, a alimentación, entre otros).

De esa cuenta, podemos ver que alrededor del 46.5%[2] de niñez menor de 5 años padece desnutrición crónica, de los cuales al menos el 80% son indígenas, según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés).

Los principales desafíos en materia de derechos humanos

Las violaciones a los derechos humanos que constató la CIDH están relacionadas con la economía basada en “la concentración de poder económico en pocas manos” (CIDH, 2017: 2) que se combina con instituciones estatales débiles afectadas, por la corrupción. En su reciente visita, la CIDH pudo entrevistar tanto a funcionarios y funcionarias públicas, como a personas de la sociedad civil. Hablar de las actuales violaciones a los derechos humanos sería matera de un tratado. Por ello destacamos algunos elementos que nos parecen pertinentes.

En materia de justicia e impunidad, hemos tenido algunos avances en procesos penales contra funcionarios corruptos, aunque hay una larga lista de personas con orden de captura que aún no han sido detenidas. Sin embargo, también sigue presente el abuso del mecanismo de amparo para dilatar los procesos. Asimismo el control de las personas privadas de libertad sobre los centros carcelarios que, de más está señalar, continúan colapsados por el excesivo uso de la prisión preventiva, el hacinamiento y las condiciones insalubres e inhumanas en las que viven. El sistema penitenciario guatemalteco no aplica un enfoque de reinserción para la población, por lo que no está cumpliendo con su cometido.

Otro elemento contrario al espíritu de los derechos humanos son las presiones que sufren los operadores de justicia, especialmente fiscales, jueces y magistrados que llevan casos de alto impacto, presiones que atentan contra la independencia judicial. Esto se agrava con una insuficiente asignación presupuestaria para el sector justicia, al grado que el Ministerio Público ni siquiera tiene fiscalías en todos los departamentos (mucho menos en los municipios); y el Instituto de la Defensa Pública Penal recibe más responsabilidades legales, pero no mayor presupuesto[3].

El sistema de justicia para adolescentes en conflicto con la ley penal se encuentra en las mismas condiciones que el sistema penitenciario para personas adultas: hacinamiento, condiciones infrahumanas de vida, carencia de programas de reinserción social, etc.

A pesar de que vivimos cotidianamente el fracaso del trabajo de las Comisiones de Postulación, pareciera que no ha quedado claro que necesitamos reformas profundas al sector justicia, y eso significa hacer reformas constitucionales, como las que presentó la alianza establecida entre la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Ministerio Público y la CICIG (con el acompañamiento de OACNUDH) y que, como muchas cosas, se ha quedado engavetada en el Congreso.

Por otra parte, aún estamos en deuda con procesos judiciales para determinadas poblaciones, por ejemplo las víctimas de violaciones a derechos humanos cometidos durante el conflicto armado; esto se complica con la falta de acceso a la información, pues el Ministerio de la Defensa continúa sin facilitar la información sobre los hechos ocurridos durante esa época.

Las políticas de resarcimiento para las víctimas han sido estancadas desde hace unos años, y lo poco que se ha realizado riñe con los estándares internacionales en la materia, pues no es un resarcimiento integral. En su reciente visita, la CIDH constató la disminución del presupuesto del Programa Nacional de Resarcimiento, pero también la falta de ejecución presupuestaria, por negligencia de sus autoridades.

Los pueblos indígenas continúan estando al margen del sistema de justicia; aunque nos reconocemos como un país multiétnico y pluricultural, el derecho indígena sigue siendo bloqueado, aun cuando facilita procesos reparadores y restitutivos de derechos. A quienes defienden las tierras que sus ancestros tenían cuando llegaron las culturas colonialistas, a quienes defienden el territorio cuyos bienes naturales están en riesgo por la industrialización y la globalización, se les criminaliza en vez de que el Estado les proteja.

Ejemplos aberrantes hay muchos, pero podemos mencionar el desalojo de población indígena en Petén (Laguna Larga) por la declaración de una zona núcleo de área protegida sin que el Estado haya tomado las medidas correspondientes para garantizar la vida, la seguridad y el desarrollo de las personas desalojadas (y sin haber adecuado la Ley de Áreas Protegidas a los estándares internacionales en materia de derechos humanos).

Continúan los ataques contra personas que se oponen a la operación de minería contaminante de metales a cielo abierto, hidroeléctricas que afectan la biodiversidad de los ríos y limitan el acceso al agua a las poblaciones; desvío de ríos y despojo de tierras por parte de grandes empresas fundamentalmente de monocultivos, entre otros casos.

Las personas que defienden derechos humanos, incluidos periodistas y comunicadores sociales, sindicalistas, operadores de justicia, son un pilar para la construcción de la paz y la democracia, pero son vistos como amenaza; son llamados terroristas, comunistas, etc., y se utiliza no solo la presión, amenaza, agresiones, e incluso la muerte; sino se ha hecho uso del derecho penal en su contra. La información que defensores y defensoras de derechos humanos dieron a la CIDH indica que “gran parte de las intimidaciones y amenazas estarían vinculadas con grupos de poder económico con intereses puestos en sentido contrario a las causas que defienden, o por estructuras vinculadas a fuerzas de seguridad que operaron durante el conflicto armado” (CIDH, 2017: 5).

Las mujeres hemos ganado una Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, así como órganos jurisdiccionales especializados, pero no es suficiente la atención integral (psicológica, económica, etc.); la violencia continúa teniendo altos índices y se combina con mayor saña (mutilaciones asfixia, desmembramiento); las cifras del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) establecen que en el primer semestre de 2016 hubo 374 muertes violentas de mujeres, en tanto que en el mismo período para 2017 fueron 431.

La violencia sexual sigue prevaleciendo por encima de las otras formas de violencia denunciada por las mujeres de diversas edades. Además, las mujeres víctimas de discriminación encuentran numerosos obstáculos para perseguir justicia, no solo por el sistema patriarcal sino también por el arraigado racismo en el Estado y la sociedad.

Por otro lado, los derechos sexuales y los derechos reproductivos siguen siendo una materia ausente en las políticas educativas y en las políticas para las mujeres, la población LGBTI, la juventud, por ejemplo. La mortalidad materno-infantil continúa teniendo índices vergonzosos para el país; no es solo derivada de la desnutrición, sino de la deficiente atención en salud, falta de vacunas, y condiciones de vida de las familias, así como la falta de educación y empleo o la carencia de tierras para cultivar y producir sus alimentos.

En materia de justicia por trata de personas, las cifras son terribles. De los 7,845 casos denunciados en 2015 y los 7,949 en 2016, apenas el 1% ha recibido sentencia en los tribunales (y no necesariamente significa que fue sentencia condenatoria contra los tratantes).

Otro ejemplo en esta misma temática lo constituye la denuncia presentada por la PDH ante el Ministerio Público por la posible existencia de una red de trata de personas en el Hogar Virgen de la Asunción, dedicado a la protección de niñas y niños; la denuncia continúa “en investigación”, lo que mantiene en la impunidad varios casos.

Y por hablar de la protección para la niñez en condiciones de vulnerabilidad es importante señalar la ausencia de un verdadero sistema de protección integral a la niñez, que se expresa en las graves deficiencias de los hogares de protección, las debilidades en los procesos de adopciones y la atención a la niñez con discapacidad.

No podemos hablar de desarrollo pleno si no se realizan los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para todas y todos. Y eso aún es materia pendiente en Guatemala. Sobresalen la baja cobertura escolar (mucho menor en mujeres), los altos índices de deserción escolar, la persistencia de analfabetismo (especialmente en el área rural); a pesar que las mujeres constituimos más de la mitad de la población, las mujeres siguen teniendo menos acceso a los servicios.

Lo mismo pasa con la salud, que todos sabemos ha colapsado hace años y no logramos revitalizarla, ni garantizar que todas las personas tengan acceso a ella; incluso en los casos en que median órdenes judiciales para ser atendidos. Y no se trata solo del “robo hormiga”, sino de años de acumulación de malas prácticas y corrupción al interior del sistema.

Esto se combina con el racismo estructural que no ha permitido que la medicina tradicional de los pueblos indígenas sea reconocida y apoyada por las autoridades; las comadronas de los cuatro pueblos hoy cuentan con una normativa que las “protege”, pero en la práctica no se facilita ni se fortalece el importante trabajo que realizan en sus comunidades. Ni qué decir del gobierno (corrupto del Partido Patriota) que mandó cerrar el Programa de Extensión de Cobertura (PEC) porque lo operaban organizaciones no gubernamentales y “había corrupción”, sin haber implementado los mecanismos para que las personas de las más recónditas comunidades del país tuvieran acceso a la atención en salud que llevaba el PEC.

Es evidente que hay muchos retos en materia de derechos humanos para Guatemala; la única forma en que vamos a lograr desarrollarlos es trabajando todos y todas juntos, con una visión incluyente para que podamos acabar con el racismo, el sexismo, el colonialismo, la discriminación, la exclusión y la desigualdad que, durante años, nos han estado consumiendo y no han permitido la construcción de una Guatemala democrática e igualitaria.

Referencias bibliográficas

Casaús Arzú, Marta Elena (2008). Genocidio: ¿La máxima expresión del racismo en Guatemala? Cuadernos del Presente Imperfecto, No. 4. Guatemala: F&G Editores.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1981) Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en la República de Guatemala. Washington: CIDH. Accesible en: http://www.cidh.org/countryrep/Guatemala81sp/indice.htm.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1985) Tercer Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en la República de Guatemala. Washington: CIDH. Accesible en: http://www.cidh.org/countryrep/Guatemala85sp/indice.htm.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2015) Situación de Derechos Humanos en Guatemala: Diversidad, desigualdad y exclusión. Washington: CIDH. Accesible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Guatemala2016.pdf.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2017) Observaciones preliminares de la Visita in loco de la CIDH a Guatemala. Washington: CIDH En: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/114A.asp

Comisión para el Esclarecimiento Histórico (1999) Guatemala, Memoria del Silencio. Conclusiones y Recomendaciones. Guatemala: CEH / Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS). Accesible en

http://www.undp.org/content/dam/guatemala/docs/publications/UNDP_gt_PrevyRecu_MemoriadelSilencio.pdf

Procurador de los Derechos Humanos (2016) A 20 años de los Acuerdos de Paz. Guatemala: PDH.

[1] Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e incorporada a la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC); MSc en Ciencias Políticas por la Universidade de Brasília y MSc en Psicología Social y violencia política por la Escuela de Psicología de la USAC. Estudios Investigadora social en temas de derechos humanos, memoria histórica, feminismos, entre otros. Feminista y defensora de derechos humanos desde espacios de organizaciones sociales, instituciones de gobierno (Comisión Presidencial de Derechos Humanos) y estatales (Procuraduría de los Derechos Humanos).

[2] Declaraciones de German González, Secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional, al diario Prensa Libre, 14.01.2017. disponible en: http://www.prensalibre.com/guatemala/huehuetenango/el-80-de-nios-del-area-rural-esta-desnutrido.

[3] Tal el caso de la responsabilidad que establece la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, para que el IDPP brinde asesoría jurídica a mujeres demandantes por femicidio.

 

Fuente: [http://ipn.usac.edu.gt/wp-content/uploads/2017/08/IPN-RD-124.pdf]

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