La oportunidad perdida o 20 años después
Edgar Celada Q.
eceladaq@gmail.com
Mañana, jueves 29 de diciembre, se cumplen dos décadas desde la suscripción del Acuerdo de Paz Firme y Duradera.
Son veinte años de una oportunidad que se dejó pasar, para llegar, en muchos sentidos, a situaciones en las que prácticamente se debe empezar de nuevo.
Es erróneo, por nihilista y ahistórico, sostener que con los acuerdos de paz nada cambió en Guatemala. Pero es igualmente desencaminado convertir la fecha en tótem al cual se debe quemar incienso, ignorando que el programa de transformaciones sustantivas sigue, básicamente, sin cumplirse.
En noviembre de 1960, mes y año en que se marca el inicio de la guerra interna, Guatemala tenía una población de 4 millones 100 mil personas; en diciembre de 1996, éramos 10 millones 500 mil habitantes; y ahora, según el reloj demográfico de la ONU, somos 16 millones 847 mil guatemaltecas y guatemaltecos.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, quienes nacieron en torno al año de la firma de los acuerdos de paz, o entonces eran niñas, niños o adolescentes, suman 4 millones 59 mil personas (los mayores de este grupo tienen hoy 34 años de edad). A ellos se agregan 8 millones 282 mil 269 habitantes nacidos DESPUÉS del 29 de diciembre de 1996.
Es decir, 12 millones 342 mil de personas, equivalentes a tres cuartas partes de la población actual, nacieron, crecieron o se hicieron adultos después de ese año. ¿Cuáles fueron, para ellos, los “dividendos” del presunto advenimiento de la paz?
El adjetivo “presunto” no es gratuito. En estos 20 años (incluyendo el que estamos finalizando) murieron en forma violenta unas 95 mil personas, para un promedio poco estimulante de 4 mil 750 homicidios por año. Para estos habitantes lo único real fue la paz de los cementerios.
Y si vamos a otros indicadores, el resultado no es menos desalentador. Por ejemplo, en el Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria (ASESA) se establece como supuesto básico que “la elevación del nivel de vida, la salud de sus habitantes y la educación y capacitación constituyen las premisas para acceder al desarrollo sustentable en Guatemala”.
Sin embargo, en el Informe final de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (Segeplan, 2015) se reconoce oficialmente “la involución” observada en las metas de reducción de la pobreza: de una incidencia de 15.7 por ciento de la extrema pobreza en el año 2000, pasamos a 23.4 por ciento en 2014.
Dice Segeplan: “Aproximadamente cuatro de cada diez personas que viven en el área rural o pertenecen a los grupos indígenas se encuentran en condición de pobreza extrema”, pese a que en el ASESA se dijo que “la política económica debe orientarse a impedir que se produzcan procesos de exclusión socioeconómica, tales como el desempleo y el empobrecimiento”.
Solamente en el ASESA, se identifican 95 compromisos que aún deben cumplirse. Es una agenda nacional de desarrollo socioeconómico, a espera de que alguien la abandere.
En estos 20 años (incluyendo el que estamos finalizando) murieron en forma violenta unas 95 mil personas, para un promedio poco estimulante de 4 mil 750 homicidios por año. Para estos habitantes lo único real fue la paz de los cementerios.
Fuente: [www.s21.gt]
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