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La hegemonía del interés general

Un sistema colapsado y un nuevo orden social.

Mario Roberto Morales

Los oligarcas de mi país pusieron a un militar contrainsurgente en la Presidencia para que reprimiera las protestas populares que su caduco sistema de dominación provoca. Este sistema se basa en la captación de las remesas de los emigrantes, la baja productividad y el desempleo progresivo, la evasión de impuestos de las corporaciones monopólicas, la imposición de políticas privatizadoras de lo público (para facilitar el ingreso indiscriminado del capital corporativo transnacional con sus empresas de extracción de minerales estratégicos), la ampliación de la frontera agrícola de los agrocombustibles, la prohibición de la agricultura de subsistencia y la imposición de semillas transgénicas.

El envenenamiento del hábitat de las comunidades cercanas a las minas, las hidroeléctricas y las cementeras, ha provocado una intensificación de la organización popular y de la protesta social, a lo cual el Gobierno castrense responde con la militarización de la política de seguridad interna y la represión contra las comunidades en resistencia.

Además, el Gobierno —el más corrupto de los que han seguido a la firma de la paz— no les paga sus salarios a amplios sectores del servicio público, como a los de salud y educación, entre otros. Por ejemplo, los empleados de Conalfa no reciben sueldos desde hace varios meses y, sospechosamente, su sindicato no canaliza la protesta que le exigen sus afiliados. El Gobierno usa estas medidas de asfixia salarial para forzar al Congreso a aprobar la emisión de bonos del Estado y el trámite de más préstamos que les permitan al Presidente, la Vicepresidenta y sus allegados mantener un estilo de vida vulgarmente ostentoso, comparable sólo con el de los reyezuelos africanos de los diamantes de sangre.

Por su parte, la oligarquía y sus cámaras empresariales, así como su estridente batería de periodistas neoliberales, criminalizan la justa protesta de las comunidades que luchan en contra del envenenamiento de su entorno vital, por el pago de sus salarios y por el derecho a sembrar sus parcelas con granos básicos sin que los hacendados los obliguen a cultivar palma africana o caña de azúcar para su exportación en calidad de combustibles.

Al mismo tiempo, la institucionalidad democrática del país se cae a pedazos gracias a la escandalosa corrupción que en el sistema de justicia propicia la oligarquía y su ala paramilitar de extrema derecha fascista, para que no se siga enjuiciando a militares contrainsurgentes por crímenes de lesa humanidad, sobre todo porque en 2015 se reanudará el juicio contra el genocida Efraín Ríos Montt, se empezará a deducir responsabilidades por estos crímenes a los empresarios que auspiciaron las masacres de población civil desarmada y se enjuiciará a los militares subalternos que ejecutaron las órdenes de “quitarle el agua al pez” durante el conflicto armado.

La criminalización de la protesta social y las consiguientes masacres del Ejército en las comunidades que resisten a las mineras, las hidroeléctricas, las cementeras, los agronegocios y, en general, al modelo de “desarrollo” oligárquico, son también crímenes de lesa humanidad y sus perpetradores deberán atenerse a las consecuencias jurídicas de sus actos.

El modelo de dominación oligárquico-militar-neoliberal ha colapsado. Un nuevo orden político basado en la ley según la hegemonía del interés general (y no del elitista) urge también en mi país.

Mario Roberto Morales
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