La eliminación de Amílcar Pop
Es la “estrategia legal” de la elite económica que busca a través de sus operadores políticos que posee en el Ministerio Público y en la Corte Suprema de Justicia, quitarlo del camino.
Irmalicia Velásquez Nimatuj
El proceso en contra del diputado Amílcar Pop, para despojarlo de su inmunidad y llevarlo a los tribunales que pretenden juzgarlo por haber impedido la captura de los señores Lionzo Raxón y Andrés Patzán, es la “estrategia legal” de la elite económica que busca a través de sus operadores políticos que posee en el Ministerio Público y en la Corte Suprema de Justicia, quitarlo del camino, por ser un abogado q’eqchi’ que ha realizado un trabajo de defensa y acompañamiento de las demandas de las poblaciones indígenas que lo llevaron a obtener la reelección por el partido político Winaq, del cual también es fundador.
Es interesante leer la prensa y encontrar cómo oscurecen la historia detrás de los dos miembros de la resistencia kaqchikel, del municipio de San Juan Sacatepéquez que pretendían ser detenidos bajándolos del bus en que se transportaban con sus familias e iban de regreso a su comunidad luego de participar en una de las más grandes manifestaciones que demandaban la renuncia del expresidente Otto Pérez Molina en junio del 2015.
Dos puntos quiero mencionar, es claro que los señores Raxón y Patzán, así como sus acompañantes, eran vigilados, por miembros de sus propias comunidades que pudieran estar pagados por una fundación que se dedica a perseguir a personas que considera sus enemigos políticos o por los propietarios de la empresa con la que la mayoría de las comunidades han tenido que enfrentarse por la destrucción de su territorio. Y el otro punto que esconden es que estos líderes son parte de la masiva resistencia familiar en contra de la única empresa cementera que en Guatemala ha destruido esa región al imponer una fábrica de cemento que las comunidades no quieren.
Esta empresa cementera cargará en su historia haber violentado la vida natural y social de San Juan Sacatepéquez y también lo esta haciendo en otros lugares como Tierra Alta Colorada en Quetzaltenago, en donde desde la ciudad se evidencian los delitos ecológicos que comete, sin embargo, al ser una de las ocho corporaciones familiares que controlan Guatemala posee todo el dinero para comprar al Ejecutivo, Legislativo y no digamos al sistema Judicial.
Fuente: [www.elperiodico.com.gt]
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Profesora visitante Departamento de Antropología en la Universidad de Oregon.
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