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Irmalicia Velásquez Nimatuj

Vergonzoso e impune es el rol que la Corte Suprema de Justicia, CSJ, desempeña en un país miserable como Guatemala, por la manera en que los funcionarios han desmantelado el Estado, sus instituciones y han debilitado a la agónica democracia. Con sus acciones, que recientemente involucraron retirar la inmunidad al diputado Aldo Dávila, los jueces están retorciendo la justicia a favor de las elites nacionales e internacionales que avanzan en la toma del poder institucional, para así poder controlar los territorios y someter directa e indirectamente a sus habitantes. 

La voz y el uso que el diputado Ávila le ha impregnado al cargo que ostenta es lo que en el fondo enriquece cualquier sistema que se denominé “democrático”. Y al buscar callarlo, la CSJ demuestra que en Guatemala la inmunidad funciona para promover la impunidad y la corrupción, así como proteger a los amigos y jefes para que libremente continúen con el saqueo de los bienes nacionales.

Este es el tercer antejuicio que se promueve contra el diputado Ávila, a quién se acusa, según el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Delitos Administrativos de supuestamente haber “violado los derechos humanos de un agente de la PNC” (La Hora 10.11.2021) en el marco de las protestas de 2020.  Esta resolución de la CSJ evidencia su sesgo porque al mismo tiempo que penaliza al diputado Ávila, también se dedica a resguardar a una larga lista de diputados y funcionarios que son amigos, aliados, protegidos o peleles, quienes han sido acusados, con investigaciones y pruebas, de cometer múltiples ilícitos en contra del mismo estado. Siendo uno de los casos paradigmáticos el del diputado Felipe Alejos Lorenzana, acusado de corrupción, asociación ilícita y cohecho activo, obstrucción de la justicia, recepción de comisiones ilícitas y una larga lista de delitos. No obstante, durante las cuatro ocasiones en que se ha solicitado a la CSJ el retiro de su inmunidad para que sea juzgado, la CSJ lo ha blindado a pesar de que Alejos y su familia han sido incluidos en la lista Engel de los EE.UU..

La CSJ opera a favor de las y los delincuentes de cuello blanco porque todos son piezas del mismo cartel delincuencial, mientras usa el mismo aparato de justicia para acallar a quienes le son incómodos, rebeldes o usan su curul para auditar a funcionarios del Estado sobre sus actos y los presupuestos, incluyendo al mismo presidente de la república.  El papel pesquisidor y de rendición de cuentas que el diputado Aldo a ejercido al trasladar a la población cómo se negocian las acciones entre el “pacto de corruptos” es la factura que ahora le están cobrando. Nada extraño en la actual CSJ que responde a intereses históricos, económicos y políticos afines.

Esta resolución de la CSJ evidencia su sesgo porque al mismo tiempo que penaliza al diputado Ávila, también se dedica a resguardar a una larga lista de diputados y funcionarios que son amigos, aliados, protegidos o peleles, quienes han sido acusados, con investigaciones y pruebas, de cometer múltiples ilícitos en contra del mismo estado.

Fuente: [elperiodico.com.gt]

Narrativa y Ensayo publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes

Irma Alicia Velásquez Nimatuj
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