La corrupta exoneración a los 219
Dentro del lujo de opacidad que ha sido su gobierno, Jimmy Morales decidió, antes de salir de vacaciones a Israel, echar mano de sus más ilegítimos poderes constitucionales para liberar de multas fiscales a 219 de sus amiguetes.
Virgilio Álvarez Aragón
No pueden ser calificados de otra manera esos desconocidos deudores del fisco que, haciendo uso de ese oscuro y deshonesto procedimiento, consiguieron lo que miles de otros ciudadanos no lograron. Es ilegítimo porque no trata a todos los ciudadanos en igualdad de condiciones. Es ilegítimo porque el procedimiento no es transparente, lo que permite suponer que se favorece a amigos de parientes, lo que se tipificaría como tráfico de influencias. Porque permite suponer que se privilegió a quienes luego pueden dar regalos costosos al presidente o a sus familiares o aportar recursos a oscuras empresas de cartón que, pasados los años, resulten produciendo beneficios al ahora presidente y a su familia.
Morales ha decidido decirnos que hay dos tipos de contribuyentes: los que no somos sus amigos y debemos pagar puntualmente nuestros impuestos y los que, siendo sus amigos, dueños de influencias palaciegas, pueden conseguir el perdón de multas e impuestos incalculables, pues, como todo lo que es corrupto, se maneja en secreto, entre amigos, usando todo artificio legal para evitar que se transparente la información.
Que la Constitución lo permita, como una muestra más de las deficiencias constitucionales que los redactores de ese instrumento legal dejaron para proteger a sus amigos y parientes, no significa que un gobernante que tenga el mínimo de honestidad haga uso de ese artificio legal para quedar bien con sus amiguetes. Y tenemos que llamarlos así porque lo secreto del procedimiento los convierte en tales. Y esto es tan corrupto como ponerse entre la bolsa cien, mil o un millón de quetzales. Porque corrupción no es solo el robo descarado, sino todos aquellos actos gubernamentales que descomponen, depravan, alteran la estricta práctica política de cara al ciudadano.
Con su irresponsable comportamiento, Morales Cabrera viene a confirmarnos que la corrupción en el país no es circunstancial, sino estructural, que está inserta en todas las prácticas sociales y políticas de los guatemaltecos. Jimmy Morales nos muestra, con su insistencia por la opacidad y el amiguismo, que no tiene el más mínimo interés por que esto cambie, que él, a pesar de sus palabras y sus poses, está no solo interesado, sino, lo que es peor, comprometido hasta la médula con esas prácticas corruptas. Con este comportamiento nos dice que él y sus allegados son parte de lo que día a día destruye al país.
El presidente actúa de esa manera irresponsable e ilegítima porque supone que la mayoría de sus electores, a pesar de lo que se dice en las redes sociales y en algunos medios, comparten con él ese interés por la opacidad y el amiguismo. Él y su séquito han hecho de todo, y la sociedad, a pesar de expresar alguna molestia, ha carecido de los liderazgos necesarios que la convoquen a expresar su descontento de manera firme. Esto confirma que aquellos que controlaron el volumen y el ritmo de las movilizaciones de 2015 no solo mantienen el control de la vida política y social guatemalteca, sino que, sobre todo, son los directos beneficiarios de estos comportamientos corruptos.
Este acto corrupto nos demuestra que aquellos que dicen colaborar con el gobierno de Morales para llevar adelante sus supuestas agendas de desarrollo social son tan corruptos como él, ya que aceptan convivir con quien lo practica.
¿Quiénes son esos 219 ciudadanos que tienen el privilegio de evadir sus multas? Es algo que por lo visto no preocupa a la cúpula empresarial, como tampoco a la corporación de políticos tradicionales que están por tomar el control del Congreso de la República. Si listos están unos para presionar clandestinamente con el objetivo de obtener beneficios mejores o semejantes, los otros se aprestan a manipular el Congreso y comenzar a llenar sus alforjas con el chantaje a quienes en los años siguientes quieran conseguir la tan apreciada exoneración.
¿Por qué fueron 219, y no 2 190 o 21 900, los ciudadanos favorecidos? Es una cuestión que todo contribuyente comenzará a cuestionarse, y evidentemente quedará desmoralizado al saber que la SAT lo perseguirá y obligará a pagar multas por los famosos omisos, ese error que cualquier contador puede cometer al no hacer a tiempo la declaración de nada por declarar porque el pobre contribuyente no tuvo ingresos ese mes. El contribuyente grande o pequeño, ese que mes a mes, trimestre a trimestre, paga sus impuestos, sentirá que le hacen competencia desleal, pues los amigos del presidente pueden dejar de pagar para luego recibir un privilegio en nada justificado. Muchos de ellos se sentirán autorizados a buscar en las próximas elecciones a un amiguito candidato que les dé los beneficios que hoy recibieron los compinches de quien hoy gobierna, con lo cual prostituirán el ejercicio del poder y la supuesta democracia.
¿Por qué los asesores del presidente no le sugirieron a este una amnistía fiscal para favorecer a las clases medias (si, como supone su acto, el Estado no necesita de las multas) y así estimular la puesta al día de todos los contribuyentes que por distintas razones no han cumplido con sus obligaciones? Si el dinero de las multas no hace falta, que se les perdone a todos, y no solo a los que, como iglesia de la prosperidad, reciben la bendición del ungido.
La exoneración a unos cuantos allegados, amiguetes o financistas de Jimmy Morales nos devuelve a los oscuros años del sultanato de Pérez-Baldetti, a aquellos tiempos en que, con la complicidad de algunos, el Gobierno creía tener la impunidad asegurada.
Día a día, semana a semana, los guatemaltecos comunes y corrientes confirmamos que aquello de «ni corrupto ni ladrón» fue solo una frase de impacto electoral, usada para engañar a los ingenuos y beneficiar a los cómplices, finalmente instalados en las élites políticas, económicas y académicas, para que, luego de repartirse entre todos el botín, sean solo los ciudadanos de a pie los que paguen impuestos y padezcan día a día el secuestro evidente y abierto del cual el Estado y sus recursos han sido objeto.
¿Por qué los asesores del presidente no le sugirieron a este una amnistía fiscal para favorecer a las clases medias (si, como supone su acto, el Estado no necesita de las multas) y así estimular la puesta al día de todos los contribuyentes que por distintas razones no han cumplido con sus obligaciones?
Fuente: [https://www.plazapublica.com.gt/content/la-corrupta-exoneracion-los-219]
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