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Juzgar asesinatos de prófugos también es razón de Estado

Virgilio Álvarez Aragón

La detención de Carlos Vielmann por crímenes semejantes pero distintos a aquellos por los que fue juzgado en España ha puesto en alerta a lo más granado de la élite económica guatemalteca.

Desde insistir falazmente en que se lo está juzgando dos veces por los mismos delitos hasta desacreditar a los testigos por sus orígenes de clase y su pasado delincuencial, los dueños de las más importantes fortunas han decidido proteger al encausado y retirar su apoyo, si es que aún se lo daban, a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Uno de los últimos en tomar partido abiertamente a favor del encausado ha sido el multimillonario Dionisio Gutiérrez, quien a través de su programa Razón de Estado ha descalificado las acciones de la Cicig y ha asumido sin cuestionar todas las acusaciones que los más prominentes miembros del pacto de impunidad le han endilgado a esta.

Entrando en contradicción, Gutiérrez acusa a la Cicig de haber tomado partido cuando era necesario hacer reformas urgentes al sector justicia. Más adelante le pide «denunciar que las reformas urgentes que necesita el sistema de justicia no se han hecho». Si promover y defender las propuestas que con su asesoría presentaron en 2016 ante el Congreso de la República los presidentes de los tres poderes del Estado (y que luego desacreditó el presidente de la república por presión empresarial) es tomar partido, ¿no lo sería también denunciar la urgencia de las que, según los líderes del sindicato empresarial, deben hacerse? Tal parece que la acusación de ideologización de la Cicig se origina en no aceptar ciegamente todo lo que proviene de quienes tienen cooptada la dirigencia empresarial.

La lectura equivocada que el multimillonario tiene del mandato de la Cicig le hace creer que el principal y posiblemente único campo de acción de dicha comisión es el combate de la corrupción. Olvida que fue la persecución de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (ciacs) lo que motivó la creación de la Cicig. Y es eso lo que se persigue en el caso del empresario y exministro Carlos Vielmann. Son crímenes horrendos cometidos por funcionarios públicos obligados a evitarlos.

Todos sabemos que los asesinatos y la desaparición forzada van de la mano de la corrupción. Si en una época se usó el conflicto armado para negocios ilegales entre empresarios y militares, posteriormente se usó como excusa la criminalidad común, de tal manera que se asumió la limpieza social como una práctica necesaria.

Al afirmar en su discurso que «mal hace la Cicig en perseguir solo a la derecha y, peor aún, como resultado de los últimos meses, tener como proyecto estelar un caso que para muchos es cosa juzgada», Dionisio Gutiérrez considera que esa denuncia y persecución es por motivos ideológicos, para lo cual asume de entrada que Vielmann representa la ultraderecha y que al perseguirlo la Cicig es de la izquierda. Olvida el expositor que, al darle trámite la jefa del Ministerio Público, ella asume toda la responsabilidad del caso y que ella no puede ser considerada de izquierdas, como se quiso descalificar a Claudia Paz y Paz cuando apoyó decididamente la primera denuncia.

El propietario y presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo afirma que, si la Cicig «quiere limpiar a Guatemala, necesita aliados, firmeza y claridad». Para ello, dice, «debe ser más estratégica», lo cual, en otras palabras (y dado el orden de su discurso), significa asumir las exigencias de la derecha, proteger a los derechistas de toda persecución y, sobre todo, no perseguir a los líderes y conductores de los ciacs que durante el gobierno de Berger torturaron, asesinaron y desaparecieron a supuestos y reales delincuentes. Puede que Vielmann, como Jimmy Morales, resulte absuelto, pero eso no lo deciden los empresarios ni los comunicadores, sino el juez con base en las evidencias que deberá presentar el MP.

Como todos los denunciados por la Cicig y encausados por juez competente, el conductor y entrevistador de Razón de Estado no presenta más evidencia que el decir popular de que «los señalamientos de justicia selectiva tienen que ver con la tibieza con que se persigue, por ejemplo, a un partido político que hizo gobierno, uno de los más corruptos e incapaces de la historia, contra el que presentaron un asunto menor a sus mandaderos [sic], dejando a la supuesta cabeza de esta estructura criminal a punto de ser candidata». Su afirmación tiene una fuerte connotación misógina. Además, si él tiene fuertes indicios de corrupción de la supuesta criminal, lo indicado es que presente la denuncia respectiva y que ponga a prueba así la independencia de la Cicig. Les da el beneficio de la duda a los diputados contra los que no se han presentado denuncias, pero no se la concede a quien, parece, es su rival política más encarnizada.

El caso Vielmann ha puesto a muchos con los pelos de punta, lo que hace suponer que no es simple solidaridad ideológica o de clase, sino, como sucede con la corrupción, que este puede ser solo el inicio de una madeja que haga aparecer a muchos más. El asunto es de tal envergadura que aun los medios escritos y televisivos más independientes y hasta ahora favorables a la Cicig han censurado a sus columnistas y directores, con lo cual han impedido que se haga pública cualquier opinión que no sea en defensa del acusado.

Si la Cicig nuevamente ha dado muestras de independencia, Dionisio Gutiérrez ha demostrado que no está a favor de un Estado de derecho para todos y en todos los aspectos. La disputa intraoligárquica parece haber terminado. Aún falta saber cuáles los motivos de fondo.

Fuente: [http://plazapublica.com.gt/content/juzgar-asesinatos-de-profugos-tambien-es-razon-de-estado]

Narrativa y Ensayo publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Virgilio Álvarez Aragón
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