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Carlos Figueroa Ibarra

En la Guatemala de los últimos quince años, contrariamente a lo que se pensó cuando se firmaron los Acuerdos de Paz de 1996 se ha ido degradando la democracia y con ello paulatinamente instaurando un nuevo orden autoritario. No se trata de la restauración de la dictadura militar de carácter terrorista que el país padeció desde que fue derrocado el gobierno revolucionario de Jacobo Arbenz en 1954. Lo que observamos fue la gradual instauración de un orden establecido por una alianza de funcionarios venales de los gobiernos de turno, el crimen organizado y la ultraderecha de tintes neofascistas. Alianza que fue funcional a los intereses de los grandes grupos empresariales que en su mayoría se fueron adaptando y propiciando a la vez, este orden que ha sido denominado coloquialmente Pacto de Corruptos. Este orden autoritario fue deviniendo en un régimen dictatorial que se expresó en la captura de los distintos poderes del Estado como lo son los tres poderes, pero también la Corte de Constitucionalidad y el brazo punitivo de dicho Estado: la Fiscalía General y el Ministerio Público. La degradación es tan grande que ese poder delincuencial ha llevado la gobernanza criminal hasta el control de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales de junio de 2023 arrojó la sorpresa de que un candidato demócrata y honesto Bernardo Arévalo y su emergente partido, se ubicaron en segundo lugar y con ello pasaron a la segunda vuelta. El ballotage de agosto de ese año despertó las esperanzas de una gran mayoría de guatemaltecos y guatemaltecas y esas esperanzas llevaron a Arévalo a la presidencia de la república. Desde ese momento y hasta en la actualidad, la entente delincuencial en Guatemala no ha cesado de conspirar contra el gobierno. Puede decirse que el gobierno es una suerte de islote democrático rodeado de un mar delincuencial y por ello la presidencia de Arévalo es débil y con un escaso margen de maniobra. Su partido ha sido ilegalizado además de que desafortunadamente se ha dividido y el orden autoritario y corrupto ha continuado la persecución a través de la guerra judicial (Lawfare) y el linchamiento mediático a todos y todas los que se le han opuesto.

Este contexto explica que, pese a sus logros, las expectativas que despertó el gobierno de Arévalo se han estado desvaneciendo. Hoy existe un peligro real de que el Pacto de Corruptos vuelva a ocupar el poder ejecutivo a través de cualquiera de las cartas que ha barajado en el pasado o de alguna que de manera intempestiva aparezca. Guatemala no puede permitirse que alguien se presente espuriamente como un candidato independiente (outsider) y de manera vergonzante favorezca nuevamente a los intereses que fueron desplazados del gobierno en enero de 2024.

Es de urgente necesidad integrar un frente amplio que agrupe a las fuerzas políticas y sociales del más distinto signo ideológico cuyo cometido común sea el evitar que el Pacto de Corruptos vuelva a controlar el gobierno del Estado. Este debe ser el primer objetivo político de ese frente, el cual es fundamental porque de la consecución de este depende lo demás. Un segundo objetivo político es el de dotar al futuro gobierno de la honestidad de una mayoría legislativa para darle gobernabilidad. Sería este frente amplio, un frente amplio por la democracia porque ésta se encuentra acorralada por la gobernanza criminal. Este frente debe ser plural en lo ideológico, porque el impedir el regreso del Pacto de Corruptos al gobierno es un anhelo que va más allá de posturas políticas o ideológicas de derecha, centro o izquierda. Lo que debe agrupar al frente no es una ideología en particular sino un proyecto político. También este frente debe conjuntar a fuerzas políticos como son los partidos que coincidan con el anhelo anteriormente apuntado y a fuerzas sociales como son los movimientos sociales que en los últimos años se han manifestado.

El frente debe estar integrado por partidos políticos porque ellos serán los vehículos que garanticen la participación electoral. También debe estar integrado por los movimientos sociales y personalidades representativas de los ámbitos populares y sindicales, indígenas, académicos, intelectuales, artísticos, feministas, jóvenes, diversidad sexual. Esta amplia participación le dará una fuerza sustancial a los partidos que se han opuesto al Pacto de Corruptos. Los movimientos sociales deben entender que los partidos políticos con su registro son indispensables para disputarle el poder a la entente delincuencial. Los partidos políticos a su vez deben comprender que deben ser el medio para colocar en los puestos de representación popular a personas representativas de los distintos sectores antes apuntados. Esta mutua comprensión debe ser la sinergia que le de viabilidad política y electoral a este frente amplio por la democracia.

Definidos los dos objetivos políticos principales del frente amplio, es importante hacer un planteamiento programático que recoja las demandas de las grandes mayorías del pueblo guatemalteco y resuelva los agravios largamente acumulados. Entre estas demandas y a agravios a resolver está por supuesto en primer lugar la lucha contra la corrupción y la penetración del crimen organizado en las distintas esferas del Estado. Resolver los seculares agravios en materia de educación, salud, la injusticia en el campo, la inseguridad, la infraestructura. Es urgente que este planteamiento programático incluya una reforma del poder judicial que lo aleje de la corrupción, del favorecimiento de los intereses de los poderosos y por tanto lo dote la imparcialidad esencial para su funcionamiento. También es imprescindible imaginar una reforma que blinde a la democracia de las tentaciones autoritarias y además recoja la diversidad étnica y cultural que es la esencia de la nación guatemalteca.

He aquí los objetivos tácticos del frente amplio que ya está siendo propuesto por personas de los más diversos signos ideológicos. Un objetivo estratégico es hacer del planteamiento programático y su ulterior desarrollo la fuente de un consenso mayoritario, una forma de pensar a Guatemala, una agenda de discusión de lo que es necesario hacer en el país a mediano y largo plazo. Una manera de hacer florecer a esta patria que a lo largo de las últimas décadas ha tenido un enorme sufrimiento.

Lo que observamos fue la gradual instauración de un orden establecido por una alianza de funcionarios venales de los gobiernos de turno, el crimen organizado y la ultraderecha de tintes neofascistas. Alianza que fue funcional a los intereses de los grandes grupos empresariales que en su mayoría se fueron adaptando y propiciando a la vez, este orden que ha sido denominado coloquialmente Pacto de Corruptos. Este orden autoritario fue deviniendo en un régimen dictatorial que se expresó en la captura de los distintos poderes del Estado como lo son los tres poderes, pero también la Corte de Constitucionalidad y el brazo punitivo de dicho Estado: la Fiscalía General y el Ministerio Público.

Narrativa y Ensayo publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Carlos Figueroa Ibarra
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