¿Fusiles a la vuelta de la esquina?
Manuel Villacorta
Los países que integran el Triángulo Norte corren el riesgo de remilitarizar su vida social. A pesar de que el vicepresidente de EE. UU. expresó hace algunos meses que en la región existe la necesidad urgente de fortalecer las economías, profesionalizar a las policías y reducir el rol de los ejércitos en la seguridad interna, las intenciones muchas veces son superadas por la implacable realidad. Son comunes las escenas diarias en donde los ejércitos patrullan las calles, instalan retenes en carreteras o participan en allanamientos en conjunto con la policía. Lo anterior evidencia que las policías siguen siendo incapaces de operar por sí mismas ante la criminalidad y que la presencia de los ejércitos en materia de seguridad ciudadana sigue vigente. Es importante resaltar que este tríptico (sociedades – policías civiles – fuerzas armadas) se mantendrá o incluso se expandirá si la criminalidad no se reduce de inmediato. Por el contrario, existe una relación directa entre incremento de criminalidad y presencia militar. Un caso categórico lo ejemplifica México, en donde la militarización de muchas áreas del país, lejos de resolver los problemas referidos, habilitó otro de mayor magnitud: la violación de los derechos humanos de miles de civiles por parte de miembros de las fuerzas militares.
Las causas que fomentan la inseguridad ciudadana en la región están en expansión: el narcotráfico, las maras o pandillas, las extorsiones, los secuestros, la migración ilegal y la destrucción de los recursos naturales. Pero si bien las anteriores son manifestaciones directas referentes a como se presenta el accionar del crimen organizado, también hay causas estructurales que alimentan aún más el fenómeno: la falta de empleos, la pobreza, la marginación social y las migraciones internas, en donde la total inexistencia de posibilidades para sobrevivir, individual o familiarmente, apuntalan la tendencia a recurrir al delito como medio de garantizar un ingreso monetario. Todos los gobiernos de la región han sido incapaces de solucionar el grave problema; por el contrario, lo han apuntalado a partir de renunciar a implementar una verdadera política pública de seguridad ciudadana y verdaderas políticas públicas que fomenten la educación, el empleo y el crecimiento de las pymes.
Calificados centros de análisis político-social, así como instancias de gobiernos de países desarrollados vinculados con la región, no subestiman lo que podría llamarse un “colapso de las instituciones y la seguridad ciudadana en la región”, una posibilidad que si bien se contextualiza en prospectiva, tiene muchos elementos sólidos como para ser considerada una latente posibilidad. El carburante para la misma sería la cada vez mayor desaceleración de la economía global y la inviabilidad de los modelos económicos primarios que subsisten en la región. Responder militarmente a la criminalidad, la conflictividad social e incluso la ingobernabilidad, implicaría un retroceso de insospechadas consecuencias para la región. Perderíamos todos. Pero a ello llegaremos, si no actuamos ya.
Fuente: [www.s21.gt]
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