Mario Roberto Morales
Se lee en la edición más reciente de ‘El Observador’ (No. 69, enero-marzo 2020) que en el Decreto Gubernativo 6-2020 del 21 de marzo de este año, el gobierno exoneró de las restricciones impuestas por la emergencia de la covid-19 a los sectores eléctrico, minero y de hidrocarburos por considerarlos “esenciales”. En especial al sector eléctrico, ya que el MEM, mediante el Acuerdo Ministerial 107-2020, dispuso que “ninguna autoridad podrá limitar las actividades relacionadas con la producción, transporte y distribución de energía eléctrica”. Estos tres rubros, que son partes vertebrales del corporativismo transnacional, tienen autorización oficial para continuar con sus negocios normalmente. ¿Por qué entonces se habló de “cerrar” la economía?
Por otro lado, es cosa sabida que, en medio de capturas a pequeños vendedores de verduras y frutas y del decomiso de su mercancía, los camiones de la Cervecería Centroamericana, de Cementos Progreso y de golosinas-chatarra, así como los letales ‘trailers’ que transportan azúcar, café, enseres y demás productos de la industria liviana oligárquica, circulan con libertad por el país siendo la excepción a la regla de las domingueras “disposiciones presidenciales”. Para estas empresas, la economía nunca se ha “cerrado”, como sí lo ha sido para la microempresa y para el sector informal. Tampoco se ha “cerrado” nada para la actividad oligárquico-financiera, pues la banca sigue trabajando a todo vapor mientras el gobierno le hace eco tramitando escandalosos préstamos dizque para combatir el virus, los cuales han endeudado al país por varias generaciones y de cuya ejecución no se rinde cuentas de modo fehaciente.
Es obvio que las “disposiciones presidenciales” están dirigidas a la micro y pequeña empresa y, sobre todo, a la economía informal. De no ser porque la actividad económica que mantiene a flote a este país no es la oligárquica, sino la informal (así como las remesas), esto no importaría tanto. Pero en un país con un sistema económico a tal extremo fallido que sus habitantes deben emigrar para conseguir trabajo en otro lado y en donde la mayoría tiene que salir a la calle a hacerse con el sustento diario, las endurecidas “disposiciones presidenciales” (como parte de la caótica gestión antiviral) resultan catastróficas. Además, todo evidencia que el gobierno trabaja para la oligarquía y que poco le importa la salud económica del pueblo, el cual (debe subrayarse) es el más expuesto al famoso virus y el menos atendido por el disfuncional sistema de salud pública, pues los hospitales no funcionan y mucho menos llegan las cacareadas ayudas a las personas más necesitadas.
A estas alturas es evidente que la gestión local de la lucha contra el virus, así como el supuesto liderazgo asumido mediáticamente por el presidente, son un fiasco que oscila entre el ridículo y la tragedia y que, ante la necesidad de una conducción inteligente y decidida, pudo más el exhibicionismo narcisista y un torpe simulacro de autoridad, lo cual convirtió a esta gestión estatal en una tragicomedia digna de “Los tres huitecos”.
Dice la voz popular que lo que suele llevarle cuatro años a cualquier presidente (hacerse rico con dinero público), a este le llevó sólo cuatro meses. Si eso es cierto, sus copiosas bendiciones dominicales se deben de seguro a que agradece que el virus le cayó del cielo, pues no ha tenido que ocuparse más que de pedir prestado y de salir en la tele “al frente” de su divertida “épica” antiviral.
Dice la voz popular que lo que suele llevarle cuatro años a cualquier presidente (hacerse rico con dinero público), a este le llevó sólo cuatro meses.
Fuente: [www.mariorobertomorales.info]
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