Entre la fragilidad estatal y el equilibrio precario

Una de las alertas constantes respecto de la crisis político-institucional se refiere al efecto de erosión que tiene sobre una institucionalidad estatal históricamente débil. Algunos de los procesos en curso en semanas recientes confirman esa preocupación, al hacer manifiesta la disminuida capacidad del Estado para atender los asuntos “ordinarios”, que de manera recurrente desembocan en expresiones de inconformidad social y nuevas muestras de la incapacidad gubernamental para satisfacer los reclamos ciudadanos.

Entretanto, la fuente primaria de la crisis –el afán del gobierno del presidente Jimmy Morales de bloquear el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) aun después de haber decidido anticipar el fin de su presencia en Guatemala hacia septiembre de 2019– se mantiene latente, con señales contradictorias que configuran una situación de equilibrio precario.

El manejo de la crisis de los migrantes hondureños

Puesto entre la espada y la pared por la caravana de los migrantes hondureños, que llegó a territorio nacional a mediados de octubre, el gobierno del presidente Morales tuvo un desempeño errático. De una parte se plegó al discurso criminalizador y pro conspirativista de su homólogo de Honduras, Juan Orlando Hernádez –con quien se reunió bilateral y prolongadamente el 20 de octubre–, conviniendo con él un “plan retorno”, cuya factura más parece un mensaje hacia el gobierno de Estados Unidos en el sentido de que “están haciendo algo”, habida cuenta de la reprimenda que el vicepresidente Mike Pence les hizo durante la reunión de seguimiento al Plan de la Alianza para la Prosperidad del norte de Centroamérica (efectuada el 11 de octubre en Washington) y los amenazadores mensajes a través de Twitter del presidente Donald Trump.

Por otra parte, el gobierno –y el Estado, en general– se vio desbordado por la masividad de la caravana hondureña. No fue capaz de atender el “deseo” (por no escribir orden) estadounidense de contener a los migrantes, pero tampoco de prestarles una básica asistencia a la que está obligado en cumplimiento del Decreto 44-2016, Código de Migración. En términos coloquiales, no quedó bien ni con Dios ni con el Diablo, aunque más con este último, pues el 28 de octubre la Policía Nacional Civil (PNC) protagonizó un innecesario e inútil episodio de violencia contra el segundo contingente de migrantes hondureños que pretendían atravesar el puente Rodolfo Robles desde Tecún Umán (San Marcos) hacia el puesto fronterizo mexicano en ciudad Hidalgo (Chiapas). El uso de bombas lacrimógenas y de una endeble barrera policial-militar, de todos modos no logró disuadir ni impedir el paso de los hondureños, quienes horas después tendrían una confrontación aún más grave con la policía federal mexicana en el otro extremo del puente. La violencia, el derramamiento de sangre y hasta la muerte de uno de los viajeros hondureños (a causa de un disparo efectuado por la Policía Federal de México), se mostraron como lo que son: innecesarios y violatorios de las legislaciones de ambos países (Guatemala y México).

El fenómeno de la caravana de migrantes que analizarlo como un hecho social, político y simbólico de trascendencia regional. Más allá del análisis que se haga sobre actores subyacentes que hayan impulsado u organizado esta caminata, lo cierto es que en ella participan ya miles de ciudadanos hondureños motivados por la pretensión de llegar a Estados Unidos ante la falta de oportunidades en sus lugares de origen y que en esta pretensión enfrentan sacrificios y sufrimientos.  A esto se suma los grupos de migrantes que comenzaron a salir el domingo 28 de octubre desde El Salvador, que pasaron por Guatemala con mucha menor atención mediática y que tienen como objetivo también llegar a Estados Unidos, quienes enfrentarán problemas similares a los de la caravana hondureña. Por consiguiente, estos migrantes requieren que se respeten plenamente sus derechos humanos en esta decisión de marchar colectivamente.

Es notorio que los gobiernos centroamericanos, ya con baja popularidad por otros acontecimientos en sus países, están teniendo un deterioro de su imagen ante la crisis migratoria que desnuda la situación de pobreza y falta de desarrollo en la región. Hecho que, además, plantea mayores tensiones que deben afrontar los gobernantes para contener las reacciones de Estados Unidos, quien ha anunciado recorte en la ayuda, especialmente a la proveniente del Plan para la Prosperidad. Asimismo, por el anuncio del presidente Donald Trump de retirar la nacionalidad a aquellos niños hijos de migrantes indocumentados que nazcan en Estados Unidos, a través de la presentación de una reforma a la constitución estadounidense.

Hasta el momento, ni Guatemala, ni México han detenido la caravana y la misma probablemente llegará hasta la frontera mexicana con Estados Unidos, lugar en donde serán retenidos por las autoridades fronterizas estadounidenses. Las duras acciones del gobierno de Trump frente a este hecho, repercutirán en la adhesión de votantes con las posiciones más conservadores de Estados Unidos, de cara a las elecciones de principios de noviembre.

Ante la imposibilidad de entrar a EE.UU., algunos regresarán a sus lugares de origen, pero es de esperarse que muchos decidan continuar su lucha por llegar al ya deteriorado “sueño americano” y, como no pueden pasar, la alternativa que pareciera estar trabajando México, con el apoyo de Naciones Unidas, específicamente la oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR), es la de constituir campamentos de refugiados en la frontera. La reciente iniciativa del presidente mexicano, de ofrecer trabajo y estancia en Oaxaca y Chiapas, podría atraer a algunos migrantes, sin embargo es poco probable que esta iniciativa logre desarticular la caravana y evitar una situación irregular y conflictiva en la frontera norte. Además, Oaxaca y Chipas son estados expulsores de migrantes hacia Estados Unidos y, por lo tanto, resulta difícil comprender cómo se podrían convertir en receptores de centroamericanos.

Malestar colectivo por deterioro de la red vial

Otra muestra, entre muchas posibles, del deterioro de las capacidades estatales es la relacionada con las protestas en dos departamentos –Izabal y Quiché– efectuadas por usuarios de la red vial, para exigir que se atienda el deterioro sistemático de las carreteras en el país. La problemática viene de los últimos tres gobiernos que no han garantizado que se cumpla con los contratos de construcción, ampliación, mantenimiento y recuperación de carreteras, llegando a niveles críticos como los denunciados por bloqueos de taxistas en Puerto Barrios y la reacción de transportistas que han organizado una caravana de protesta que demanda la reparación de diversos tramos carreteros que unen a municipios con la cabecera del departamento de Quiché.

Desde casos judicializados como el del tramo que va de Cocales a Tecún Umán en la carretera CA-2 occidente vinculada a hechos de corrupción entre el Estado de Guatemala y la constructora brasileña Odebrecht; tramos inconclusos en la Franja Transversal del Norte, hasta la falta de mantenimiento a la red vial mediante planes de bacheo, limpieza de cunetas, atención a derrumbes, no solo en carreteras pavimentadas sino en caminos de terracería, ha llevado a que diversos actores inclusive exigieran la destitución del segundo ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI) del actual gobierno, Aldo García.

El MICIVI ha sido de las carteras con mayor rotación de autoridades.  La ministra Sherry Ordóñez, quien fungiera en el cargo 11 días, renunció por causas personales luego de aparecer en un listado de la Superintendencia de Administración Tributaria como tributante morosa.  Su relevo, el ministro García renunció luego de múltiples problemas en torno al caso de la CA-2 occidente, enfrentar una interpelación y la demanda de la Cámara del Agro para su destitución, así como el fracaso del Plan de Recuperación Vial que prometía para 2017 levantar los concursos para adjudicar proyectos de habilitación de carreteras; ese plan fue utilizado para que el Ministerio de la Defensa recibiera Q57 millones para la compra de maquinaria para reparación de carreteras.  Ante su renuncia llega a la cartera el actual ministro, José Luís Benito Ruiz, quien ha debido atender la crisis del volcán de Fuego, pero no ha podido implementar la política de restauración vial.

Ante la inefectividad del Estado para asumir tan solo el mantenimiento de la red vial en el país, el sector empresarial lanzó a debate del Encuentro Nacional de Empresarios 2017 el planteamiento ¡Vamos a la Obra! Infraestructura para el Desarrollo, que fue el seguimiento al planteamiento del ENADE de 2016 sobre su visión de ciudades intermedias. De ENADE 2017 surge la iniciativa de Ley 5431, Ley General de Infraestructura Vial, diseñada y promovida por la Fundación para El Desarrollo (FUNDESA).

Los usuarios, ante la falta de atención de la problemática por parte del gobierno y su incapacidad de garantizar el buen estado de las carreteras (a pesar que al 30 de septiembre de 2018 lleva una ejecución presupuestaria del 58.9%) deciden recurrir a las medidas de hecho para presionar al Ejecutivo a atender la crítica situación de las carreteras en estos dos departamentos.

En el caso de Izabal la manifestación de taxistas bloqueó por lo menos 10 puntos de la ciudad de Puerto Barrios, impactando en el transporte de bienes perecederos que debieron esperar por más de 24 horas a que levantaran los retenes. Mientras que alrededor de unos 500 vehículos participaron de la caravana proveniente de Quiché.

Las mesas de diálogo integradas por el MICIVI para atender las demandas de pobladores en ambos departamentos, eventualmente podrían aliviar la tensión y suspender las medidas de hecho, pero, como suele suceder, transfiere a un tiempo futuro la problemática, que no tiene una solución inmediata debido a que el deterioro es en todo el país.

Lo más probable es que el malestar generalizado por el deterioro de la red vial, se convierta en eje de denuncia y rechazo a reelección de alcaldes y diputados  o de castigo a quienes pretendan buscar un puesto de elección popular y que hayan estado ligados al MICIVI, ya sea como funcionarios o contratistas, debido a su inefectividad en atender la problemática.

Un escenario no deseable, pero no descartable, es que durante el año electoral se activen polos de malestar social en diferentes puntos críticos de la red vial y obliguen al gobierno central a solicitar mecanismos de excepción para ejecutar obra pública, debido a que de no atenderse la situación, la crisis vial podría afectar la elección de sus cuadros en el partido FCN-Nación. La oposición podría utilizar el fracaso de la política pública de restauración vial del FCN-Nación, como un eje de desgaste al gobierno y como ofrecimientos de campaña para elevar su nivel de aceptación, toda vez que el deterioro en la carpeta vial puede impactar negativamente en el nivel de precios al consumidor final y golpear el bolsillo de los votantes, que es el principal problema identificado en los sondeos de opinión, la situación económica del país y su impacto en la microeconomía.

Los signos del equilibrio precario

Mientras el gobierno y el Estado se debaten en esa mezcla de desorientación e incompetencia, la CICIG vuelve a ser noticia, con señales contradictorias que matizan la cuenta regresiva de su presencia en el país. De una parte hay signos que sugieren su repliegue, pero en contraste sacude el ambiente con allanamientos y órdenes de captura que alcanzan a figuras sensibles del poder político y económico.

Cuando en los ambientes “anti-CICIG” se daba casi como consumado el inicio del fin de ese capítulo de la historia nacional[1], se producen tres hechos que sugieren que ese ente internacional no se irá del país sin hacer ruido y sin dejar de cumplir su mandato:

1. a) El miércoles 23 de octubre, el comisionado Iván Velásquez aprovecha su estadía en San Salvador, para realizar una reunión de trabajo con personal de la comisión y de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, incluyendo al titular de esa fiscalía, Juan Francisco Sandoval. Si bien no trascendió el contenido del encuentro, en medios de comunicación social se especuló que “se analizaron varios de los casos en los que la CICIG ha realizado hallazgos en las últimas semanas”.[2]
2. b) El 24 de octubre, en ocasión de la visita de la congresista estadounidense de origen guatemalteco, Norma Torres, se anuncia un acuerdo de alto nivel entre la ONU, la CICIG y el gobierno de Estados Unidos, en virtud del cual este país hace un nuevo aporte de US$6 millones para financiar a la Comisión; se avanza en el proceso de designación de un comisionado adjunto; se refuerzan mecanismos de rendición de cuentas de la CICIG a los donantes; la CICIG rendirá informes narrativos periódicos sobre traspaso de capacidades hacia el MP.
3. c) El lunes 29 de octubre, la FECI realiza allanamientos y ejecuta órdenes de captura, que incluyen al ex ministro de Gobernación, Carlos Vielman Montes, al ex jefe del Departamento de Investigación Criminal de la PNC, Stu Velásquez, aunque no logra aprehender al actual viceministro de Seguridad, Kamilo Rivera (considerado fugitivo por el MP). Según el comunicado del MP-CICIG, esas tres personas y los otros cinco implicados (entre ellos el ex director de la PNC, Erwin Sperisen), están acusados de cometer ejecuciones extrajudiciales, practicar torturas y formar parte “de un cuerpo ilegal y aparato clandestino de seguridad (CIACS) en su versión más clásica”. La investigación, agrega, “se centra en siete hechos nuevos en los cuales tuvo participación dicha estructura criminal, que no han sido juzgados en tribunales nacionales o internacionales”.

Esas aprehensiones sugieren que la CICIG está ajustando su línea de actuación al hacer públicos nuevos casos que involucran estructuras típicas de los aparatos clandestinos e ilegales de seguridad (Ciacs) de los cuales acusa de pertenecer a funcionarios del actual gobierno.

Si bien esos tres hechos hablan de la fortaleza que conserva la CICIG, en este mismo período ocurrieron cosas que apuntan en sentido contrario. De una parte, la Corte de Constitucionalidad se inhibió de conocer recursos de amparo en contra de la decisión gubernamental de no renovar visas de cortesía a investigadores extranjeros de la CICIG; también se hizo público el cierre de la oficina de la FECI en Quetzaltenango y el traslado de su personal a Guatemala. Y, finalmente, la titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, dijo el 25 de octubre que se trabaja en la creación de una mesa para el “traslado de capacidades” por parte de la CICIG, dado que su presencia en el país finalizará antes de un año.

Es decir, el forcejeo entre el gobierno del presidente Jimmy Morales y la CICIG está lejos de agotarse, lo cual ocurrirá –por lo visto esta semana– casi hasta el último momento de sus actividades en el país, que vencen en septiembre de 2019. Por ahora se mantiene el impasse, con un comisionado actuante y confirmado en su puesto por la ONU, y unos esfuerzos oficiales, no tan fructíferos, por obstaculizar su trabajo. Esa será la tónica, como tendencia dominante, para los próximos meses.

En el medio de estos aspectos relativos al trabajo de la CICIG en el país, también se deben tomar en consideración otros como el hecho de que en 2019 se desarrollará el proceso de elecciones generales, y las investigaciones del MP en coordinación con la CICIG pueden alcanzar a posibles candidatos a la presidencia, diputados y otros cargos en las instituciones del Estado. Los 11 investigadores de la CICIG, a quienes se les revocó la visa llevan casos relevantes que tocan a funcionarios, empresarios y capos del crimen organizado,  entre otros, de la más alta jerarquía. Como los de Financiamiento electoral ilícito, Botín registro de la propiedad, IGSS-Pisa, la Línea y, recientemente, las 18 personas capturadas en Quetzaltenango vinculadas a casos de corrupción, entre ellos: Jorge Barrientos, a quien se le vincula como financista, en 2011, del partido Unidad Nacional de la Esperanza, cuya secretaria general, Sandra Torres, aspira a postularse nuevamente a la presidencia. Sumado a ello otros tres casos importantes, el antejuicio en contra del diputado Felipe Alejos por el caso traficante de influencias, el caso Blanca Stalling y la maraña de TCQ.

Como se evidencia, el tema de fondo es quitar del camino a CICIG, cuyo acuerdo de creación le permite ser querellante adhesivo en estos casos paradigmáticos. Los argumentos sin fundamento por el Ejecutivo, evidencian la estrategia de evitar a toda costa que las investigaciones y persecución penal en estos casos y los que surjan, avancen. Considerando que el MP con la nueva fiscal general, Consuelo Porras, no ha dado muestras de fortaleza en la persecución penal en los delitos de cuello blanco, con excepción del caso que se destapa a finales de octubre, y que pone nuevamente ante la justicia al ex ministro Vielmann, así como del resto de capturas anotadas párrafos arriba. Esas capturas comenzaron a generar acciones en contra de la CICIG, a través de las redes sociales y de los programas de teléfono abierto.

En cuanto a la decisión de no renovación de las visas a los investigadores extranjeros de la CICIG cabe anotar que:

1. a)Las acciones tomadas por el Organismo Ejecutivo, evidencian claramente la intención de debilitar a la CICIG, con el apoyo encubierto de quienes están guardando prisión en Mariscal Zavala, la denominada Juntita y otros actores políticos y económicos que están siendo alcanzados por las investigaciones. Esas acciones generan confusión y mayor polarización social e inestabilidad institucional, creando mayor divisionismo en un problema en el cual, la CC resolvió la manera como debe solucionarse, pero que aún no se ha acatado.
2. b) Los artículos 6 y 10 del acuerdo de creación de la CICIG a solicitud del Estado de Guatemala a la ONU, establecen con claridad el compromiso del gobierno relativo al apoyo a dicha comisión. El primer artículo preceptúa el compromiso gubernamental de apoyarla para que desarrolle sus funciones sin interrupciones en la competencia de dicho acuerdo. El artículo 10, obliga al gobierno a no interferir, limitar o tomar acciones de represalias en contra del personal de la comisión por el desarrollo de sus funciones.

Según lo que resuelva la sala quinta del ramo civil sobre los amparos interpuestos por la Procuraduría de los Derechos Humanos y por el Frente Parlamentario por la Transparencia, puede preverse otro escenario que generaría mayor polarización; si la sala revoca en definitiva los amparos, vulneraría los artículos citados y abre la posibilidad de accionar por la vía del amparo. De ser así, estaríamos en el mismo escenario de la prohibición del ingreso al Comisionado de CICIG por el mandatario Morales. La brasa caliente estaría, nuevamente, en manos de la CC.

Se esperaría que la sala resuelva conforme a los artículos 6 y 10 del acuerdo, obviamente apercibiendo a la canciller y demás funcionarios, quienes deben ser destituidos en caso incumplan lo resuelto. En todo caso, la Sala Quinta de Apelaciones de lo Civil debe ser clara en su resolución y evitar interpretaciones legales acomodaticias a intereses. Esto permite que, en el caso de desobediencia, se remita lo conducente con fundamento en el artículo 55 de la Ley de Amparo Exhibición Personal y de Constitucionalidad, activando la competencia del MP en la investigación.

[1]   En una extensa entrevista publicada el 27 de octubre por la revista digital Nómada, Fernando Sáenz (uno de los financistas del cabildeo anti CICIG en EE.UU.) trasluce ese triunfalismo y habla de mantener la relación EE.UU. para “terminar el capítulo de la CICIG y que nos ayuden a fortalecer la Fiscalía del MP y que doña Consuelo pueda hacer su trabajo de una forma eficiente”. Véase en [https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/todos-cometimos-delitos-pero-la-cicig-no-fue-pareja-y-politizo-todo/?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=20181027_reportaje_epolitica_saenzentrevistacicig]

[2]Véase https://impacto.gt/ivan-velasquez-se-reune-con-fiscales-de-la-cicig-y-el-mp-en-el-salvador/

Fuente: Revista Análisis de Coyuntura Edición 152 edición 152

 

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