Seguridad, justicia, fiscalidad y nuevo pacto constituyente

Edgar Celada Q.
eceladaq@gmail.com
La semana anterior, el comisionado Iván Velásquez Gómez clavó sus banderillas en el toro arisco de la fiscalidad. Sugirió la idea de crear un impuesto temporal a los grandes patrimonios, para financiar la lucha contra la impunidad, por la seguridad y la justicia en Guatemala.

Como bien captó un caricaturista, el titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) zarandeó el avispero y provocó el inmediato alineamiento de quienes están a favor del Impuesto contra la Impunidad, y quienes lo rechazan. Típico de este país, tan polarizado: estás conmigo o estás contra mí.

El asunto, sin embargo, no debería llevarse a un diálogo de sordos en torno a UN impuesto, por muy loables que sean las intenciones y muy urgentes las necesidades. Porque, si a esas vamos, propongamos un impuesto para financiar la salud (veamos el desastre que viven ahora mismo en los hospitales públicos), otro para la educación, uno más para contener la depredación ambiental, y así.

El debate abierto por el jefe de la Cicig debería tener por lo menos dos ámbitos de consideración. El primero de ellos es el de las políticas públicas y la gestión del que, según propuso hace algunos años Héctor Rosada Granados, debería ser el sistema nacional de seguridad y justicia.

En la institucionalidad de uno y otro sector falta mucho por hacer: primero, desandar los pasos torcidos por la arraigada herencia de la Doctrina de Seguridad Nacional y sus peores prácticas escuadroneras y de “mano dura”, seguido de una agenda mínima que debería incluir, por lo menos, lo siguientes ejes:
• Reforma y fortalecimiento de la institucionalidad de seguridad y justicia.
• Prevención de la violencia y el delito con participación comunitaria.
• Atención, protección y resarcimiento de las víctimas del crimen y la violencia.
• Investigación criminal.
• Control de armas y municiones, así como de las empresas de seguridad privada.
• Reeducación y reinserción social.

En cada uno de esos ejes hay pendientes estratégicos insoslayables, como la reorientación y reimpulso de los procesos de reforma policial y del sistema penitenciario; el fortalecimiento profesionalización y extensión territorial del Ministerio Público, con garantía de su autonomía y realización de reformas legales que impidan su instrumentalización a favor de los intereses de los gobernantes de turno, para solamente mencionar tres grandes paquetes.

A ellos se agregan las necesarias reformas en materia de justicia, dirigidas a fortalecer la independencia y hacer eficiente al Organismo Judicial, concentrar a la Corte Suprema de Justicia en sus tareas sustantivas y propiciar una carrera judicial efectivamente basada en el mérito, libre de las ataduras estructurales que ponen al sistema a merced de poderes fácticos de diverso pelaje.

Esta muy rápida y obligadamente incompleta referencia a una agenda mínima, hace patente la necesidad de tomar la palabra a Iván Velásquez para que el debate se oriente a la cuestión de qué tenemos pendiente en estos campos.

Simultáneamente, por supuesto, debe plantearse la cuestión de los costos y las prioridades del financiamiento de esa agenda. Es allí, hacia el final y no en el principio, cuando debemos preguntarnos sobre las vías para obtener los recursos.

Asunto que lleva a la segunda dimensión del análisis: la necesidad de “un acuerdo nacional sobre los recursos con que debe contar el Estado, de dónde deben provenir esos recursos y en qué deben utilizarse para poder cumplir con sus funciones, establecidas en la Constitución Política y los Acuerdos de Paz”, para decirlo en palabras de un documento del casi olvidado Pacto Fiscal, del año 2000.

Tanto los asuntos relativos a la seguridad ciudadana y la justicia, como los de la hacienda pública y la fiscalidad, necesitan de enfoques integrales, asociados también a los problemas fundamentales del desarrollo humano. Y eso debería llevarnos al rescate y la actualización del pacto fiscal, congruente con un impostergable nuevo pacto social, un nuevo acuerdo constituyente de la nación de democracia profunda, multiétnica, plurilingüe y multicultural.

Edgar Celada Q.
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Edgar Celada Q.

Coeditor at Revista Análisis de la Realidad Nacional
Periodista e inconforme; guatemalteco sin Suchiate. Labora en el Instituto de Problemas Nacionales de la USAC, de cuya revista Análisis de la Realidad Nacional es coeditor. Colabora en el diario Siglo Veintiuno.
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