“País finca”

Danilo Santos

La Ley de Tierras recientemente propuesta en el Congreso de la República nos hace pensar en los cambios estructurales fundamentales para contrarrestar siglos de despojo, explotación, subdesarrollo y prejuicios contra la población indígena y campesina en Guatemala.

Según Julio Castellanos Cambranes, en Café y Campesinos, al hablar de “El nuevo carácter del latifundio” nos dice: “Uno de los principales aspectos del carácter rural de la sociedad guatemalteca lo ha constituido, hasta hoy, la permanencia del latifundismo, la base del poder de la clase dominante”.

El artículo 32 de la propuesta presentada por los diputados Leocadio Juracán, Edwin Lux y la diputada Sandra Morán, me parece el más osado y necesario para intentar nuevamente una reforma agraria; la expropiación de tierras que no estén cultivadas, y claro, una vez expropiadas se otorguen en propiedad privada a trabajadores agrícolas, mozos colonos o campesinos sin tierra o con muy poca tierra.

El objeto de esto y lo demás que contiene la iniciativa de ley, es garantizar el acceso a la tierra y medios de producción para la equitativa distribución de la riqueza, así como el fortalecimiento del Estado, la reactivación económica local, combatir el hambre (situación por demás grave en la ruralidad guatemalteca), la pobreza y extrema pobreza, eliminar la reconcentración de la tierra, y resolver la conflictividad agraria, además de preparar el camino para la industrialización de Guatemala.

La Ley de Reforma Agraria promulgada en 1952 tenía como propósito eliminar todo tipo de propiedad feudal en el campo, abolir las relaciones de explotación como las encomiendas, entregar tierras a los campesinos que no la tenían o tenían muy poca, facilitar ayuda técnica y aumentar el crédito agrícola en beneficio de todos los que trabajaban la tierra. La ley afectaba únicamente a aquellas grandes fincas que tenían tierras ociosas, no afectaba a las tierras productivas y menos aún (al igual que la actual propuesta en el Legislativo) amenazaba el principio de propiedad privada. Es sabido que dicha ley fue una de las principales causas de la contrarrevolución puesto que a quien sí afectaba era a la principal terrateniente del país en ese entonces, la United Fruit Company.

Ni la Ley de 1952 ni esta propuesta en 2017 son Comunistas, solo intentan sacar al país del atraso que provocan los latifundios en la población indígena y campesina, esto, dentro del sistema capitalista y la economía de mercado. No se trata de estatizar la tierra, sino de democratizarla.

Desde la conquista española el aplastamiento de la población indígena a través de la violencia, pasó a ser un hecho que se volvió norma en las relaciones de poder que trascendieron la independencia de los terratenientes criollos y el posterior advenimiento de hacendados y finqueros respectivamente. Así se despojó de sus tierras a la población originaria y así se fundó la República de Guatemala. Vayamos a los números y lugares donde existe pobreza en el país y se podrá constatar esta historia. Rehacer Guatemala o terminar de construirla, pero con base en la equidad y la justicia, es un imperativo para la paz y el progreso.

Sin embargo, a la luz de lo actuado por la actual legislatura y su entrega al conservadurismo y la gendarmería de este “país finca”, dudo mucho que la iniciativa de ley obtenga el apoyo necesario; a menos que la propuesta liderada por el diputado Leocadio Juracán sea apoyada desde la Guatemala profunda y que ésta pare en seco de una vez por todas a quienes se erigieron como dueños ilegítimos, utilizando a guardianes leguleyos y capataces armados.

Fuente: [http://lahora.gt/pais-finca/]

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Danilo Santos Salazar

Danilo Santos Salazar

Politólogo y pensador a contrapelo de la realidad nacional e internacional. Veinticuatro años de trabajo al lado de causas que buscan la transformación de las iniquidades en Guatemala.
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