Los falsos argumentos detrás de la pena de muerte

La crisis de violencia de nuestro país es real -estamos en el vergonzoso ranking de los países más violentos del planeta- y afecta vidas y bienes de los guatemaltecos día a día. Es una violencia que nos afecta a todos, aunque en distinto grado. En algunos barrios de la Ciudad de Guatemala, por ejemplo, la violencia es una realidad a la que se le ve la cara en las extorsiones, asesinatos y violaciones que sufren cotidianamente, y que mantiene a sus habitantes sujetos a un ambiente de terror. No hay duda que es necesario atacar el fenómeno con todas las armas legales disponibles y, en ese sentido, la consideración de la reactivación de la pena capital pareciera una medida plausible. Sin embargo, en realidad es una idea demostradamente equivocada: la pena de muerte no tiene ningún efecto disuasivo sobre criminales y homicidas potenciales.

Bernardo Arévalo

A continuación presento una detallada argumentación en contra de la pena de muerte como medida disuasiva. Propongo dos lecturas: para quienes quieren únicamente el problema y su conclusión: leer la sección I y IV, saltándose la II y III, que quedarían para quienes quieran ver más en detalle la evidencia disponible.

I

La iniciativa presentada por las bancadas de UNE, TODOS, URNG y Convergencia en el Congreso de la República hace algunos días para eliminar de la Constitución Política de la República la pena de muerte ha reavivado la polémica en torno a la utilidad que tiene la pena capital en la lucha contra la violencia. Como era de esperarse, la iniciativa generó la oposición airada de otros legisladores y de sectores de opinión que —al contrario— piden reactivar una pena que, a pesar de estar establecida legalmente, no se aplica desde hace años. La iniciativa de reactivación responde a la convicción de que la pena de muerte es un instrumento necesario para contener la ola de violencia que azota nuestro país, y descansa en la premisa de que la pena de muerte tiene un efecto disuasivo contra la violencia: la aplicación de la muerte tendría el efecto de reducir los índices de criminalidad en el país.

Quienes argumentan que la pena de muerte tiene efecto disuasivo a menudo recurren a la comparación entre Guatemala y los Estados Unidos, argumentando que es evidente la efectividad que ha tenido la pena de muerte para contener la violencia en ese país. Bastaría —según ellos— observar las correspondientes tasas de homicidio. Y de verdad, la diferencia es notable: en 2014, la tasa para los Estados Unidos era de 3.9 (el cálculo se hace por cada 100,000 habitantes) frente a 31.2 para nuestro país. Casi diez veces menor en los Estados Unidos.

Pero en realidad, se trata de una comparación de peras con manzanas: en términos de una serie de indicadores (de desarrollo humano, de número de policías per cápita, de funcionamiento de la infraestructura judicial, etc. etc.) Estados Unidos debe ser comparado con el grupo de países industrializados, como los países europeos, Canadá, Japón o Australia. Y allí, la comparación no es buena: en 2014 la tasa de homicidios de Canadá —vecino y en algunos aspectos socialmente similar— fue de 1.4, la de Francia fue de 1.2 y la del Reino Unido de 1.0. Tasas entre una y cuatro veces menores que la de los Estados Unidos. Y en cada uno de estos países, la pena de muerte ha sido abolida desde hace ya bastante tiempo. Es decir, si comparamos la vigencia de la pena de muerte y la tasa de homicidios entre países que poseen una serie de datos de desarrollo socio-económico y político similar, pareciera que su vigencia en realidad está asociada a una tasa de homicidios mayor.

Pero para mayor precisión, vale la pena hacer la comparación adentro de los Estados Unidos, cuya estructura federal establece que la vigencia de la pena capital es una decisión en manos de las legislaturas estatales. En consecuencia, no todos los estados de la unión americana aplican la pena capital. La teoría de que la pena de muerte es un disuasivo para homicidas potenciales indicaría que aquellos estados que practicaran la pena capital tendrían una tasa menor de homicidios. Pero sucede lo contrario: son los estados que practican la pena de muerte los que tienen tasas de homicidio mayores. Aún más, si se compara la tendencia histórica de la tasa de homicidios en los estados con y sin pena capital, resulta que esta es similar: a la baja desde 1990, con un perfil parecido, sólo que más pronunciado en el caso de los estados que NO aplican la pena capital. Y ojo: no son datos antojadizos: son cálculos hechos a partir de las estadísticas del Bureau Federal de Inteligencia, que es el ente encargado de consolidar los datos de la criminalidad en los Estados Unidos. En consecuencia, la impresión de que la pena de muerte no tiene un efecto disuasivo sobre la tasa de homicidios, se confirma.

II

Lo notable es que la manera como esta evidencia es conscientemente ignorada por quienes abogan por la instauración de la pena capital. Ya en 1978, el Consejo Nacional de Investigaciones de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos —la máxima expresión de la academia norteamericana, cuya función desde 1863 es asesorar a las autoridades gubernamentales sobre cuestiones científicas— había concluido que los estudios realizados hasta esa fecha sobre el supuesto efecto disuasivo de la pena de muerte eran científicamente inválidos. Pero una serie de estudios realizados en los años posteriores, utilizando nuevas herramientas analíticas econométricas y estadísticas, concluyeron que la pena capital no sólo posee un efecto disuasivo neto, sino que este es cuantificable en el número de vidas que se salvarían por cada ejecución que se llevara a cabo. Lo que no dicen —porque no lo saben o si lo saben, porque lo ocultan— es que estos estudios ya han sido oficialmente desacreditados.

En 2006 Jeffrey Fagan, profesor de las facultades de Derecho y de Salud Pública de la Universidad de Columbia, publicó un artículo seminal analizando la literatura científica publicada en años precedentes sobre el tema, tanto aquella que afirmaba comprobar el efecto disuasivo, como los que lo rechazaban. La revisión de Fagan concluyó que los modelos utilizados por los académicos de uno y otro bando contienen una serie de deficiencias y limitaciones que desde el punto de vista científico invalidan los resultados de sus estudios. En otras palabras, sus resultados no tienen valor probatorio, y en consecuencia —agrega— es irresponsable utilizarlos como fundamento de políticas públicas.
Pero el debate no cesó. Los abogados de la pena capital continuaron reclamando ‘la obligación moral’ de aplicar la pena de muerte para salvar vidas, argumentando que aunque hubiera error en el cálculo de la magnitud del efecto, no se podía negar la existencia de un efecto disuasivo. El estudio de Fagan y otros similares eran rechazados sin más argumento que el afirmar la validez de los propios, confundiendo aún más lo que ya era un debate de política pública cargado y complicado emocionalmente. Finalmente, la Academia de Ciencias de los Estados Unidos de América decidió intervenir en la polémica científica y pidió al Consejo Nacional de Investigaciones que llevara a cabo un nuevo meta-estudio de la producción científica sobre el tema.

Vale la pena considerar la dimensión académica de este esfuerzo. El Consejo Nacional de Investigaciones creó un Comité sobre Disuasión y Pena de Muerte, enfatizando su neutralidad ante cualquier posición a favor o en contra de la pena capital, compuesto por 8 académicos del más alto nivel a los que se le encargó la revisión de la literatura científica en la materia desde 1978. Estos, a su vez, comisionaron 15 investigaciones y aportes multidisciplinarios que involucró a un nuevo grupo de expertos. Sobre esa base los miembros del Comité prepararon su informe, el que a su vez fue revisado por 10 expertos más. El proceso —llevado a cabo entre 2011 y 2012— ha involucrado a más de veinte universidades norteamericanas de primera línea, entre las que se encuentran Harvard, Chicago, Duke, Northwestern, California – Berkeley, y Carnegie-Mellon, y a sus mejores expertos en cada uno de los campos relacionados con el problema.

Tras 145 páginas de sesudo estudio, el reporte concluye que los resultados de los estudios cuantitativos sobre disuasión y pena capital —a favor y en contra— no son válidos por los errores y limitaciones en que se ha incurrido en su diseño, desde la consideración de las variables intervinientes, la selección de los datos a considerar, y en la metodología de análisis de los datos. En su función de asesoría del gobierno norteamericano en materia científica, el Comité recomendó ‘..que no se use esos estudios para informar juicios sobre el efecto de la pena de muerte en los homicidios.’ Es decir, el uso de modelos estadísticos-econométricos sobre este tema no ha logrado responder las inquietudes que existen sobre el tema, y las argumentaciones sobre el efecto disuasivo de la pena capital no tienen fundamento científico.

III

De regreso al terreno de las comparaciones, vale la pena recordar un tercer argumento de la variedad ‘peras y manzanas´ que ha circulado en los últimos días: la relación entre los bajísimos indicadores de crimen —y de homicidios en particular— y la vigencia de la pena de muerte en Singapur y algunos otros países asiáticos que la practican. En efecto, Singapur tiene una de las tasas de homicidio más bajas del mundo (0.3 en 2014), como la de Japón (0.3 en 2011), o la de China, que es ligeramente mayor, pero también dentro de las más bajas del mundo (0.8 en 2012). Como en todos estos países se practica la pena de muerte —China mantiene las estadísticas en la materia en secreto, pero se calcula que ejecuta a miles de personas al año— a los abogados de la pena capital les gusta citarlos como ejemplo del efecto disuasivo. Se les olvida mencionar, sin embargo, que Hong Kong, que abolió la pena de muerte hace décadas, y Corea del Sur, que no la practica desde hace casi veinte años, tienen tasas similarmente bajas: 0.4 y 0.8 respectivamente en 2012. En efecto, las tasas de homicidio de varios países asiáticos se mantienen entre las más bajas del mundo pero, evidentemente, este hecho es independiente de la práctica de la pena capital. De hecho, un estudio realizado en 2010 encontró que, al hacer un análisis del efecto de las marcadas oscilaciones en el número de ejecuciones registradas en Singapur entre 1994 y 2005, estas no tuvieron ningún efecto —positivo o negativo— sobre la tasa de homicidios, que continuó su tendencia gradualmente estable a la baja.

En sentido contrario, el análisis del comportamiento histórico de las tasas de homicidio evidencia que los países que abolen la pena de muerte no sufren un aumento de sus tasas de homicidio, como supondría implícitamente la teoría de la disuasión. En Canadá, la tasa de homicidios era de 3.02 antes de su abolición, y tenía tendencia al aumento; tras la abolición y comenzando con el año siguiente, la tasa comenzó a bajar progresivamente hasta alcanzar una tasa de 1.4 en 2012. En Europa Oriental, la pena de muerte fue abolida como parte de los procesos de democratización de los años 90 en República Checa, Polonia, Hungría, Moldavia y Rumanía; para el 2008 ya habían caído en un 60% de promedio, y la tendencia ha continuado. En Lituania, bajó del 10.0 en el 2000 a 3.3 en el 2010. En Turquía pasó del 4.3 en el 2003 a 2.3 en el 2011. Y en Bután pasó de 2.4 en el 2004 a 1.1 en el 2009.

No se trata de argumentar que es la abolición de la pena de muerte lo que tiene un efecto disuasivo sobre la tasa de homicidios. En realidad, la serie de factores que determinan la tasa de homicidio son varios y varían de acuerdo al contexto: cambios en la aceptación y prevalencia de conductas violentas en la sociedad; existencia y severidad de medidas judiciales alternativas; nivel de eficiencia de la investigación criminal y del sistema judicial; nivel de acceso a y circulación de armas de fuego; nivel de desarrollo humano; trayectorias históricas de ‘pacificación’ de las relaciones sociales, etcétera. No es un tema en el que quepan respuestas fáciles.

Sin embargo, si se pueden notar ciertas tendencias claras. El Informe Global sobre Homicidios de Naciones Unidas publicado en 2011 identifica un par de datos críticos. El primero, es la asociación directa entre nivel de desarrollo económico y humano y la tasa de homicidios de un país. Los países con mayores tasas de homicidio tienen bajos índices de desarrollo humano y las fluctuaciones en la tasa de homicidios a menudo se corresponden con los aumentos o descensos del PIB. Adicionalmente, los países que tienen índices elevados de desigualdad tienen tasas de homicidio hasta cuatro veces más elevada que las sociedades menos desiguales. Y mientras los países más violentos del mundo son países con estados de derecho débiles o inexistentes, en el lapso de los quince años anteriores a 2011 todos los países en que se fortaleció la vigencia del estado de derecho redujeron sus tasas de homicidio, sin relación con el establecimiento o la abolición de la pena capital.

IV

En resumen, la aplicación de la pena capital no tiene efecto disuasivo. Punto. La reducción de la tasa de homicidios en el país —ya en tendencia interanual descendente— es tarea efectivamente urgente y necesaria, pero requiere una acción seria y responsable en la materia que analice la problemática desde la complejidad de los distintos factores que inciden en el problema. Cuando se va más allá de la lógica retributiva de Ley del Talión —ojo por ojo, diente por diente— la justicia pasa a ser un instrumento para la construcción de una sociedad mejor: su objetivo no es sólo castigar el delito y repararen la medida de lo posible el daño sufrido, sino contribuir a la erradicación de conductas criminales y violentas de la vida social.

En este sentido, las medidas de corte demagógico destinadas a dar la impresión de que se hace algo ‘drástico’ para enfrentar el problema de la violencia homicida en nuestra sociedad serán, en el mejor de los casos, inútiles y en el peor, contraproducentes. La evidencia histórica apunta a un hecho claro: son los estados que eliminan sus propias conductas violentas —dentro de las que se encuentra la aplicación de la pena capital— los que logran ‘pacificar’ de manera efectiva sus sociedades. Y por el contrario, las evidencias de que la respuesta estatal violenta a la violencia criminal sólo la exacerba y multiplica comienza ya a acumularse en el vecindario: El Salvador y México. Con estos datos en la mano valdría la pena que los abogados de la pena capital se pregunten ¿Qué es lo que realmente persiguen al proponer su reactivación?

En sentido contrario, el análisis del comportamiento histórico de las tasas de homicidio evidencia que los países que abolen la pena de muerte no sufren un aumento de sus tasas de homicidio, como supondría implícitamente la teoría de la disuasión.

Fuente: Nómada [https://nomada.gt/los-falsos-argumentos-detras-de-la-pena-de-muerte/]

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Bernardo Arévalo de León

Bernardo Arévalo de León

Bernardo Arévalo es sociólogo graduado en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Actualmente se desempeña como Asesor Senior en el Equipo Asesor Internacional para la construcción de la paz de Interpeace.
Bernardo Arévalo de León