Los derechos humanos en primer plano

Dos acontecimientos relacionados con los derechos humanos dejan su impronta en agosto de 2017.

El primero es la visita realizada a Guatemala por las y los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quienes, al término de un extenso como intensivo programa de entrevistas y presencia en lugares clave, divulgaron un documento de “observaciones preliminares” en el cual el Estado guatemalteco no queda bien parado.

El segundo de estos acontecimientos es el relevo en la conducción de la Procuraduría de los Derechos Humanos, a concretarse el 20 de agosto, cuando Jorge de León Duque entregue la función de Ombudsman a su sucesor, Jordán Rodas.

Señalar el entrelazamiento de ambos hechos podría parecer ocioso, sobre todo si se aludiera de forma superficial a la materia común de ambos: los derechos humanos. Pero atrás de esa conclusión de Perogrullo hay una densa como profunda condición nacional que no debería pasarse por alto: la precariedad en que se encuentra el goce de los derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, en Guatemala.

Precariedad estructural que se agrava al ritmo en que se profundiza la crisis política e institucional que vive el país. Señal de ese deterioro es, precisamente, la visita de la CIDH. Las voces de alerta desde la sociedad guatemalteca misma y la observación internacional permanente sobre lo que ocurre aquí, explican que el ente regional haya hecho un esfuerzo poco usual: informarse in loco sobre lo que se le ha denunciado persistentemente.

Al hacer esta visita la CIDH da vida a un decir certero: el mensajero es el mensaje. Así, la retórica gubernamental sobre su apertura hacia la auscultación de la entidad visitante carece de sentido, es irrelevante: ese contar de costillas se habría producido de todos modos.

Y si la visita de una delegación de tal peso en la materia es ya un señalamiento en sí misma, las “observaciones preliminares” (cuya primera parte publicamos en esta edición de Revista Análisis de la Realidad Nacional) constituyen un aldabonazo no solamente para el gobierno de turno, sino para todo el Estado y la sociedad guatemalteca en su conjunto. ¿Quién con esa luz se pierde?

Reflexión que enlaza la visita de la entidad interamericana con el inminente inicio de un nuevo período de cinco años en la PDH, a cuya cabeza se pondrá un joven abogado quezalteco con las mejores credenciales académicas y profesionales, pero con una breve experiencia en la ardua brega en defensa de los derechos humanos.

La magnitud de la tarea que afrontará el nuevo PDH, a partir del 20 de agosto, trasciende a la persona. Así lo refleja con claridad el informe preliminar de la CIDH. Es más, trasciende a la institución misma del Procurador de los Derechos Humanos, dado que ella tampoco escapa a la erosión experimentada por las entidades públicas a lo largo de muchos años.

De allí que uno de los primeros desafíos de Jordán Rodas, como él mismo se ha anticipado a decir, es aquilatar y fortalecer la solidez institucional de la PDH, conocerla, establecer un contacto franco y directo con las y los defensores de derechos humanos que en ella laboran: restablecer el clima de confianza interna deteriorada durante la gestión de Jorge de León Duque.

Pero además, como ocurrió a sus seis antecesores, el nuevo PDH deberá encabezar una institución que, a lo largo de sus 31 años de vida, ha tenido que bogar a contracorriente. Una entidad no solamente incomprendida y tratada presupuestariamente como una Cenicienta más, sino permanentemente puesta en entredicho desde un extendido fermento de prejuicios, propios de la mentalidad autoritaria y discriminadora que ha sostenidos por casi dos siglos el remedo republicano guatemalteco.

Paradojas de la historia de este país, tatuado a fondo con el sino del hombre como lobo del hombre, donde tenemos precursores como Bartolomé de las Casas, o José María Peinado, de cuya vibrante pluma surgiera la denuncia de “una sociedad dividida en opresores y oprimidos; y éstos pugnando por pasar a los otros, no con el objeto de mejorar la suerte de sus hermanos, sino con el de tener el infame derecho de concurrir con el déspota a violar la justicia, y apretar la cadena que arrastran unos miserables esclavos”[1].

[1] Peinado, José María (1811 / 1953) Instrucciones para la constitución fundamental de la monarquía española y su gobierno… Pág. 7. Guatemala: Editorial del Ministerio de Educación Pública.

Fuente: [http://ipn.usac.edu.gt/wp-content/uploads/2017/08/IPN-RD-124.pdf]

Narrativa y Ensayo publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.