Llamándonos a respetar ¿cuál “orden constitucional”?

MARCELA GEREDA

Es justamente por las inconstitucionalidades del gobierno que se vive tanta miseria.

En respuesta a quienes pedimos la renuncia de Pérez Molina, este responde: “Yo tengo un mandato constitucional y estoy dispuesto a cumplirlo y finaliza el 14 de enero de 2016”.

Como loro abandonado vuelve a gritar a los cuatro vientos que tiene un mandato constitucional y que, a pesar de la insistencia de distintos grupos de la sociedad civil para que entregue el cargo, lo hará cuando concluya el periodo de cuatro años para el cual fue elegido, porque el “respeta” y “no puede violar” la Constitución.

Uno puede esperar ese cinismo de nuestro mandatario, títere del CACIF y de EE. UU. Pero sorprende que desde hace varios días determinados medios de comunicación de la derecha que se autodenominan “independientes”, nos llaman a la población a diezmar las manifestaciones y a dejar de pedir la renuncia de Pérez Molina para no romper el “orden constitucional” y a “hipotetizar” escenarios diciendo que si renuncia Pérez Molina ello causaría un “grave” vacío constitucional”.

Ante este absurdo llamado uno se pregunta ¿a cuál orden constitucional se refieren?, ¿en dónde ven ese “orden constitucional”?, ¿qué entienden “ellos” por “orden constitucional”?

Cierto es que en este gobierno no ha habido ni un mínimo respeto al orden constitucional, se han pasado la Constitución por donde han querido, es justamente por las inconstitucionalidades en las que han incurrido nuestros gobernantes que estamos hundidos en la miseria, en el absurdo de los privilegios, en la corrupción, en los saqueos y en ese larguísimo etcétera por el que estamos en las calles manifestándonos y exigiendo cambios de estructura en nuestro régimen político.

Por orden constitucional, entendemos aquel que reconoce y garantiza la efectividad de los derechos humanos individuales y sociales por la mediación de los órganos del poder público instituidos y controlados soberanamente. Pero como aquí no hay instituciones gobernadas soberanamente, ni nada que nos garantice nuestros derechos individuales y sociales, no podemos hablar de un “orden constitucional”.

Por ello en la protesta del sábado pasado exigimos refundar el Estado. Esto no nos hace “ni aprovechados ni revoltosos” como maliciosamente han expresado varios periodistas neoliberales. El sistema está podrido y querer construir desde esa putrefacción resulta ilegítimo.

En el Manifiesto del Centro de Defensa de la Constitución (Cedecon) se reconoce que “nos encontramos en una situación límite cuando se vulnera impunemente el modelo político establecido en la Constitución, debido a una interminable saga de manipulaciones, contubernios y corruptelas, encaminadas a doblegarlo y desnaturalizarlo”.

En la Constitución Política de la República de Guatemala, se encuentran todas las razones que justifican la salida del gobernante –que ya no gobierna– sobre el ejercicio del poder público, hay que leer los Artículos que van del 152 al 155 para entenderlo. El Artículo 189 se refiere a la falta temporal o absoluta del Presidente, y el 192, a la falta absoluta del Vicepresidente; en ambos se legisla cómo subsanar esas ausencias, dentro del orden constitucional.

Las inconstitucionalidades de este gobierno han sido hondas e imperdonables. Hagamos memoria: Octubre 2012. Elementos del Ejército guatemalteco dispararon en la Cumbre de Alaska contra civiles indígenas.

Noviembre 2013. Diversas organizaciones campesinas presentaron una Acción de Inconstitucionalidad contra el Acuerdo Gubernativo 154-2013. “En conformidad con la Constitución (Pérez Molina) no tiene facultades para decretar la utilidad o necesidad o la urgencia de un proyecto, debería de haber sido decretado por el Congreso de la República. Prácticamente el Presidente está usurpando funciones con el gabinete”.

Vemos también inconstitucionalidades en el cierre de los Archivos de la Paz, el Estado de Sitio en Barillas, la injusta criminalización de la protesta campesina, la captura y la represión orquestadas contra dirigentes comunitarios que se oponen a megaproyectos que únicamente sirven para expoliar nuestros recursos naturales y seguirnos condenando al subdesarrollo, los innumerables desfalcos y contratos millonarios que han dejado las arcas nacionales en números rojos y con deudas gigantescas.

El Estado ha colapsado, por ello pateamos el tablero. Por ello llamamos a refundar el Estado a través de un proceso constituyente interétnico e interclasista. Necesitamos una reforma radical y estructural enmarcada en la Constitución, una que genere un andamiaje político plural e incluyente, un sistema electoral y un Congreso que nos represente a todos y no solo a unos pocos. No solo invitamos a la recuperación de aquello que da sentido a la vida en comunidad, sino a una revolución política –pacífica– enmarcada en la Constitución.

En el Manifiesto del Centro de Defensa de la Constitución (Cedecon) se reconoce que “nos encontramos en una situación límite cuando se vulnera impunemente el modelo político establecido en la Constitución, debido a una interminable saga de manipulaciones, contubernios y corruptelas, encaminadas a doblegarlo y desnaturalizarlo”.

Marcela Gereda

Marcela Gereda

Antropóloga de corazón y profesión. Enraizada en la literatura, la poesía y el periodismo. He buscado cultivar el ensayo etnográfico sobre situaciones interculturales, urbanas y rurales, tratando de dar cuenta de la dinámica de las hibridaciones y los mestizajes culturales que articulan las mentalidades de conglomerados en situación de marginalidad, como ocurre con las mujeres del Sahara Occidental que han vivido en España y Cuba y que han tenido que volver a los campamentos de refugiados, y con las maras y los mareros de Centroamérica. También ha trabajado para los derechos de salud reproductiva de mujeres indígenas.
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