Cuando los militares guatemaltecos empezaron a utilizar la práctica de la desaparición forzada de personas como un método represivo, creyeron que habían descubierto el crimen perfecto: dentro de su inhumana lógica, no hay víctimas, por ende, no hay victimarios ni delito.

Entre 1973 y 1984, años de fuego, en los que me comprometí con opciones de cambio en Guatemala como parte de una generación que recogió la estafeta de la truncada Revolución de Octubre, viví la desaparición forzada de amigos y amigas y compañeros/as de lucha. Sin embargo, no fue sino hasta que me tocó experimentarla directamente que sentí en la piel y en el alma su impacto brutal. Eso sucedió con la desaparición temporal de mi hermana menor –mantenida prisionera en el cuartel Manuel Lisandro Barillas de Quetzaltenango, de donde huyó tras nueve días de torturas- que fue seguida por la desaparición definitiva de mi hermano, detenido ilegalmente y desaparecido el 6 de octubre de 1981 por la G2 del ejército guatemalteco.

En un país en el que ahora la violencia mata más gente que entonces, adormecido por el impacto de hechos graves contra la vida y la integridad de las personas, en el que la convivencia cotidiana con el horror ha llevado a naturalizarlo, pareciera ocioso seguir insistiendo sobre un crimen que ocurrió hace muchos años. Quienes seguimos hablando de esto somos vistos/as como reliquias de museo viviendo en el pasado, incapaces de “salir adelante” (¡vaya si no!), perturbadas mentales, obsesionadas, infelices, amargadas, destruidas… Esa negación también invisibiliza los rostros de las madres, padres, esposas, hijos, hijas, hermanas, hermanos, de las 45 000 personas desaparecidas, que esconden historias de coraje para sobrellevar la vida con ese sufrimiento.

De allí que sobre la desaparición forzada e involuntaria, social e individualmente se sepa muy poco, o nada. Aunque el crimen haya sido descrito en los informes del REMHI y la Comisión de Esclarecimiento Histórico, no se comprenden sus efectos en las víctimas directas e indirectas ni en su descendencia, ni cómo estos pueden continuar afectando sus vidas y las relaciones sociales en general.

Insisto. Fueron hechos horribles repetidos alrededor de 45 000 veces con el resultado de 45 000 personas desaparecidas, un mal que se extendió como mancha de aceite y destruyó las vidas de las 45 000 familias afectadas. Cuando veo mi dolor y lo multiplico unas doscientas cincuenta mil veces (considerando unas cinco personas por familia), no puedo evitar pensar en el daño generalizado ocasionado por este crimen. Y si recuerdo que después de escuchar mi testimonio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en abril de 2004, mis hijos -nacidos varios años después de haber sido desaparecido Marco Antonio- me dijeron “al oírte, le pusimos nombre a nuestro sufrimiento”, considero que es necesario saber más acerca de sus efectos en las nuevas generaciones. Ese “saber más” no es solamente individual, es también institucional y político, es un saber que debe llevar a asumir responsabilidades sociales y conducir a la verdad y la justicia.

Las reacciones de las familias de las personas desaparecidas, fueron diversas, tantas como víctimas indirectas hubo, pero todas ellas con denominadores comunes: el sufrimiento profundo, la inconformidad, el duelo congelado, la búsqueda del cuerpo, las eternas preguntas dando vueltas en nuestras cabezas (¿Dónde está? ¿Qué le hicieron? ¿Lo mataron? ¿Cómo y cuándo murió? ¿Está vivo/a? ¿Sufrió mucho? ¿Quiénes se lo/la llevaron?…). En general, los sentimientos y emociones son difíciles de expresar y en esa época era imposible hablar de lo que se vivía como familiar de una persona desaparecida. En un medio social y político que aceptó la desaparición forzada como un hecho terrorífico pero “natural”, dado que las víctimas “en algo estaban metidas”, el sufrimiento de las víctimas directas (los desaparecidos y desaparecidas) e indirectas (sus familiares) debía ser ocultado, silenciado, negado. Si alguien era identificado como parte de una familia o grupo donde estaban desapareciendo gente, inmediatamente era asociado con actividades “subversivas” y ponía su vida en riesgo. No era difícil confirmar ese extremo. Las madres y padres y otros familiares, los abogados/as, activistas y demás personas que se atrevieron a denunciar estos hechos atroces en los sesentas, setentas y ochentas fueron perseguidas, asesinadas o desaparecidas. Lo más que llegaban a preguntarse las almas buenas es “¿por qué no se les detiene y se les enjuicia si están quebrantando alguna ley?”.

El terror y la insensibilización, la necesidad de sentirse ajeno/a al peligro de ser desaparecido/a a sabiendas del trato bestial que se les infligía a las víctimas y el dolor que se ocasionaba a quienes les querían, aisló paulatinamente a las familias de las personas desaparecidas, que se vieron privadas del apoyo y la solidaridad que surgen espontáneamente ante una pérdida, ya no digamos del apoyo político y social. El desconocimiento y la incomprensión de las vivencias límite asociadas con este crimen, también llevaron a que las reacciones normales de las víctimas indirectas ante un hecho extremadamente doloroso, fueran vistas –y se sigan viendo- como perturbaciones mentales. Para ejemplos, las locas de la Plaza de Mayo, como apodaron los militares argentinos genocidas a las Madres; y, en Guatemala, la madre de Juan Luis Molina Loza, un estudiante universitario que padeció esta suerte a principios de los setentas, quien en su desesperación se puso en huelga de hambre frente al Palacio Nacional y de allí fue llevada directamente al hospital psiquiátrico[i]. Como el caso de la señora Loza, debe haber habido otros.

Esta situación de ocultamiento y de silencio persiste en Guatemala. Si antes, obviamente, nadie quería que le desaparecieran y se “protegía” evitando acercarse a quienes habían perdido a alguien de esa forma para “evitar el contagio”, ahora no se quiere saber de hechos horribles que parecieran ser parte del pasado y -con excepciones- las familias tampoco hablan de esto.

En una sociedad asolada por el terror, de honda vocación autoritaria, sometida al poder al que no hay que desafiar ni de palabra ni de obra so pena de sufrir el castigo, cualquiera que este sea, paralizada por el miedo, lo que incluye a los familiares de las personas desaparecidas, quizá seamos muy pocas/os quienes seguimos demandando justicia para nuestros seres queridos/as desaparecidos/as forzada e involuntariamente. Talvez ya no se nos relacione con el peligro, como antes, cuando el miedo hacía que la gente pensara que atrás mío iba el escuadrón de la muerte, pero estos esfuerzos continúan sin ser comprendidos y apoyados social y políticamente.

El daño y el dolor se ahondan con la impunidad de los perpetradores, con la negación de lo sucedido, con la invisibilización de las víctimas y sus familias. Comprenderlo quizá contribuya a entender por qué debe hacerse justicia para que nunca más se repita este alevoso crimen y se logre el apoyo social a estas demandas. De allí que emprenda hoy un esfuerzo por dar a conocer qué es la desaparición forzada e involuntaria, cuáles son sus efectos y cómo continúan minando las vidas de las personas afectadas pero también de la institucionalidad.

Orígenes y desarrollo de la desaparición forzada

La práctica de la desaparición forzada surgió en América Latina en la década del sesenta.(1) Con algunos antecedentes mucho más atrás en el tiempo -como la desaparición de cadáveres en El Salvador en 1932, tras las masacres perpetradas por el régimen de Hernández Martínez-, el método como tal principia a configurarse en Guatemala entre los años 1963 y 1966(2).

Desde el primer momento, las desapariciones forzadas mostraron los signos de lo que a través de los años llegó a constituir el método principal de control político y social en ese país: impunidad y absoluta transgresión de las leyes más elementales de convivencia humana.A lo largo de dos décadas, el método se extendió a El Salvador, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Honduras, Bolivia, Haití y México. Amnistía Internacional, FEDEFAM y otros organismos de derechos humanos sostienen que, en poco más de veinte años (1966-1986), noventa mil personas fueron víctimas de esta aberrante práctica en diferentes países de América Latina.

Producto de una política continental de dominación, las desapariciones no son un rasgo exclusivo de las dictaduras militares. Países como México(3), Colombia y Perú, con gobiernos civiles electos, son o han sido escenarios de la misma. Asimismo, sus objetivos se reflejaron una vez más en las desapariciones ejecutadas en Nicaragua, haciendo víctimas en ese país tanto a aquellos que desarrollaron una labor política, social o cultural en favor del gobierno revolucionario, como a los militantes contrarrevolucionarios.

Guatemala: orígenes de la práctica(4)

En los inicios de la década del sesenta, Guatemala se encontraba sumida en una crisis política. Las movilizaciones populares contra la corrupción gubernamental, por los derechos y libertades democráticas y en procura de mejores condiciones de vida se sucedían una tras otra. Las demandas más inmediatas de los diferentes sectores de la población se convertían fácilmente en abiertas confrontaciones políticas debido a la notoria falta de voluntad para satisfacerlas por parte de los sectores en el poder. Estos factores, aunados a la ausencia de canales democráticos para la libre participación popular, abonaron el terreno para el surgimiento del primer movimiento guerrillero que contó con la simpatía y apoyo de gruesos sectores de la población. En el contexto de la crisis se produjo un golpe de estado en marzo de 1963, encabezado por un militar derechista: el coronel Enrique Peralta Azurdia.

Peralta Azurdia suspendió la Constitución de 1956 y gobernó los siguientes tres años por decreto. El estado de sitio estuvo vigente durante la mitad de esos tres años.La seguridad del Estado fue concentrada por el ejército, el que recurrió al más descarnado terror con los objetivos de combatir eficazmente a la guerrilla y aislarla.Como parte de la campaña contrainsurgente fueron emitidas leyes antidemocráticas y atentatorias contra los derechos humanos, como la llamada Ley de Defensa de las Instituciones Democráticas, el decreto 9.(5)
En el marco de esta ley fue organizada la Policía Judicial, bajo la concepción de una policía política; además, se “legalizaron” las detenciones por simples sospechas seguidas de la incomunicación de las víctimas, las que eran sometidas a crueles interrogatorios y salvajes torturas en los centros de detención. Las detenciones fueron haciéndose cada vez más prolongadas y paulatinamente se convirtieron en desapariciones, tal como lo hizo constar el Comité Guatemalteco para la Protección de los Derechos Humanos en un informe a las Naciones Unidas en 1968.En marzo de 1966, en medio de los preparativos del traspaso del gobierno a un civil electo, el abogado Julio César Méndez Montenegro, fueron capturados y desaparecidos 28 dirigentes políticos y populares e intelectuales opositores. Sus cuerpos jamás aparecieron. Posteriormente se logró establecer que habían sido capturados por órdenes del entonces ministro de la defensa, el coronel Rafael Arriaga Bosque. Torturados hasta la muerte, sus cadáveres fueron arrojados al mar desde aviones de la Fuerza Aérea. (6)

Entre 1963 y 1968, “Guatemala fue perdiendo poco a poco su fisonomía jurídica a fin de someterse a los caprichos de unos pocos coroneles y oficiales.”(7) En un proceso de creciente anulación de la sociedad civil por medio de prácticas terroristas, la desaparición forzada cobró alrededor de 45 000 víctimas en Guatemala.Estas 45 000 personas desaparecidas -junto con unos 150 000 asesinatos políticos- forman parte del presente en una nación convulsionada por el terrorismo de estado, que continúa negándose a sí misma al no reconocer la existencia de esos crímenes abominables y no poner en práctica los mecanismos sociales de justicia.

Notas de la primera parte:

[i] Una nota del informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. “Enero, 1971. Ciudad de Guatemala. El Imparcial, 10 de Marzo de 1971, pg. 3. También la madre de Juan Luis Molina Loza llevó a cabo una huelga de hambre frente al Palacio Nacional con el propósito de exigir el aparecimiento de su hijo Juan Luis quien había sido capturado el 13 de enero de 1971, pero la Policía Nacional la detuvo conduciéndola al hospital neuropsiquiátrico, donde la sometieron a un examen médico solicitado por la Policía.”
http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/mds/spanish/anexo1/vol1/no48.html
De otra fuente: “Otro temprano reclamo público que se conoció fue el realizado a favor de Juan Luis Molina Loza, desaparecido el 13 de enero de 1971;3  era hijo de una actriz de radionovelas apreciada popularmente y de un servidor público también conocido en los medios capitalinos. El 9 de marzo de 1971 la progenitora se instaló en el Parque Central, frente al Palacio Nacional, con un cartel que decía: “Soy la madre del licenciado infieri Juan Luis Molina Loza, hoy entro en ayuno permanente, hasta que el Gobierno ponga interés en que mi hijo aparezca. Marzo 1971”. La respuesta del Gobierno de aquel entonces presidido por Arana Osorio, fue mandar una ambulancia de la Policía Nacional y enviar a la demandante al hospital neurosiquiátrico. En poder de la CEH obra un documento que consigna las acciones emprendidas por la familia, que continuó realizando diversas gestiones a favor de recuperar al hijo desaparecido. Ante la humillación perpetrada por el Gobierno y lo infructuoso de los intento, se siguió sosteniendo una lucha que luego se convirtió en un espacio compartido para muchas madres y esposas.4” http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/mds/spanish/cap3/mov1.html

Notas de la segunda parte:

1. Los autores argentinos encuentran antecedentes de las desapariciones en las prácticas nazis durante la Segunda Guerra Mundial, cuando unas siete mil personas fueron trasladadas secretamente a Alemania bajo el decreto Nach und Nebel (Noche y Niebla), emitido por el Supremo Comando del ejército alemán en 1941, legalizadas en el decreto “Noche y niebla”. Siguiendo órdenes de Hitler, los nazis recurrieron a la desaparición de los opositores a fin de evitar que fuesen convertidos en mártires por sus pueblos si eran sometidos a juicios y condenados a muerte. El decreto establecía que cualquier persona podía ser detenida por simples sospechas para ser “desvanecida”, que no podía obtenerse información sobre el paradero y situación de las víctimas, con lo que pretendían lograr una “intimidación efectiva” de la población y los familiares debido al terror paralizante que se desataría. (Amnistía Internacional. Desapariciones. Editorial Fundamentos, Barcelona, 1983, p. 8)
2. Amnistía Internacional. Desapariciones. Editorial Fundamentos, Barcelona, 1983.
3. Tanto en México como en Colombia y Perú se han registrado denuncias de desaparición forzada de personas en la primera parte de la década de los años noventa. Esta situación continúa siendo de extrema gravedad en México, sobre todo en la zona del conflicto interno, y en Colombia. (Ver U.S. Department of State. Country report on human rights practices for 1990 [y años subsiguientes], así como los informes anuales de Amnistía Internacional a partir de 1990.
4. Para este y los demás países, ver “Desapariciones”, Amnistía Internacional. Editorial Fundamentos, Madrid, 1983.
5. Ver texto en: Comité Pro-Justicia y Paz de Guatemala. Situación de los derechos humanos en Guatemala : 1984. Guatemala, diciembre de 1984.
6. En: Galeano, Eduardo. Guatemala, país ocupado. México, D.F., Editorial Fundamentos, 1967.
7. Amnistía Internacional, 1983, p. 29.

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Lucrecia Molina Theissen

Lucrecia Molina Theissen

Soy hermana de Marco Antonio, un niño desaparecido por el ejército el 6 de octubre de 1981 y, por mi nawal, soy Ajpu: cerbatanera, buena cazadora, tiradora, caminante. Mi origen es E y mi destino es Q’anil. Según mi nawal, puedo enojarme, ser alegre, artista o guía espiritual (no soy nada de eso); desarrollé mi inteligencia y me defiendo bien; soy tajante, pero no delicada, tampoco me enfermo ni evado responsabilidades.
Lucrecia Molina Theissen