¿La defensa de la vida o el medio ambiente?

Edelberto Torres-Rivas

La introducción de factores tecnológicos de modernización en sociedades tradicionales puede producir fuertes rechazos populares o conductas negativas del Estado. Desde 2004 se movilizan iniciativas empresariales en programas hidráulicos, construcciones de infraestructura, minas de distintos minerales, explotación agroindustrial de recursos vegetales y animales, producción de electricidad y muchos otros más. La mayoría son proyectos extranjeros, concesiones a megaempresas que son como regalos que las autoridades, arrodilladas de antemano, otorgan. La moral frutera, que Estrada Cabrera practicó regalando tierra, agua, derechos de transporte, dignidad, se repite de nuevo. La contradicción inevitable entre la modernización económica y la protección social plantea el respeto a la vida humana en el centro del progreso. Para que así sea hay que pelear; la necesidad de progreso que la sociedad necesita no debe ser superior a la protección social que los trabajadores reclaman.

En Huehuetenango están instalándose varios proyectos hidroeléctricos y de explotación minera, concesiones impuestas por el Estado a las poblaciones correspondientes, a veces sin consultarles. Los líderes indígenas y mestizos se han opuesto a la implantación de estos proyectos por medio de consultas comunitarias y otras manifestaciones de oposición. Se ha usado la fuerza policial y militar, ha habido heridos y muertos; detenidos y perseguidos. Los gobiernos privilegian a los finqueros e inversores antes que escuchar a los campesinos. He aquí algunos ejemplos de los muchos que hay en este problema:

Resistencia a la construcción y puesta en marcha de la Hidroeléctrica Santa Rita en Río Dolores, Cobán, Alta Verapaz (2013): Grave conflicto, se contabilizan siete muertos, entre ellos dos niños. Despliegue de más de mil quinientos policías, destrucción de vivienda y desplazamiento de comuneros q’eqchi’ hacia las montañas, 30 órdenes de captura, al menos tres presos políticos.

Manifestación pacífica de pobladores de Totonicapán por los altos precios de la energía eléctrica, en apoyo a los normalistas en su resistencia al cierre de la carrera de Magisterio, y en contra de la reforma constitucional. Este día se nombró como la Masacre de Alaska, ya que murieron seis comunitarios k’iche’ y 34 resultaron heridos, a manos de miembros del Ejército.

Desalojos violentos en el Valle del Polochic (2011) con patrocinio de la empresa cañera Chab’il Utzaj, tuvo como consecuencia tres muertos, viviendas y cultivos arrasados, y más de 700 familias despojadas de tierras y por tanto, con precaria capacidad de producción para alimentación. Sin solución.

Desalojos violentos y ataque en contra de comunitarios q’eqchi’ en El Estor (2007) por parte de la minera de níquel Hudbay Minerals y fuerzas policiales, en donde se asesinó a un maestro q’eqchi’, se dejó parapléjico a otro comunitario y once mujeres fueron víctimas de violación sexual.

Entre 1998 y 1999 se estableció una moderna plantación de palma aceitera, en Petén, aproximadamente 100 caballerías en la parte sureste del municipio de Sayaxché.1 Los propietarios de “Aceite Olmeca” y “Reforestadora de Palmas del Petén” (Repsa), la familia Molina Botrán, han ido acumulando terreno y se estima que poseen siete fincas, solo en Sayaxché. Repsa es una “reforestadora”, encargada de acabar con todos los árboles de la selva petenera que ahora les pertenece, destruir la extraordinaria riqueza forestal que todavía le queda a Guatemala.

Hace poco, en abril-mayo, se provocó un estremecedor brutal desastre por contaminación del Río La Pasión; provocó la muerte por envenenamiento de una enorme cantidad de peces y otras especies, algo equivalente a unas diez toneladas. “…El problema originado por el desborde de aguas residuales en la laguna de oxidación de la planta extractora 2 de REPSA causó la muerte de cientos de especies que habitan en el Río La Pasión originando lo que se considera como el más grande desastre natural causado en esta zona…” (Declaración de comunidades del río La Pasión). La calidad del daño no tiene nombre, son cien kilómetros de agua seriamente contaminada a lo largo del río. Se acabaron los peces por un tiempo aún no determinado, se terminó el trabajo para la gente y la comida para los familiares. Los daños no han sido valorados con criterio científico. Este atentado a la naturaleza del país, a sus recursos humanos, tiene culpables. No es resultado de la casualidad, es el mal manejo tecnológico que provoca el daño y la muerte.

La indignación frente al desastre movilizó la protesta de la población petenera. Encabezó la denuncia Rigoberto Lima Choc, joven ambientalista que además, fue electo como concejal del municipio de Sayaxché. Su empeño y su iniciativa lograron movilizar a la población local, Rigoberto fue asesinado el 17 de septiembre, un día después que el Juzgado Ambiental de San Benito ordenó el cierre temporal de Repsa. Era una mañana llena de luz, plena de gente frente a los juzgados, llegaron los sicarios (dos jóvenes criminales en una motocicleta), se detuvieron y uno con calma en la mano disparó con impunidad. La vida de Rigoberto Lima terminó allí, joven y pleno de coraje, como han terminado decenas de activistas que creen en la posibilidad de un mundo mejor. Los asesinos no saben por qué mataron, tampoco por qué los peces están envenenados, o por qué se cortan tantos árboles allí. Seis días después, el abogado Roberto Rolando Álvarez, asesor de los pobladores de San Benito fue asesinado por asesinos que se movilizaron en moto.

¿Cómo hacer justicia esta vez?

 

1.- La tragedia del Río La Pasión y la muerte de Rigoberto Lima deben ser esclarecidas, juzgadas y castigadas. Estamos en los prolegómenos de un nuevo gobierno que debe dar respuesta a estas demandas con una nueva actitud.

Fuente: http://elperiodico.com.gt/2015/09/27/domingo/la-defensa-de-la-vida-o-el-medio-ambiente/

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