Inaudita actitud empresarial

Manuel R. Villacorta O.
manuelvillacorta@yahoo.com

Nunca antes la población guatemalteca había apoyado tanto a una institución como ocurre ahora con la Cicig. Ese apoyo tiene una base sólida: los resultados logrados en contra de la corrupción. Ese apoyo se extiende por inferencia hacia el Ministerio Público, lo cual es especialmente positivo, por cuanto el MP forma parte del andamiaje institucional nacional.

Existen otras dos instancias muy importantes: el Ministerio de Gobernación y la Corte Suprema de Justicia. Si bien es cierto que estas dos últimas no han logrado superar sus ancestrales problemas estructurales, no se puede negar que ha habido esfuerzos para mejorar su funcionamiento. Nuestro mayor anhelo como guatemaltecos es tener pronto un tríptico institucional (MP, Mingob y CSJ) fuerte, independiente y funcional, que nos permita la plena aplicación de la justicia, que no haga distinciones entre ricos y pobres, hombres y mujeres, indígenas y ladinos. Exigimos justicia, universal e igualitaria para todos.

Pero, con profunda humildad y una altísima cuota de vergüenza, deberíamos saber y aceptar que los logros de la Cicig, tan importantes y motivantes, se deben gracias a los impuestos que pagan los estadounidenses, los suecos, los alemanes, los españoles y en síntesis, miles de personas que no son guatemaltecas. Porque la Cicig opera con fondos internacionales que provienen de impuestos aplicados a extranjeros que ninguna responsabilidad tienen respecto a lo que ocurre en Guatemala.

Irónicamente, algunos empresarios del país, reacios por historia a cumplir con sus obligaciones fiscales, hace apenas algunas semanas, expresaban públicamente su apoyo a la Cicig. Pero ahora que el comisionado Iván Velásquez, acompañado de otras autoridades nacionales relacionadas con el sistema de justicia, plantea con probada razón la necesidad de crear un impuesto temporal para apoyar esta histórica cruzada contra la corrupción y la impunidad, algunos empresarios reaccionan negativamente.

No han pagado impuestos excusándose en que las instituciones del Estado son corruptas y malversan los recursos públicos, ahora que esos recursos estarían dirigidos hacia instituciones públicas que están demostrando eficiencia, a pesar de tantas limitaciones, injustificablemente vuelven a negarse a cumplir con sus obligaciones tributarias.

¿Acaso estos empresarios no ven que la impunidad y la criminalidad también está matando sus empresas? Es absurdo ver pequeños vehículos que venden embutidos custodiados por guardias privados con armas de grueso calibre. Los camiones repartidores de alimentos renunciaron a ingresar en las llamadas zonas rojas que representan ya más del 50 por ciento de los territorios urbanos de Guatemala.

Para nadie es un secreto que muchas de las grandes empresas han optado por pagar las extorsiones. ¿Cómo es posible que rechacen el pago de un impuesto temporal que les beneficia directamente? Si el sistema de justicia necesita recursos y la Cicig lo plantea al pueblo, seguramente de centavo en centavo lo pagaremos todos, sin ser grandes empresarios, con esfuerzo, pero con mucha dignidad.

No han pagado impuestos excusándose en que las instituciones del Estado son corruptas y malversan los recursos públicos, ahora que esos recursos estarían dirigidos hacia instituciones públicas que están demostrando eficiencia, a pesar de tantas limitaciones, injustificablemente vuelven a negarse a cumplir con sus obligaciones tributarias.

Manuel R. Villacorta O.

Manuel R. Villacorta O.

Doctor en Sociología Política. Universidad Pontificia de Salamanca, Summa Cum Laude. España. Licenciado en Ciencia Política. Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala. Es autor de varios libros y publica una columna semanal en Siglo 21.
Manuel R. Villacorta O.