Dignificación y justicia, no limosna

Editorial Siglo21
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El gobierno de Guatemala inició ayer el cumplimiento de un ejemplar, aunque tardío, programa de resarcimiento a las víctimas, damnificados y desplazados por el embalse de la hidroeléctrica de Chixoy.

Habitantes y comunidades de tres departamentos, Quiché, Alta y Baja Verapaz, ven concretarse, así, los primeros resultados de una lucha jurídica, política y moral en la que tuvieron que vencer y convencer a cuatro gobiernos sucesivos, desde el de Óscar Berger (2004-2008) hasta el interino de Alejandro Maldonado Aguirre, pasando por los de Álvaro Colom (2008-2012) y Otto Pérez Molina (2012-2015).

La Política Pública de Resarcimiento aprobada en noviembre de 2014 (Acuerdo Gubernativo 378-2014) que constituye la base legal de los pagos iniciados ayer, fue la culminación de las luchas de la Coordinadora de Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica de Chixoy (Cocahich), que enfrentó a los gobiernos de turno pero también a burocracias obtusas, a cuya insensibilidad cabe atribuir gran parte de los 12 años de rezago en este acto de justicia.

Esa política pública, que da obligaciones a los cuatro próximos gobiernos, establece el propósito de “dignificar y rehabilitar a las poblaciones damnificadas en relación con los problemas, ambientales, antropológico-culturales, socioeconómicos, infraestructurales, sociales y psicosociales”, ocasionados en las 33 comunidades afectadas por la construcción de la mayor hidroeléctrica del país, “para hacer justicia y recuperar el proyecto de vida de las comunidades”.

Es una visión integral de resarcimiento, de dignificación y reparación que va más allá de sus componentes monetarios. No es una dádiva ni una limosna, sino el pago de una deuda, sobre todo moral, del Estado y la sociedad guatemaltecos con las víctimas de una forma de entender e imponer el “progreso”.

Es obligado recordar que el proyecto hidroeléctrico de Chixoy, aparte de los consabidos sobrecostos de la escandalosa corrupción de la época, se impuso a sangre y fuego, violentando atrozmente los derechos humanos de la población asentada en la región afectada por el embalse.

Por eso es muy importante que la base de la reparación no sea la convencional idea de atender “daños y perjuicios”, sino el restablecimiento de los derechos humanos violados. Enfoque que conlleva un componente de gran trascendencia para el porvenir inmediato del país: la garantía de no repetición.

Esto supone que, nunca más, el Estado de Guatemala podrá consentir políticas de construcción de grandes obras de infraestructura, para el caso hidroeléctricas, sin contar con la consulta y el consentimiento previo de las comunidades.

Que no se engañen quienes, trasnochadamente, sostienen que este fue un nuevo acto de condicionamiento foráneo. Esta es una nueva victoria de la moralidad y la justicia frente a un trágico pasado, que no debe volver a repetirse.

Por eso es muy importante que la base de la reparación no sea la convencional idea de atender “daños y perjuicios”, sino el restablecimiento de los derechos humanos violados. Enfoque que conlleva un componente de gran trascendencia para el porvenir inmediato del país: la garantía de no repetición.

Fuente: [http://www.s21.com.gt/editorial/2015/10/16/dignificacion-justicia-no-limosna#]