Cuando las líneas se conectan

«Para entenderlo hay que recordar que todo está conectado con todo por todas partes»
(Leonardo Boff).

Magalí Rey Rosa

Recientemente, las más altas cortes de justicia de Guatemala ordenaron la cancelación de una licencia minera por falta de cumplimiento legal. La transnacional Kappes, Cassiday y Asociados se atreve a ignorar órdenes judiciales y decide seguir violando la ley. Este gesto desafiante cuenta con el apoyo manifiesto del sector empresarial organizado. ¿Por qué el Ministerio Público, el de Gobernación y el de Energía y Minas permanecieron impasibles? ¿Quién tendría que haber actuado para que se cumplieran las órdenes de las cortes de justicia? ¿Qué pasa en un país que lucha contra la corrupción cuando los más poderosos son quienes violan la ley?

La población guatemalteca, asqueada y ahogada entre el maremágnum de corrupción y el robo descarado del erario nacional, no puede darles seguimiento a tantos otros temas importantes como el desabastecimiento de medicinas en los hospitales, la desnutrición infantil, la trata de personas, la contaminación, el desvío de los ríos o la minería metálica. Es difícil aceptar que durante tantos años los funcionarios de turno se hayan dedicado a enriquecerse con dinero del pueblo y que muchísimos empresarios han participado —de una y de otra manera— del saqueo mientras miles de niños mueren de hambre. Pero es importante. Como es importante también entender que muchos de estos temas están conectados por las líneas.

Los grandes medios de comunicación les dedican el menor espacio posible a ciertas noticias que, aunque importantes, no interesa mucho que se conozcan. Una de ellas está profundamente relacionada con la conflictividad en nuestro país: la minería metálica. Gracias a que ahora las notitas sobre minería apenas salen en páginas de hasta atrás, poca gente se ha percatado de uno de los casos más importantes que se desarrollan en la actualidad, que podría sentar un precedente legal determinante en la historia de la minería metálica en Guatemala y en el combate de la corrupción: la suspensión de la licencia del proyecto Progreso VII Derivada, que corresponde a la mina El Tambor, a la que se opone la Resistencia Pacífica de La Puya.

La importancia del precedente legal que sienta la mina El Tambor, con la cancelación de la licencia del proyecto Progreso VII Derivada, es enorme. El Cacif se la dio, a juzgar por la postura pública que asumió su nuevo presidente, el señor González Campo —cuando afirmó públicamente que es un error fatal eso de cancelar licencias mineras—, y por la plata que gastó en campos pagados de páginas enteras con el mismo mensaje. Se podría entender que no quieran asustar a inversionistas extranjeros, pero nunca si eso implica desacatar órdenes judiciales, y menos cuando significa causarles tantos problemas, dolor e indignación a miles de familias guatemaltecas.

Aunque no sorprende, decepciona profundamente que, cuando nuestro país necesita del compromiso incuestionable de todos los sectores en la guerra contra la corrupción, uno de los actores más poderosos haga caso omiso de las decisiones de las más altas cortes de justicia y exhiba descaradamente el apoyo incondicional del sector industrial organizado a una empresa que viola la ley. Además de estar en desacato por no haber hecho la consulta necesaria para operar correctamente, que es el argumento legal esgrimido por las cortes, esta operación minera está plagada de elementos oscuros: el proyecto se presentó a la población local con engaño (aseguraron que iban a instalar una planta para producir y envasar tomates), la compañía nunca tuvo —y aún carece de— licencia de construcción, se obtuvo la aprobación del Ministerio de Ambiente con una evaluación de impacto ambiental calificada como impresentable por expertos internacionales en minería metálica, con cierto aire militar se ha enfrentado violentamente a la mayoría de pobladores locales que se mantienen pacíficos, y los contribuyentes guatemaltecos tenemos que pagar —nos guste o no— la seguridad de los mineros con cientos de policías asignados por el Ministerio de Gobernación para esa tarea. Algunas de estas cuestiones son ilegales. Otras son francamente ilegítimas y corruptas.

…decepciona profundamente que, cuando nuestro país necesita del compromiso incuestionable de todos los sectores en la guerra contra la corrupción, uno de los actores más poderosos haga caso omiso de las decisiones de las más altas cortes de justicia y exhiba descaradamente el apoyo incondicional del sector industrial organizado a una empresa que viola la ley.

También hay indicios de que, antes del recién pasado proceso electoral, amigos de la minera ayudaron al alcalde de San José del Golfo a empadronar a personas que no son de la localidad porque necesitaban urgentemente una consulta a vecinos para legalizar su operación y porque al alcalde le interesaba ganar las elecciones. Ese día hubo extraños incidentes que quedaron registrados por el Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué quieren hacer una consulta los mineros? Porque saben que ese es su pecado original, de acuerdo con un criterio legal que, según sostuvo públicamente el licenciado Acisclo Valladares, debería haber causado que la licencia para explotar la mina Marlin fuese declarada nula ipso iure, al igual que en casi todos los casos de licencias de minería metálica extendidas en Guatemala: la población nunca fue debidamente consultada. Pero, antes de que ellos y sus cómplices pudieran amañar una consulta, las cortes dictaminaron y ordenaron el cierre de las operaciones de la mina El Tambor y la cancelación de la licencia. Confiados en la inoperancia que caracterizó hasta hace poco a nuestras instituciones, frente a la orden original de cierre de la Corte Suprema de Justicia, los señores mineros la apelaron y siguieron operando tranquilamente. Cuando vino la ratificación de cierre y suspensión por parte de la Corte de Constitucionalidad, la estrategia escogida fue sacar los metales más valiosos en helicóptero. Después de varias semanas de sospechosos vuelos sobre la región minera empezaron a circular en las redes sociales las fotografías e imágenes de un helicóptero (que, según el Centro de Medios Independientes, pertenece a Juan Carlos Monzón) que transportaba sacos desde la minera hacia una finca cercana. Al sentirse descubiertos, los mineros cambiaron su modus operandi y dispusieron que los sacos fueran cargados en las espaldas de sus empleados. Según publicaciones aparecidas en medios, la Policía capturó in fraganti a cuatro individuos cuando estaban transportando los que serían en total 19 sacos. Un día más tarde, estos cuatro señores fueron dejados en libertad ¡por falta de mérito! Y según el Centro de Medios Independientes, les devolvieron sus saquitos —cuyo precio se calculaba en $100 000 cada uno—. ¿Cómo es posible? ¿Entiende alguien qué está pasando aquí?

La población guatemalteca y los mineros están enfrentados desde hace más de 10 años. La mayoría de la población guatemalteca no quiere que Guatemala se convierta en país minero. Los mineros extranjeros, sus socios locales y quienes trabajan en minería sí. Entre el 2003 y el 2006, que fueron los primeros años de la nueva minería —la moderna, química y tóxica megaminería—, por un lado estaban los mineros locales y extranjeros y sus funcionarios públicos; del otro lado, las comunidades, los pueblos indígenas, los ecologistas, los religiosos y el 90 % de la población. Durante esos años, en debates, encuentros y seminarios se expusieron argumentos, miedos, esperanzas. Que la minería es buena para el desarrollo, crea miles de puestos de trabajo, provoca un derrame de riqueza, prometían unos. Que si agota el agua, que si contamina, que si enferma a los niños, que si se rajan las casas, temían los otros. Todo se dijo. Todo era teoría. Diez años más tarde conocemos bastante más de cerca lo que puede hacer la minería metálica moderna. Ya no es teoría. Tenemos datos duros para rebatir o fortalecer los argumentos originales. La realidad es que los mineros explotan, extraen, exportan y ganan muchísima plata. Los pueblos en resistencia se agotan y sufren persecución criminal, chantaje gubernamental y hasta división familiar. Cuando la realidad los alcanza, cuando se rajan sus casas, se enferman los niños y se pelean los hermanos, o cuando encarcelan a sus líderes, los mineros se ríen y publican anuncios disfrazados como advertoriales. Cuando todo eso pasa, normalmente ya es demasiado tarde: la mina está a punto de cerrar. Y todo eso lo saben los mineros. Llevamos más de 10 años sabiendo que la Ley de Minería que tenemos es fatal para Guatemala. Nuestros diputados están demasiado ocupados como para estar pensando en los intereses de la población guatemalteca, que es lo que menos les importa. Y nosotros seguiremos siendo testigos de cómo roban y saquean.

A estas alturas del 2016, nadie puede negar que la minería metálica es excelente para el desarrollo de los mineros y de la corrupción.

Pero hoy no es lo mismo que ayer. Algunas cosas, aunque mucho más despacio de lo que querríamos, están cambiando.

Recientemente platiqué con algunas personas de la Resistencia Pacífica de La Puya. Ellos sabían que el gobierno de Pérez y Baldetti estaba en la cama con los mineros. Me conmovió oírlos decir que creyeron que las cosas iban a cambiar con la llegada de Jimmy Morales a la presidencia. Al principio se acercaron al Gobierno, quisieron creer en un cambio y confiaron en sus nuevas autoridades. Hoy se sienten desamparados y frustrados. Quisieran denunciar al Ejecutivo, al Ministerio de Gobernación, al Ministerio de Energía y Minas y hasta al Ministerio Público, que parecen decirle al pueblo que los poderosos pueden violar y desacatar la ley. «Ellos están fomentando la impunidad», dijeron con enorme tristeza. Ahora esperan lo que pueda suceder con las órdenes judiciales que no fueron acatadas. Tozudamente se preparan para mantener su resistencia pacífica. «Es lo único que podemos hacer. No tenemos otro lugar para vivir ni otro futuro que ofrecerles a nuestros hijos. Toca seguir resistiendo con la ayuda de Dios», afirmó una señora de unos 80 años que lleva más de 4 haciendo turnos para cuidar el futuro.

Les recomiendo que lean el testimonio de Edgardo Pérez sobre este asunto. Es el primer ingeniero guatemalteco en Petróleo y Minas.

Durante esos años, en debates, encuentros y seminarios se expusieron argumentos, miedos, esperanzas. Que la minería es buena para el desarrollo, crea miles de puestos de trabajo, provoca un derrame de riqueza, prometían unos. Que si agota el agua, que si contamina, que si enferma a los niños, que si se rajan las casas, temían los otros. Todo se dijo. Todo era teoría. Diez años más tarde conocemos bastante más de cerca lo que puede hacer la minería metálica moderna. Ya no es teoría.

Fuente: PLaza Pública [https://www.plazapublica.com.gt/content/cuando-las-lineas-se-conectan]

Narrativa y Ensayo publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Magalí Rey Rosa

Magalí Rey Rosa

Ambientalista y activista ecológica. Fue una de las fundadoras de la organización Defensores de la Naturaleza. Ha trabajado como directora de la Escuela de Pensamiento Ecologista Savia. En 2009 fue galardonada con la Medalla Presidencial Ambiente y en 2010 decidió devolverla en un acto simbólico de desacuerdo con las medidas que el presidente Álvaro Colom tomó en favor de las empresas trasnacionales.
Magalí Rey Rosa

Latest posts by Magalí Rey Rosa (see all)