Oligarquía

Samuel Pérez Attias

Oligarquía es una palabra derivada del griego antiguo ὀλιγαρχία, que en corto significa «gobierno de pocos».

La oligarquía es la forma de gobierno en la cual el poder es ejercido por un grupo reducido de personas pertenecientes a una misma clase social. El concepto nació en la antigua Grecia para referirse a la degeneración de la aristocracia, otro gobierno de pocos (de los letrados o educados). En una estructura de clases socioeconómicas, los nuevos ricos no logran entrar en los círculos oligarcas, que de alguna forma defienden una especie de linaje parecido al de la nobleza. La oligarquía, entonces y por definición, es un sistema que no concibe la movilidad social hacia arriba.

A partir de esto podemos construir un poco más sobre lo que implica la concentración de recursos productivos, es decir, oportunidades para competir en una economía basada en los mercados en un contexto en el que la democracia aún es susceptible de ser capturada.

No hace falta estudiar mucho para evidenciar la situación guatemalteca en materia de concentración de recursos y de riqueza —y, en consecuencia, de poder— para sacar conclusiones: alrededor de una docena de industrias estratégicas guatemaltecas mantienen el poder económico concentrado en pocas familias y han sido fomentadas, mantenidas y protegidas estructuralmente por diversas instituciones estatales al limitar la entrada de competidores y consolidar su poder en el tiempo. Con ello se vulnera la democracia al establecer, de facto, un sistema político oligárquico, si no una plutocracia (gobierno de y para los ricos).

Si una clase social se concibe como un grupo humano con capacidad de generar riqueza económica, las clases más altas son las que tienen más acceso a generarla. En Guatemala, revisando la historia (Casaús, 2007, y Dosal, 2017), la concentración de recursos productivos y de activos tangibles e intangibles (es decir, la base para construir riqueza) se construyó desde la Colonia y se ha concentrado en un grupo poblacional homogéneo desde entonces.

En una democracia en la cual los indígenas representan casi la mitad de la población total, las políticas públicas enfocadas en el desarrollo deberían reflejarse en altos índices de bienestar, sobre todo para ese grupo particular. En Guatemala no ocurre así. Las mujeres y la población indígena, a pesar de ser aproximadamente la mitad de la población, presentan los peores índices de desarrollo humano, económico y social. Por ejemplo, el salario promedio en Guatemala es de Q2 207.00 mensuales. Sin embargo, al desagregarlo entre indígenas y no indígenas la brecha muestra una diferencia de Q977.00 al mes a favor de los no indígenas. Un hombre urbano gana Q3 393.00 al mes, mientras que una mujer gana Q2 791.00 en promedio [1].

En materia de educación, las mujeres indígenas del área urbana tienen en promedio 3.1 años de educación formal completa, contra el promedio de 8 de un hombre urbano no indígena. Un hombre indígena que compite en el mercado laboral en áreas urbanas con un hombre no indígena tiene en promedio 4.6 años de escolaridad formal. Uno de cada dos niños en Guatemala padece desnutrición crónica, pero la cifra sube a ocho de cada diez si son indígenas.

¿Qué sugieren esos datos? Algo estructural sucede en Guatemala que no permite que las decisiones de política pública beneficien a ciertos grupos humanos, pero sí, por mucho, a otro grupo: un grupo bastante reducido, homogéneo y privilegiado en el país. El estado de la nación permite que un grupo humano viva mejor que los demás. A esto se le denomina desigualdad horizontal. Esa estructura se asemeja a una oligarquía.

Quienes gobiernan en un sistema oligárquico trascienden el espectro ideológico, los tiempos y los tintes políticos. Son capaces de comprar sus propios partidos políticos, así como de colocar funcionarios en puestos políticos clave. Su único interés es mantener el poder que concentran. Capturar la institucionalidad a su favor hace de la democracia y la institucionalidad un espejismo para el resto de la ciudadanía. El artículo de Quiroa, Naveda, Arrazola y Mejía en Plaza Pública evidencia la enorme influencia del sector que concentra oligopolios y poder económico en las instituciones públicas en Guatemala. El poder fáctico que mantiene a los mercados concentrados, al Estado secuestrado y a los medios distrayendo a la población es motivo de preocupación de la izquierda, pero debe serlo también de la derecha progresista.

No es que los criollos rubios, blancos y con apellidos extranjeros [2] (no originarios de la región mesoamericana) sean más inteligentes, de una mejor raza, tengan sangre noble o posean un ADN superior al del resto. Es un proceso más complejo y multicausal que, sin embargo, puede explicarse desde la perspectiva económica al afirmar que ese grupo humano ha heredado desde la Colonia más acceso relativo a factores productivos, a educación, a mejores servicios de salud, a capital financiero, a servicios públicos, a información privilegiada y a mercados internacionales en relación con el resto de la población. Una población que por herencia biológica y cultural tiene la piel menos blanca, el pelo más oscuro, un idioma materno distinto al castellano y una religión menos cristiana que el grupo dominante nace en desventaja relativa para competir en igualdad de condiciones. Es el grupo que se beneficia de una estructura oligárquica en el país.

Esto no implica que ser blanco o rubio signifique ser una persona mala, que quienes tienen apellidos españoles sean enemigos del pueblo o que quien no los tenga sea una persona buena. Tampoco implica que todos los rubios y las rubias formen parte de esa clase socioeconómica y pertenezcan a la oligarquía, aunque tan solo por su fenotipo el sistema les derrama poder relativo y privilegios desde su nacimiento.

Las leyes del país fueron hechas y diseñadas bajo un pensamiento occidental, bajo una lógica colonialista y fundamentalmente eurocéntrica, cristiana y patriarcal. El marco legal no se fundamenta en el paradigma cultural ni en la cosmovisión de la población indígena, una parte importante de la población guatemalteca. De hecho, ni esa población indígena ni las mujeres están representadas en el Congreso, en las decisiones de los gobiernos de turno y en los puestos de decisión empresarial o gubernamental en la misma proporción que la población total del país.

Con industrias oligopólicas (mercados concentrados) y sin democracia representativa, el gobierno que ejercen pocos —es decir, la oligarquía— se consolida en el tiempo con muchos resabios de una estructura colonialista-excluyente y beneficia solo a ese grupo dominante a través de la captura de las instituciones, la compra de voluntades, la manipulación de información en los medios y el secuestro del Estado a su favor, en evidente detrimento del resto. Ese es el statu quo que los grupos que concentran poder buscan preservar.

El impacto social neto negativo de que existan mayorías viviendo en pobreza y sin oportunidades de salir de ella no es trivial. Afecta y afectará en el largo plazo, incluso a quienes tienen resuelto su problema económico individual.

No nos perdamos: cuando la riqueza se concentra en pocos y la pobreza en muchos, el subdesarrollo es de todos.

[1] Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos 2016.
[2] Europeos, sobre todo.

Fuente: Plaza Pública [https://www.plazapublica.com.gt/content/oligarquia]

Narrativa y Ensayo publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Samuel Pérez Attias

Samuel Pérez Attias

Ser Humano, Cosmopolita. Economista y Profesor Universitario. Escribo por convicción y no por compromiso. Más que optimista o pesimista, prefiero ser realista. Si de etiquetarme se trata, pues estoy a la derecha de la izquierda y a la izquierda de la derecha. Satisfecho con la vida mientras más vivo. Inconforme con lo que Sé mientras más aprendo.
Samuel Pérez Attias