Necropensiones

Antoni Aguiló – Público.es

 Se jacta el ministro Cristóbal Montoro de que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 son los “presupuestos más sociales de la historia de la democracia española”. No es necesario ser especialista en la materia para saber que la afirmación del ministro de Hacienda es falaz y está fuera de la realidad. A título indicativo, el proyecto de PGE del Gobierno incrementa la partida de gasto de Defensa en un 10,7% y le asigna 819 millones más para 2018, mientras que la inversión en pensiones, consecuencia de la revalorización del 0,25%, tan solo aumenta un 3,7% más. Por su parte, el presupuesto educativo crece solo un 3%. Para sorpresa de muchos, la calculadora de Montoro solo contempla una partida estatal de 80 de millones de euros para la lucha contra la violencia de género. De aprobarse los PGE, el ministerio de Defensa sería uno de los más beneficiados, cuyo incremento porcentual muestra una clara tendencia alcista. Si se compara el incremento porcentual entre el gasto militar y el gasto social, se ve que al Gobierno le resulta más gratificante y rentable invertir en armas que en desarrollo humano y social.

La reciente visita del príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, para la compra de material de defensa, que fue recibido con los máximos honores de Estado, es reveladora de algo todavía más preocupante y profundo que la tendencia alcista en el gasto militar de los PGE: ilustra la estrecha relación entre militarismo y neoliberalismo, auspiciada en este caso por el Gobierno y la Jefatura del Estado español. Investigadoras como Vernadette Vicuña han ido mucho más allá al denunciar las complicidades entre el neocolonialismo, el militarismo y el neoliberalismo. En su libro Asegurar el paraíso: turismo y militarismo en Hawai y Filipinas (Duke University Press, 2013), Vicuña explora los vínculos existentes entre el crecimiento de la industria turística y el complejo militar-industrial en Hawai y Filipinas: en el Pacífico, el turismo depende y camufla proyectos imperiales que el poder militar respalda, en el sentido de que este apoya y abre nuevos mercados para que fluya el consumo y el capital financiero bajo el discurso del ocio y la movilidad.

Sin duda, uno de los temas que vienen marcando la agenda política y social de las últimas décadas, sobre todo desde la crisis financiera de 2008, es precisamente el estrangulamiento del Estado de bienestar en Europa por la economía neoliberal del desempleo, de la deuda, de la guerra, de la precariedad, de la austeridad y del fin de la protección social. Los neoliberales quieren un Estado al servicio de las élites financieras, de las trasnacionales y de organismos abducidos por el neoliberalismo, como el Fondo Monetario Internacional; un Estado cada vez más represivo y autoritario que convierta los derechos económicos y sociales conquistados en asistencialismo, filantropía y caridad.

En los últimos tiempos, el neoliberalismo ha alcanzado un punto de no retorno en el que, para reproducir los procesos de acumulación y explotación, necesita poner en marcha aquello que el filósofo Achille Mbembe llama “necropolítica”. Se refiere a la adopción de una política de muerte a gran escala dirigida contra determinadas vidas humanas: vidas no rentables, vidas dependientes, vidas crónicamente enfermas, vidas desempleadas, vidas sin techo, vidas migradas, vidas con VIH, vidas refugiadas, vidas con discapacidad, vidas jubiladas, etc. La necropolítica establece quién tiene derecho a vivir y quién tiene que ser sacrificado en el altar de los intereses del capitalismo global, determina, por tanto, quiénes son sujetos y quiénes objetos. El necropoder es un poder que no solo buscar intimidar, sino también destruir material y simbólicamente las expectativas de las personas, cuya existencia es instrumentalizada por los intereses del poder, por lo que incluye formas extremas de violencia, despojo y corrupción. Se trata de un concepto que sugiere el paso de un capitalismo de la exclusión a un capitalismo del exterminio y el genocidio social que funciona con el apoyo de la democracia liberal. En este contexto, no resulta extraño que analistas como Boaventura de Sousa hablen de la actual presencia de un “fascismo social” que corroe la democracia, castiga a los pobres y conduce a nuevos autoritarismos en el campo social. El Estado crea las condiciones para la necropolítica a menudo con el consentimiento implícito de la sociedad, como cuando se guarda silencio ante el racismo, la transfobia institucional y otras formas de discriminación.

¿En qué medida la revalorización del 0,25% de las pensiones de jubilación y el incremento presupuestario del 3,7% no es el reflejo de una operación más de necropolítica cotidiana? ¿Realmente estamos ante unos presupuestos sociales, como pretende hacer creer el Gobierno, o ante unos presupuestos propios de una necroeconomía que se ceba con la explotación y el empobrecimiento de la vida, en este caso con la de los jubilados? No nos engañemos: el parche presupuestario que propone el PP en los PGE no garantiza el combate efectivo a las pensiones de miseria que hoy tenemos. El Estado de bienestar que Europa ha conocido debe tener como objetivo la justicia social. Precisamente uno de los instrumentos de realización de esa justicia es la redistribución de los rendimientos.

Pero hay más ejemplos espeluznantes de una necropolítica de clase en el marco de los PGE que muestran una distribución escandalosamente desigual e injusta de los recursos públicos. Como se detalla en la web de la Casa Real, la Familia Real contó en el ejercicio 2017 con un presupuesto de 668.952 euros, que en el proyecto presupuestario de Montoro para 2018 se incrementa en un 0,9%. De esa cantidad, al rey emérito le correspondieron 191.124 euros (repartidos en 12 mensualidades de 15.927 euros procedentes de las arcas públicas). Mientras que ciertas élites privilegiadas gozan de una jubilación emérita premiada con una fabulosa pensión, el 41,85%, de las pensiones de jubilación en España no supera los 735,89 euros, por no hablar del bajísimo nivel cuantitativo de las pensiones no contributivas (personas con esquizofrenia, por ejemplo, que perciben 369 euros mensuales).

El filósofo Baruch Spinoza decía que el ser humano es en esencia deseo, y en particular deseo de conservar la propia vida, porque es un ser que está ontológicamente determinado a perseverar en su propia existencia, a esforzarse cuanto puede por ser y vivir. Sin embargo, lo que sus señorías de la necropolítica no quieren saber es que ese deseo de vida es también el deseo de querer vivir dignamente y de la mejor manera posible.

Antoni Aguiló es filósofo político del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra

Narrativa y Ensayo publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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Antoni Aguiló es filósofo político y profesor del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra.
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