Logros, retos y límites de la paz pactada

Virgilio Álvarez Aragón

Cuando el 29 de diciembre de 1996 se firmó el último de los acuerdos, el de La paz firme y duradera, no sólo se estaba llegando al cierre de un arduo, complejo y desbalanceado proceso de negociación sino, lo más importante, se estaba poniendo fin a la represión más sangrienta que en América Latina han tenido los pueblos indígenas, cerrándose también el ciclo de la desaparición forzada, tortura y ajusticiamiento extrajudicial de centenas de personas, sólo por parecer, estar próxima o ser comunistas, término con el que los aparatos represivos y sus principales financistas identificaban a todo el que se opusiera a sus designios e intereses.

El principal logro de la firma de ese acuerdo fue que por fin se cerraba ese ciclo sangriento en el que, teniendo a la insurrección armada como pretexto, sirvió no sólo para la degeneración moral y social de un alto número de oficiales y soldados, sino para el enriquecimiento ilícito y acelerado de los de alta graduación. Los alzados en armas podían optar finalmente a las vías legales para intentar acceder al poder político, un intento difícil porque las reglas y normas del juego, pero sobre todo la ideología ya para entonces hegemónica, estaban diseñadas y estructuradas para mantener las relaciones de poder y producción hasta entonces imperantes. La incapacidad política de los comandantes y seguidores ha hecho el resto.

Los ciudadanos podrían nuevamente moverse por calles y carreteras sin temor a ser detenidos y desaparecidos sólo por portar un libro o propaganda considerada subversiva o ser desafecto al régimen o a algún militar en particular. La paz, entendida como el cese de la represión política y la insurgencia armada habían llegado por fin. Y ese no es un logro mínimo. En un país donde las disputas de poder entre las élites durante casi doscientos años se habían resuelto con magnicidios, insurrecciones y enfrentamientos armados, por fin se pactaba de manera clara y abierta el fin de un conflicto, el más prolongado de nuestra historia, y también el más sangrientamente represivo.

Los once acuerdos previos fueron el contexto y la preparación para la firma de este. Y deben ser entendidos y analizados de distinta manera, pues mientras unos se refieren a la salida de los militares del control del Estado (lo que se comenzó a revertir con Pérez Molina y se aumenta día con día con Morales Cabrera), la democratización del sistema político e integración (en clara desventaja) de las diezmadas y sobremilitarizadas organizaciones guerrilleras, otros se refieren al retorno y resarcimiento de las poblaciones desarraigadas por causa del conflicto, derechos humanos en general y esclarecimiento histórico.

La mayoría de ellos se cumplieron en alto grado, pues eran específicos al momento y las circunstancias. En algunos sus debilidades han sido superadas, como es el caso de los juicios a perpetradores de crímenes de lesa humanidad pues, aunque estos imaginaban que los acuerdos les daban un manto de impunidad similar al que sus predecesores consiguieron con Méndez Montenegro, esta vez el derecho internacional ha favorecido a las víctimas y, con ello, al país. Otros, como el de las reformas electorales, han tenido un proceso a cuentagotas, en este caso tratando de impedir la constitución de una democracia efectiva, debido principalmente a la ausencia de cultura democrática en la sociedad en su conjunto.

Las grandes debilidades e inclumplimientos se han dado en los dos que pretendían promover modificaciones profundas del modelo político y social imperante desde la colonia. Los acuerdos sobre Identidad y derechos de los pueblos indígenas (1995) y Aspectos socieconómicos y situación agraria, negociado en 1995 y firmado en 1996. Estos, que harían finalmente de Guatemala una sociedad medianamente moderna han sido despreciados. Es a ellos a los que se oponen de manera virulenta las fuerzas más retrógradas y conservadoras, a pesar de que, dada su negociación están cargados y limitados por la ideología neoliberal y el consenso de Washington imperantes en ese entonces. Es en estos dos puntos donde urge un nuevo acuerdo social, donde el interés de las mayorias esté sobre los egoismos de las minorías, lo que sólo será conseguido por medios políticos cuando se cuente con un amplio acuerdo y movilización social.

Las grandes debilidades e inclumplimientos se han dado en los dos que pretendían promover modificaciones profundas del modelo político y social imperante desde la colonia.

Fuente: [http://www.s21.gt/2017/01/logros-retos/]

Narrativa y Ensayo publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Virgilio Álvarez Aragón

Virgilio Álvarez Aragón

Doctor en sociología, formado en la Universidad de Brasilia. Ha sido docente universitario en Guatemala, México y Brasil. Interesado por los temas educativos, ha investigado sobre la política educativa y el magisterio, pero también sobre la democracia y sus riesgos en las sociedades post conflictos. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran “Conventos Aulas y Trincheras, Universidad y movimiento estudiantil en Guatemala” (dos tomos, segunda edición 2013) y “La revolución que nunca fue: un ensayo de interpretación de las jornadas cívicas de 2015”. Publica sus opiniones en Siglo 21 y Plaza Pública
Virgilio Álvarez Aragón