La responsabilidad por la pérdida de 40

En tanto Jimmy Morales continúa evadiendo su responsabilidad, la impunidad amenaza a las víctimas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

Ricardo Barrientos

Por muchos años y de forma reiterada, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), el Unicef, Plan International y otros han levantado la voz, realizado eventos y acciones políticas y publicado documentos técnicos y científicos que demuestran y documentan el menosprecio del Estado guatemalteco a sus niños y adolescentes.

Y si no es el Estado, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del sector privado? Pues más que demostrado debería estar con el caso guatemalteco que, ante la ausencia de protección estatal, los empresarios no asumen esa responsabilidad. Primero, porque difícilmente cambiarían el destino de sus ganancias para cubrir el enorme costo de rescatar a nuestros niños y adolescentes. Y segundo, porque no es su obligación. El sector privado tiene y apoya algunas iniciativas, las cuales se agradecen, pero son acciones más caritativas o de beneficencia y, con ello, con efectos marginales, no soluciones de impacto estructural como las que se requieren con urgencia.

¿Los padres? Baste citar que algunas de las nueve niñas embarazadas lo están porque sus propios padres las violaron. La gran mayoría de esas niñas y muchachas están allí precisamente porque vienen de familias disfuncionales, desintegradas o agresivas. O sea, pretender que siempre los padres o las madres pueden asumir la responsabilidad por sus hijos es una ingenuidad que raya en lo criminal. Y, bueno, claro está, no es la responsabilidad de las mismas víctimas, ya que sería caer en las estupideces que algunos han dicho, como que «se lo merecían porque eran mareras» o que «fue lo mejor porque eran muy violentas».

Los datos de los estudios del Icefi son espeluznantemente contundentes: en un período de siete años, el gasto que el Gobierno de Guatemala dedicó a sus niños se incrementó solo US$0.17, mientras que en ese mismo período Costa Rica incrementó US$2.14 el gasto público dedicado a sus niños. Situaciones como privilegiar fiscalmente al sector agropecuario y descuidar a los niños son las que explican por qué 3.7 millones de niñas y niños viven en la pobreza y 1.6 millones más están vulnerables a ese flagelo, con historias de vida marcadas por el trabajo infantil, desintegración familiar, maltratos y abusos.

Por eso insulta y ofende la actitud del presidente Jimmy Morales al pretender eludir o diluir su responsabilidad. Él y los funcionarios del Gobierno tienen responsabilidad por la tragedia de la semana pasada y por la tragedia diaria de los niños y los adolescentes, ya que la Constitución y las leyes los obligan. Es decir, harta responsabilidad tienen. Y ya deberían estar implementando medidas correctivas como las que ha recomendado el Icefi.

Esto, si no hubo homicidio, como cada vez más sugiere la información que está revelándose: Jimmy Morales ha confirmado que las niñas y las jóvenes murieron en un salón cerrado con llave y sabía desde la noche del martes de la crisis en evolución, a la cual respondió con fuerza policial y violencia.

Del mismo modo insulta y ofende la prioridad que se les da a los privilegios fiscales como los que se están aprobando para los ganaderos y el resto del sector agropecuario. Queda hoy al descubierto el contraste entre la prioridad que para Jimmy Morales y su gobierno, o para el Congreso, tienen los ganaderos y el sector agropecuario versus los niños y los adolescentes.

Si en 2015 nos indignamos y sacamos a Pérez Molina y a su gobierno por corruptos, solo veo legítimo que en 2017 saquemos a Morales y a su gobierno por homicida culposo de menores, inepto e irresponsable.

¡La muerte trágica de nuestras (hasta ahora) 40 no debe quedar impune!

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Narrativa y Ensayo publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

José Ricardo Barrientos Quezada

José Ricardo Barrientos Quezada

Ricardo Barrientos es especialista en temas de política fiscal. Fungió como viceministro de Finanzas Públicas de Guatemala en 2009-2010. Durante el período 1994-2005 se desempeñó como director y asesor técnico en la Dirección de Análisis y Evaluación Fiscal de ese mismo ministerio. Ha publicado trabajos sobre política tributaria y análisis de la evasión tributaria en Guatemala. Realizó estudios de doctorado en Matemática en la Universidad de Barcelona, España, (2005-2006). Tiene un Certificado en Tributación Internacional de la Universidad de Harvard, Estados Unidos (2000). Es matemático en el grado de licenciado por la Universidad del Valle de Guatemala (1995).
José Ricardo Barrientos Quezada