La élite prefirió a los corruptos que a los valientes (otra vez)

La lucha contra la impunidad en Guatemala no ha sido fácil. Se anotaron victorias entre 2009 y 2013; hubo un retroceso entre 2013 y 2015. Y desde el 16 de abril de 2015, la CICIG y el MP forzaron una inercia contra la corrupción y la impunidad desde que sacaron a luz el caso de La Línea. Avance tras avance –captura tras captura, reforma tras reforma– durante 20 meses hasta ayer. Ayer la élite conservadora se alió a los corruptos y frenaron las reformas constitucionales contra la impunidad en el Congreso.

Martín Rodríguez Pellecer

El PDH, la jefa del MP y el jefe de la CICIG, con caras largas ayer tras la derrota en el Congreso. Foto: Carlos Sebastián

El PDH, la jefa del MP y el jefe de la CICIG, con caras largas ayer tras la derrota en el Congreso. Foto: Carlos Sebastián

En octubre de 2009, hace 7 años, hubo una alianza inédita en la elección de la Corte Suprema de Justicia. Se aliaron La CICIG, las organizaciones de derechos humanos, los países amigos, la UNE y el sector privado organizado. Evitaron que llegaran los peores jueces propuestos por el Partido Patriota y sus secuaces y lograron que la mitad de los 13 magistrados –a veces 6 y a veces 7– fueran independientes.

Convivieron jueces conservadores como Gabriel Medrano (exrector de la Universidad Rafael Landívar) o Gabriel Gómez (abogado corporativo) con jueces progresistas como César Barrientos (uno de los responsables del nuevo sistema penal de juicios abiertos). Jueces que independientemente de su ideología (sí, todos los jueces tienen ideología) eran jueces valientes que se enfrentaron a las mafias (respaldadas por el gobierno mafioso de Pérez Molina y Baldetti) para asegurar que bajara la impunidad.

En 2009 se pudo frenar y derrotar a las mafias por primera vez desde 2000 porque hubo una alianza entre las organizaciones progresistas de la sociedad civil, los países amigos y la élite conservadora.

A partir de ahí, otros dos valientes progresistas –el ministro de Gobernación Carlos Menocal (2009-2011) y la fiscal general Claudia Paz (2010-2014)– empezaron a enfrentar a las mafias que tenían cooptado al Estado. Persiguieron y juzgaron a policías corruptos o policías que asesinaban a jóvenes acusándolos de delincuentes (como ocurre en El Salvador, Honduras o México hasta hoy). Narcos que violaban mujeres y asesinaban a mansalva (como ocurre cada día más en nuestros tres vecinos). Desarticularon bandas de sicarios a más no poder. Emprendieron juicios contra políticos corruptos del FRG. Contra banqueros estafadores. Y contra militares que habían cometido crímenes horribles –incluídos crímenes racistas– antes de la firma de los acuerdos de paz en 1996.

Y todas las primeras capturas y juicios (de policías, narcos, sicarios, corruptos), todas esas capturas que requirieron de muchísima valentía y riesgo para sus vidas y las de sus equipos de policías y fiscales, todo eso fue ignorado por la élite conservadora y los medios conservadores porque les molestó que se persiguieran crímenes (racistas) de la guerra y que se hiciera justicia.

No les importó que bajara la impunidad del 98% al 72% o que la violencia empezara a bajar en 2009 de una manera tan sostenible que estábamos en 48 asesinatos por cada 100,000 y ahora estamos en 28, a 5 del promedio latinoamericano de 23. Tenemos la mitad de asesinatos de nuestros vecinos Honduras y El Salvador. A la élite conservadora no le importó que echáramos a los zetas que habían tomado Cobán a costa de que descuartizaran a un fiscal. No.

Prefirieron declararle la guerra a Claudia Paz –una fiscal valiente e íntegra que trabajó sin apoyo de una CICIG de Dall’anesse que entonces era débil–, prefierieon sacarla antes de que terminara su mandato y divorciarse de las organizaciones de la sociedad civil y de los países amigos (Europa y Estados Unidos) en su intento por luchar contra la impunidad.

Esto fue una primavera para los mafiosos, que en octubre de 2014 se aliaron (Pérez Molina, Baldetti, Sinibaldi, Baldizón y los abogados corruptos) para darle una patada a la CICIG, las organizaciones de derechos humanos, los países amigos, la UNE y el mismo sector privado y escoger ellos solos a la gran mayoría de los 13 jueces de la Corte Suprema de Justicia.

Fueron años duros. La primera masacre de campesinos indígenas en tiempos de paz a manos del Ministerio de la Defensa (en 2012 en la Cumbre de Alaska). La presión del gobierno del PP, que llevó a suicidarse al magistrado César Barrientos (el creador de los juzgados de Alto Impacto). El arraigo en 2014 contra Claudia Paz (que ahora es profesora en la prestigiosa universidad de Georgetown e intentó ayudar a México a esclarecer el crimen de 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa). Y la elección de 120 jueces de apelaciones y 13 magistrados de la Corte afines a Líder y al PP. Recuérdense que Baldizón estuvo cerquita de convertirse en el jefe de Estado de la República de Guatemala.

Pero las valientes y los valientes guatemaltecos –por dicha– no se rinden fácilmente. Recuérdense que son herederos de las luchas por la justicia y la democracia que empezaron hace 38 años contra uno de los regímenes más espantosos del planeta Tierra.

A los valientes les tomó dos años retomar la lucha contra la impunidad. Los valientes esta vez están encabezados por Iván Velásquez y Thelma Aldana (de derecha), ambos escudados con buena parte de los equipos de Claudia Paz y Carlos Menocal, y que no están solos. En 2015 los acompañó la ciudadanía, que sigue respaldándolos y en 2016 han encontrado también a jueces valientes.

Así los valientes retomaron la lucha contra la impunidad y las mafias. Sin apoyo de la élite conservadora en un principio. Con apoyo masivo de la ciudadanía (y de la élite) después. En abril de 2015 hicieron pública La Línea y a partir de entonces empezaron a perseguir a todo lo que pudieron del gobierno corrupto de Pérez Molina y sus aliados de Baldizón. A cuatro presidentes del Congreso entre 2012 y 2015. A jueces corruptos. Y hasta allí todo bien para la élite conservadora.

Hasta que en 2016 empezaron a perseguir penalmente a los financistas de los corruptos. Esos que no sólo habían boicoteado a los valientes en 2014 sino que se habían literalmente aliado a los corruptos por medio de financiamiento ilegal y cobro por medio de obras o contratos o permisos gubernamentales.

Hasta que en 2016 llegó a jefe de la SAT un tan Juan Solórzano Foppa que era miembro del equipo de Claudia Paz y de Thelma Aldana en el MP y que empezó a aplicar la ley y demandar a los que evaden impuestos.

Hasta que la CICIG y el MP se dieron cuenta que para asegurar que la lucha contra la impunidad no sea revertida por jueces corruptos que dejen libres al cártel del Partido Patriota y sus amigos, había que hacer una reforma constitucional del sector justicia.

Una reforma para mejorar los mecanismos de elección de jueces (quitar poder a los abogados, a la USAC y a las Comisiones de Postulación) y una reforma para reconocer legalmente el sistema de justicia indígena (para desatorar al sistema de justicia oficial y para hacer un reconocimiento histórico).

Una reforma avalada por la mejor Facultad de Derecho del país, la de la Universidad Rafael Landívar, por diálogos ciudadanos de 5 meses y por las instituciones que han abanderado la lucha contra la impunidad.

Ah no, esto es imperdonable para la élite conservadora. ¿Meter a mis amigos presos por financiar corruptos? ¿Humillar a mis amigos que no pagan impuestos? ¿Reconocer el sistema de justicia de los indios? No, no, no. Para eso, mejor pasarse a la trinchera de los corruptos y frenar a la CICIG. No recuerdo haber visto un 1% de inversión en energía y recursos para apoyar las reformas para quitar el antejuicio a los diputados o quitar poder a los abogados corruptos. Todas sus energías políticas las invirtieron en frenar el reconocimiento legal del derecho indígena.

No importó si las acciones de los valientes eran éticas. No importó si se enfrentaron a narcos, militares matones, bandas de sicarios, políticos corruptos, empresarios evasores, dueños de medios de comunicación corruptos.

No importa si se enfrentan todos los días –la mayoría sin guardaespaldas– a las mafias que tienen cooptada a Guatemala y hacen que la justicia no funcione.

No. Para la élite conservadora, estos valientes (fiscales, policías, jueces, ministros, políticos) son una amenaza a la estabilidad nacional.

Y son más incómodos que los políticos corruptos. Quizás porque no tienen precio.

Por eso prefieren ponerse en la trinchera de los militares matones –FCN– que reciclaron a los corruptos –diputados de Líder y PP–; en la trinchera de bancadas de diputados perseguidos por la corrupción del PP y ahora disfrazados de MR; bancadas con diputados condenados por tráfico de heroína como Todos; a plataformas mediáticas que dicen abiertamente mentiras; a jueces que protegen a Pérez Molina en salas de apelaciones de Alto Impacto para que la justicia no le siga extinguiendo bienes producto de la corrupción o del financiamiento electoral ilegal.

Ah no, esto es imperdonable para la élite conservadora. ¿Meter a mis amigos presos por financiar corruptos? ¿Humillar a mis amigos que no pagan impuestos? ¿Reconocer el sistema de justicia de los indios? No, no, no. Para eso, mejor pasarse a la trinchera de los corruptos y frenar a la CICIG.

Es una vergüenza el papel de la élite conservadora y los políticos marionetas de Guatemala.

Así como eligieron el lado equivocado de la historia en 2014 están eligiendo el lado equivocado de la historia en 2016.

A los políticos y los jueces corruptos, probablemente perdieron su última oportunidad de autodepurarse.

Pero que sepan que sólo retrasan lo inevitable. Sólo conectan con respirador artificial a los corruptos y a los que disfrutan de la impunidad.

La élite conservadora es una excelente aliada contra las mafias. Compartimos muchos valores. Pero no son indispensables.

Porque así como quitaron a Claudia Paz sólo para que después vinieran Iván Velásquez, Thelma Aldana, Francisco Rivas o Juan Solórzano Foppa, ahora están frenando la lucha contra la impunidad unos cuantos meses para ver cómo reciben el 2017.

En 2015, el entonces fiscal número 2 de la FECI y desde entonces bloguero de este medio, Julio Prado, escribió un poema con el que iniciamos un libro y releemos cada vez que hace falta en esta larga batalla contra la impunidad:

Yo soy tan frágil,
pero me vuelvo invencible
porque si hay algo indetenible es la luz.
Y amigos, está amaneciendo.

* Se había escrito que la elección para la CSJ fue 2013, cuando fue 2014. Fue corregido a las 8:45 del 29/11/16.

Fiuente: [https://nomada.gt/la-elite-prefirio-a-los-corruptos-que-a-los-valientes-otra-vez]