La CICIG: momento para la reflexión

Manuel Villacorta

Según información oficial de la CICIG este ente internacional: “Apoya a las instituciones del Estado en la investigación de las actividades de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, que cometen actos ilegales y que afectan el ejercicio de los derechos fundamentales de la población guatemalteca. La influencia de estos grupos dentro del Estado es considerada como una de las bases fundamentales de la impunidad en el país y como un gran obstáculo que impide los esfuerzos de fortalecer el Estado de derecho”. Debido a lo anterior la CICIG apoya directamente y en particular a tres instituciones del Estado: el Ministerio Público, Ministerio de Gobernación y Organismo Judicial.

Para nadie es un secreto que en Guatemala -como en muchos otros países- la corrupción ha minado la eficiencia del Estado, además de contaminar muchas actividades privadas, al extremo de provocar una fuerte desmoralización en aquellas personas e instituciones que sí acatan el Estado de derecho y optan por la legalidad. La mayoría de guatemaltecos hemos visto con agrado cómo la CICIG y las instituciones del Estado vinculadas a este proceso, han investigado y desarticulado grupos de poder paralelo que habían convertido los recursos públicos en una descomunal fuente de enriquecimiento ilícito y corrupción. Sabemos que la tarea es descomunal y que los riesgos operativos implican potenciales fallas e incluso fracasos en el intento.

El reciente caso en donde perdió la vida el exministro de Finanzas, licenciado Pavel Centeno y resultaron heridos dos elementos relacionados con el intento de captura, es sin duda, la experiencia más compleja que han experimentado la CICIG y el MP a lo largo de sus funciones conjuntas. Plantearlo como un caso típico de suicidio, sin más, no convence a quienes medianamente conocemos cómo se realizan este tipo de operaciones. Los opositores a la CICIG -porque también los hay- aprovecharán este caso para intentar desprestigiar sus acciones. Es imperativo que se aclare el hecho, que se haga con contundencia y a la brevedad posible.

Si bien reitero que muchos, la mayoría de guatemaltecos apoyamos a la CICIG, es muy importante considerar que la sociedad guatemalteca está entrando ya en una dimensión de agotamiento y poco a poco puede perderse credibilidad y simpatía hacia este proceso de lucha abierta contra el crimen organizado y la corrupción. Los procesos judiciales son muy largos y tediosos, muchos de los principales responsables de la corrupción no han sido capturados, además de que se sabe, esta deleznable práctica sigue operando a sus anchas en el Estado.

El señor comisionado de CICIG, Iván Velásquez y todo el equipo directivo de esa instancia internacional, están urgidos a considerar el grave riesgo de empantanarse en lo que podría llamarse “una guerra prolongada contra el crimen organizado”, en donde por agotamiento y complicaciones operativas el objetivo primordial no se cumpla. Reza un principio ineludible: “En la vida el éxito nunca está garantizado”. Esperemos que por el bien de Guatemala la labor por fortalecer el Estado de derecho sea una realidad, pronta y cumplida.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público (FECI) fue creada con el fin de investigar los casos que la CICIG y el Ministerio Público han seleccionado para ser asignados a esta Fiscalia de conformidad con el marco de competencia. Dichos casos deben llenar los requisitos establecidos en el mandato conferido a la CICIG, y en común acuerdo entre el/la Fiscal General de la República y el Comisionado contra la Impunidad en Guatemala.

Fuente: [http://www.s21.gt/2016/11/la-cicig/]

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Manuel R. Villacorta O.

Manuel R. Villacorta O.

Doctor en Sociología Política. Universidad Pontificia de Salamanca, Summa Cum Laude. España. Licenciado en Ciencia Política. Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala. Es autor de varios libros y publica una columna semanal en Siglo 21.
Manuel R. Villacorta O.