Golpe de estado en Brasil

Carlos Figueroa Ibarra

Sería gravísimo que lo que hoy ocurre en Brasil ocurriera en algún país pequeño en cualquier parte del mundo. Son de imaginarse entonces, las consecuencias que tendrá para América latina y el mundo entero, el periodo de turbulencia que podemos avizorar una vez consumado el golpe de estado “institucional” iniciado el lunes 18 de abril de 2016 en el país más grande de la región. Al igual que lo sucedido en Honduras en junio de 2009 y en Paraguay en junio de 2012, en Brasil se enmascara de legalidad una acción que violenta a la democracia. No se trata de un golpe de estado que generaron a las dictaduras militares. Ahora se aprovecha, como en Venezuela, el desgaste de un gobierno para anticipar su fin, en lugar de esperar los tiempos electorales que propician la alternancia.

Al parecer sea el 5 o el 11 de mayo del presente año, el Senado brasileño refrendará la decisión que ya tomó la Cámara de Diputados y aprobará que se le haga un juicio político a la presidenta Dilma Rousseff. Una vez consumada la decisión de la cámara alta, la presidenta tendrá que solicitar una licencia de 180 días para enfrentar un juicio en el que pareciera ya está consumado el veredicto. Dilma está siendo acusada de corrupción porque usó dinero del banco estatal para cubrir déficits en el presupuesto federal y por un retraso en una transferencia estatal a dicho banco para el pago de un programa de crédito agrícola. Lo irónico del caso es que uno de los golpistas es el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien tiene cinco investigaciones por corrupción. Cunha le ha entregado el acta de aprobación del juicio político a Renan Caldheiros, presidente del Senado, quien tiene encima ocho investigaciones también por corrupción. En Brasil, la crisis económica de quince meses ha puesto al mundo al revés: el desgaste de Rousseff ha creado condiciones para que los corruptos encabecen acusaciones de corrupción a una presidenta que no es corrupta.

Pero al igual que en el pasado en otros países, Guatemala y Chile con los golpes militares, Honduras con los llamados institucionales, el golpe de estado en Brasil tendrá como consecuencia una enorme turbulencia política y social. Macri enfrenta un desgaste acelerado en Argentina porque sus medidas de contenido neoliberal han agraviado incluso a los que estaban descontentos con el kirchnerismo. Hoy, otro de los golpistas, el vicepresidente Michel Temer, está ya armando un gobierno en el que se vislumbran medidas como la precarización laboral a través de leyes que desmantelarán la seguridad laboral conseguida con Lula. Se habla ya de reducciones de salarios mínimos, pensiones, jubilaciones y de programas sociales. En suma, el juicio político a la presidenta Rousseff es un golpe de estado de contenido reaccionario, porque al igual que en Argentina y lo que se persigue en Venezuela, es una restauración neoliberal.

La gran pregunta es si eso será posible en la región en donde el neoliberalismo cayó en el más profundo de los descréditos.

Lo irónico del caso es que uno de los golpistas es el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien tiene cinco investigaciones por corrupción. Cunha le ha entregado el acta de aprobación del juicio político a Renan Caldheiros, presidente del Senado, quien tiene encima ocho investigaciones también por corrupción. En Brasil, la crisis económica de quince meses ha puesto al mundo al revés…

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Carlos Figueroa Ibarra. Sociologo especializado en el tema de violencia política, terrorismo de estado, procesos políticos latinoamericanos. Autor de libros y artículos sobre esos temas.
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