Corrupción y racismo hacia el pueblo Xinca

Por suerte uno de sus poderes, la Corte Suprema de Justicia, ha reconocido que el pueblo Xinca sí existe.

Irmalicia Velásquez Nimatuj

El Estado de Guatemala se enfrenta a un desafío histórico que toca su constitución orgánica, como un territorio en el que viven o sobreviven en condiciones miserables e inhumanas la mayoría de los descendientes de los múltiples pueblos originarios, que poseen una amplia historia que antecede a 1524. Historia colectiva y diversa que el mismo Estado, a través de las elites liberales y/o conservadoras ha buscado delinear, a lo largo de 493 años, para extraer de los pueblos dos elementos que permiten que el engranaje económico que han instituido los continúe enriqueciendo y les permita trasladar a sus descendientes esos privilegios: el control de la mano de obra indígena en condiciones casi esclavas y el despojo de sus tierras. Convirtiendo a mujeres y hombres libres en esclavos, y a propietarios de tierras colectivas en colonos, jornaleros o sirvientes.

A la elite económica nunca le ha importado la historia de los pueblos originarios, son ignorantes por decisión propia pero sobre todo por una desmedida ambición material. Bajo esa política han creado un entramado de leyes para negarles su origen, mancillar su cultura, demonizar sus sistemas de autoridad, arrebatarles sus tierras y hasta acabar con sus vidas.

Un ejemplo es el pueblo Xinca, que durante el gobierno de Pérez Molina y Baldetti enfrentó un bestial despojo a través de Erick Archila, corrupto y prófugo ministro de Energía y Minas, MEM, quien entregó a empresas transnacionales sendas extensiones del poco territorio que les queda en Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa. El MEM ha justificado que al aprobar los proyectos mineros no consultó porque “no se identifican pueblos indígenas”. Bien harían estos iletrados funcionarios en estudiar la historia, especialmente la lingüística mesoamericana.

La codicia ha cegado a las transnacionales, a algunos miembros de las comunidades pero sobre todo al Estado, quien está obligado a garantizar la vida de los pueblos, por suerte uno de sus poderes, la Corte Suprema de Justicia, ha reconocido que el pueblo Xinca sí existe y en base al derecho internacional que garantiza la vida, cultura, derechos, territorios y poder de decisión a los pueblos indígenas ha suspendido una de las licencias de extracción que se emitieron corruptamente.

Fuente: [www.elperiodico.com.gt]

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Irma Alicia Velásquez Nimatuj

Irma Alicia Velásquez Nimatuj

Craig M. Cogut Visiting Professor of Latin American Studies
Watson Institute. International & Public Affairs.
Brown University.
Irma Alicia Velásquez Nimatuj