Buscando paz en la impunidad II

Una combinación de campañas “civilizadoras” y de barbarie.

María Aguilar

La violencia estatal que se incrementó a mediados de 1970 no puede abordarse de manera general, sin diferenciar la violencia urbana de la rural y menos reducir las acciones del  ejército  a un conflicto político-ideológico porque esto eximiría de responsabilidad a paramilitares y al Estado, lo que aportaría a la impunidad, a re-victimizar y propagar la violencia hacia los sobrevivientes.

Al contrario, la estrategia militar rural, posterior a 1976, responde a lógicas e intereses dependiendo de la región, del nivel de organización de las comunidades y de la presencia de terratenientes o intereses económicos en el área donde las campañas militares se ejecutaron.  Y aunque la violencia urbana respondió a intereses concretos del Estado, ésta se desenvolvió con operadores y tácticas distintas a las ejecutadas en áreas rurales.

El nivel de saña y crueldad de las fuerzas del Estado y paramilitares contra poblaciones mayas desarmadas, el reclutamiento forzoso exclusivamente de hombres mayas a las filas del ejército, el reasentamiento de comunidades completas a “polos de desarrollo”, así como el deseo de violar y destruir a las mujeres mayas, evidencian que esta etapa no fue una guerra entre iguales.

Ante esto, lo que en el área rural se vivió, fue un proyecto político de la elite, gestionado por militares, guiado por el racismo histórico de los criollos e influenciado por lógicas capitalistas.

Bajo la excusa de “una campaña de guerra” se escondieron intenciones concretas de despojo, asimilación y aniquilación contra poblaciones mayas. Una combinación de campañas “civilizadoras” y de barbarie. Es decir, una estrategia civilizadora pero también de aniquilación. Ambas con el objetivo de acabar con la vida, pero también con la identidad, cultura y organicidad de los pueblos mayas.

Hoy, la historiografía marca la Masacre de Panzós (1978) como la primera masacre a gran escala en territorios mayas (Grandin, 2004). Sin embargo, no comparto esta tesis, porque como investigadora he encontrado evidencia que para mediados de 1970, más de 60 comunidades achí enfrentaban violencia estatal como consecuencia de la construcción de la represa Chixoy. Por eso, cuanto más avancen las investigaciones académicas y legales, más serán los casos que develen los intereses tácitos que guiaron las campañas de tierra arrasada.

Fuente: [https://elperiodico.com.gt/opinion/2017/11/20/buscando-paz-en-la-impunidad-ii/]

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María Aguilar Velásquez

María Aguilar Velásquez

María Aguilar Velásquez, maya k’iche, historiadora.
Enfoque en temas de violencia de Estado y movimientos sociales en America Latina, especialmente Guatemala durante el siglo XX.
María Aguilar Velásquez

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