El triunfo de la Revolución del 20 de Octubre

El siguiente texto forma parte del capítulo Democracia y Contrarrevolución del libro Fusiles, racismo y protesta: la historia política de Guatemala.

Manuel R. Villacorta O.

“Cuando las turbas enfurecidas comenzaban a desbordarse sobre el Palacio, el general Ubico preguntó a uno de sus ministros: ¿Qué es esa gritería? ¿Qué está pasando con toda esa gente? ¿Qué es lo que quieren estos cabrones? ¿Qué les demos reata? El funcionario, con lo servil y lameculos de aquella y de todas las épocas –no sólo de Guatemala sino de América Latina y de muchas otras partes del mundo– respondió con teatrales gestos y lenguaje de buen componedor: nada importante, señor presidente, sólo son unos cuatro gatos pidiéndole que renuncie. Pero sucedió que Ubico, junto al balcón tenía montado sobre un trípode un enorme catalejo con el cual, desde aquella estratégica posición, no sólo observaba, sino auxiliado por esbirros de la policía secreta, identifi caba y anotaba los nombres de los manifestantes, al ser éstos reconocidos. Por ello, cuando vio la manifestación, bruscamente empujó al ministro hacia el ojo de aquel inquisidor instrumento y le dijo: mire, pero mire bien. Allí están sus cuatro gatos, hijo de la gran puta. …Exactamente yo no recuerdo la fecha en que se inició la huelga de brazos caídos. Pero estoy casi seguro de que fue muy poco después de la muerte de María Chinchilla. Además, nadie supo quién inició el movimiento. Ni, como dije antes, cómo, dónde y cuándo se organizó. Pero, de boca en boca, la consigna corrió como reguero de pólvora. Se esparció por toda la ciudad. Como método de insurrección o de protesta, según lo dicho por viejos de aquellos días, la huelga de brazos caídos fue la primera vez que se puso en práctica en Guatemala. Es más, hasta donde llega mi memoria, nunca volvió a haberla después. Al menos, con todo el pueblo participando en ella”.
Alvaro Contreras Vélez. Génesis y ocaso de la Revolución de Octubre. Guatemala, 1994.

 

El 20 de octubre de 1944 triunfa la llamada “Revolución de Octubre” en Guatemala. Casi cien días antes, el dictador y general Jorge Ubico renuncia a la presidencia. Deja en el cargo a un subalterno suyo, el también general Ponce Vaides, quien 22 gobierna brevemente hasta el triunfo de la Revolución. La renuncia de Jorge Ubico, fue lacónica, e incluso, leída por miembros del Estado Mayor Presidencial, ya que el dictador estaba tan afectado emocionalmente que no pudo hacerla pública por voz propia. El breve texto de la misma expresa: “Guatemala, 01 de julio de 1944. Honorable Asamblea Legislativa: en vista de la intranquilidad provocada por individuos y estudiantes que se encuentran, según dicen, en desacuerdo con el gobierno que presido, me veo en el caso, para que la paz y el orden reinen en todo el país, de renunciar irrevocablemente al cargo de Presidente de la República, ante esa Honorable Asamblea. Jorge Ubico”. (CONTRERAS, 1994: 13)

 

En el capítulo anterior se han explicado algunas e importantes características del gobierno ubiquista, sus manifestaciones y su irreversible crisis. Concretado el triunfo de la Revolución, pudo determinarse sin lugar a dudas que para que la misma se ejecutase, fueron necesarios factores exógenos (intervención política internacional) y

manifestaciones internas, propias de la dinámica social guatemalteca. La intervención internacional se concretó de hecho, con la participación del cuerpo diplomático y de las llamadas legaciones acreditadas en el país. Álvaro Contreras Vélez expresa que “la puntilla dada al dictador surgió en los días que precedieron su caída, al tenor de lo oído por mí y confirmado por Federico Hernández de León, Alejandro Córdova, José Valle y otros notables periodistas de aquel entonces que tuvieron contacto con él; Jorge Ubico denunció y condenó maniobras de los gringos y de los mexicanos para apoyar a los conspiradores. O sea que, en este como en tantos otros casos, la intervención extranjera invocando los derechos humanos, sólo habría sido una repetición histórica de lo que en toda América Latina, ha ocurrido desde 1889, cuando, ofreciendo paz, amor, amistad, comercio y acción moral en defensa de la democracia, James G. Blaine, Secretario de Estado de los Estados Unidos, promovió y logró la fundación del llamado Panamericanismo, cuyas acciones se iniciaron con la creación de la Oficina Internacional de Repúblicas Americanas con sede en Washington. La cual fue precursora de lo que muchos años después vinieron a ser la Alianza para el Progreso, de John F. Kennedy, el cuento de la Cuenca del Caribe, pasando por la política del buen vecino de Franklin D. Roosevelt y el control político norteamericano por medio de la OEA”. (CONTRERAS, 1994: 23, 24).

La referida participación extranjera queda confirmada por el texto que proviene de un acta suscrita y que Contreras Vélez reproduce en su obra citada: “En Guatemala, el día 20 de octubre de 1944, se reunió el cuerpo diplomático en la embajada de los Estados Unidos y recibiendo además a los representantes del gobierno del general Federico Ponce, señores licenciado Luis Barrutia, coronel Francisco Andrade y mayor Humberto García Gálvez, y a los miembros de las fuerzas militares revolucionarias y del pueblo armado que los acompañan. Los señores: mayor Francisco Javier Arana, capitán Jacobo Arbenz Guzmán y Jorge Toriello. Después de detenida consideración, se llegó a las siguientes conclusiones: 1. Deberán salir del país: el presidente de la república, general Federico Ponce; los jefes de cuerpos militares de la capital: general Fidel Torres; coronel Cesáreo Alfonso Argueta y el general Cenobio Castañeda; 23 2. Serán respetados los bienes que legalmente corresponden a las personas designadas en el número anterior; 3. Las tropas acatarán las órdenes que debe girar el presidente Ponce para que se entreguen inmediatamente y desarmadas, para ser concentradas en los locales que designe la Junta Revolucionaria, incluyendo a las tropas que se encuentran en el Palacio Nacional y demás guarniciones militares de la república y el cuerpo de policía; 4. El cuerpo diplomático amparará el asilo del presidente Ponce y su séquito en las misiones diplomáticas en que se recogerán mientras abandonan el país. Se hace constar que el mando del gobierno de la república lo asume inmediatamente la Junta Revolucionaria. En fe de lo cual se firma esta acta en triplicado, con los representantes de las partes nombradas y los miembros del cuerpo diplomático. (CONTRERAS, 1994: 73).

Un hecho importante a considerar es que el propio 20 de octubre, cuando triunfa la Revolución, el presidente depuesto Ponce Vaides se asila en la embajada de México. Horas antes había salido de esa misma misión diplomática el doctor Juan José Arévalo, futuro presidente de Guatemala. Esto revela no una simple casualidad, lo que ocurría realmente era que se estaba implementando un plan, estratégicamente articulado, con incuestionable participación internacional. México actuaba sin duda, en directa correlación con los intereses políticos de Estados Unidos en Guatemala y la región central del continente americano. Y es que en efecto, para esa época, para la geopolítica regional ya no eran deseados los dictadores locales. Y menos aún cuando éstos, como en el caso de Ubico, habían evidenciado su simpatía hacia el totalitarismo fascista alemán. Democracias instituidas con la formalidad del caso serían la mejor estrategia para enfrentar al nuevo enemigo de los Estados Unidos, que para entonces ya se proyectaba sólidamente: el comunismo, apuntalado por las revoluciones de la Unión Soviética y luego, de la China continental.

Internamente se estableció una espontánea conjunción de sectores e intereses sociales, que hicieron lo propio en ese esfuerzo conjunto por derribar la prolongada dictadura. Oportuno es reconocer o identificar a los estudiantes y docentes de la Universidad de San Carlos, como el sector promotor de mayor incidencia. Los universitarios aprovecharon un elemento a su favor: la cohesión que les habilitaba el estar ligados a esa importante institución académica. Las “discusiones intramuros” como discretamente fueron denominados los debates, análisis e incluso planes operativos a favor del triunfo revolucionario, fueron estableciendo importantes niveles de organización, que se revelaron a partir del inicio y consumación de la gesta nacional. Puede considerarse que las intrincadas redes de espionaje establecidas por el dictador fueron burladas con éxito por el sector universitario. Muchas de las estrategias y las tácticas implementadas por la sociedad, es decir, por otros sectores, fueron discutidas y fraguadas en las aulas universitarias.

Otro sector muy importante lo constituyó el magisterio nacional. La dictadura había impedido la organización social y sectorial. No obstante, el gremio magisterial se unificaba en torno a la cohesión que les generaba el ser miembros del sector público, todos entonces con calidad de burócratas. Les unía además su actividad en determinados institutos, e incluso, el pertenecer a un departamento de la república en particular. En tal sentido, puede considerarse que ese sector aprovechó la unidad institucional que el mismo gobierno les otorgaba, superando la imposibilidad de organizarse como grupo de presión y de denuncia, debido a la vigencia dictatorial y las prácticas represivas. En las primeras manifestaciones realizadas en las calles, los maestros iban a la vanguardia. A ellos se les debe el rompimiento del “cerco” creado por la dictadura. Manifestaciones que tienen su principal protagonismo un 25 de junio de 1944, cuando una marcha del sector fue violentamente desarticulada por las tropas militares y la policía montada al servicio del dictador. En esa acción oficial, se produce como resultado la muerte de una joven maestra guatemalteca llamada María Chinchilla. Era ella sin saberlo, la primera mártir nacional en ese iniciado e indetenible intento por conquistar la libertad y despojar del poder a la dictadura. Con este hecho, el magisterio se consolidó como grupo social orientado hacia el desafío y el reclamo. El compromiso magisterial hacia la Revolución había quedado definitivamente sellado.

Otro sector cualitativo fue representado por la intelectualidad guatemalteca. Este sector políticamente bien representado, optó por la publicación de cartas abiertas o manifiestos, en las que se registraba la insatisfacción en contra de la dictadura. Un documento histórico, denominado “Comunicado de los 311”, orientó la tendencia del sector. En el mismo, luego de una detallada exposición de motivos, sin exabruptos ni apasionamientos, los firmantes le solicitan al dictador que renuncie al cargo por el bien de la patria. Evidentemente no era un movimiento de masas, sino de cuadros. Cuadros dentro de los que se encontraban amigos personales del dictador Ubico, hecho que sin duda, causó un gran impacto emocional en el autoritario militar.

No menos importante y sin duda de altísima incidencia fue la posición de un sector de avanzada del ejército nacional. Conviene recordar que la oficialidad joven de la institución militar, estaba ansiosa por implementar una nueva doctrina castrense, la modernización integral de su institución y una legislación que normalizara la carrera militar para evitar los reiterados y arbitrarios beneficios del dictador hacia los militares plegados a su poder. Evidentemente al seno de la institución castrense para 1944 ya se hacían evidentes dos corrientes ideológicas. Una conservadora, orientada a preservar los beneficios de los llamados “militares de línea” y otra, de avanzada, representada por los “militares de escuela”, que interpretaba la urgencia de un cambio no solo a lo interno del ejército, sino en toda la institucionalidad nacional. Fueron los representantes de la segunda corriente, los que al detectar la movilización de maestros, intelectuales y estudiantes universitarios a favor del cambio, optaron decididamente por brindar su apoyo al intento de reformas institucionales que se gestaba en el país.

Súmese a estas corrientes sectoriales internas, esa nueva tendencia caracterizada por la implementación de las democracias en el exterior. Estados Unidos a través de su gobierno y su legación acreditada en Guatemala desarrolla una activa intermediación orientada a favorecer el cambio. México por medio de su misión diplomática en conjunción de intereses con los Estados Unidos, también se suma al intento externo para cooperar con el derrocamiento de la dictadura. En síntesis, el dictador Jorge Ubico fue perdiendo paulatina pero irreversiblemente sus aliados, hecho que sin duda le impulsó a presentar su repentina y lacónica renuncia al cargo; su sucesor, el también general Ponce Vaides, arbitrariamente designado por el dictador, pretende consolidarse en el poder, pero no resiste la fuerte presión popular, huyendo del país aproximadamente cien días después de haber sido arbitrariamente nombrado como presidente de Guatemala. Así, el 20 de octubre de 1944, triunfa la Revolución y con ello, se habilitan diez años de profundos cambios sociales, políticos y económicos en el país.

En el momento del triunfo popular, una Junta Revolucionaria de gobierno se hace con el poder. Un triunvirato es designado para dirigir el país en esos convulsos momentos. Lo integraron Jorge Toriello, un ciudadano aristócrata comprometido con la revolución, el coronel Francisco Javier Arana, representante del sector militar conservador y el teniente coronel Jacobo Arbenz Guzmán, representando al sector progresista del ejército de Guatemala.

El primer gobierno de la Revolución

La primera y principal tarea de la Junta Revolucionaria, fue la elección de una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de redactar una nueva Ley Fundamental, que para el caso fue denominada comúnmente como “La Constitución del 45”. Esta Carta Magna se orientó a fijar las bases del nuevo Estado, su organización político-administrativa, y la doctrina libertaria que habría de regir el modelo democrático por construir. Esta Junta Revolucionaria favoreció la formación de todo tipo de partidos políticos, expresión básica de una democracia real y participativa, con el objeto posterior de implementar un proceso electoral orientado a seleccionar al nuevo presidente, esta vez, electo democráticamente y por mayoría popular. Desde entonces se promovió el criterio de que los partidos políticos deben ser instituciones de significativa representación social; se les solicitó además ser instituciones promotoras de la capacitación cívico-política; se les exigió, por parte de sus afiliados, representar sus intereses ante los órganos del Estado.

Al amparo de la nueva situación política nacional y sustentándose en una nueva legislación en la materia, se realizan las primeras elecciones libres del siglo veinte. A esas elecciones presidenciales se presentan más de quince candidatos. Entre los numerosos partidos políticos, dos sobresalen considerablemente: el Frente Popular Libertador (FPL) de amplia base campesina y estudiantil, y el Partido Renovación Nacional (PRN) apuntalado por el magisterio e intelectuales del país. Para el referido proceso electoral, ambos deciden ir en alianza postulando al doctor Juan José Arévalo Bermejo, un reconocido pedagogo e intelectual guatemalteco formado en Argentina. A dicha alianza la denominan finalmente “Frente Unido de Partidos Arevalistas” (FUPA). El doctor Arévalo gana la contienda con el 86 por ciento de los votos, ha sido el candidato elegido con el mayor caudal electoral en la historia política nacional. Oportuno es agregar que el Frente Popular Libertador, llegó a poseer más de 300 mil afiliados, cuando la población total no alcanzaba los tres millones de habitantes. Ningún partido político en todo el siglo veinte y en lo que corre del siglo veintiuno, ha tenido tan extraordinario número de afiliados. Datos que revelan sin cuestionamiento ni duda, el valor histórico de la referida gesta revolucionaria.

La primera tarea del presidente Arévalo, amparándose en la nueva Constitución aprobada pocos días antes de que asumiera el cargo, era establecer la democracia política. Según Susanne Jonas “se concedió el sufragio universal a todos los adultos con excepción de las mujeres analfabetas, para entonces el 76.1% de las mujeres, dentro de las cuales el 95.2% eran indígenas, según cifras del censo oficial de 1950. Se garantizaron las libertades básicas de expresión y de prensa. Se podían organizar partidos políticos y éstos podían a su vez, funcionar sin restricción alguna. Tras la dictadura liberal, que duró setenta años y que excluyó toda actividad política, estas elecciones pudieron presentar verdaderos contendientes, ofreciendo significativas alternativas políticas” (JONAS, 1994: 49).

Una de las acciones fundamentales de la nueva administración se orientó también hacia la reforma del sistema laboral imperante en el país, hasta entonces autoritario y promotor de graves niveles de explotación. Sussane Jonas afirma que “por primera vez, la nueva legislación protegía a los trabajadores en lugar de explotarlos. La Constitución de 1945 abolió efectivamente la Ley de Vagancia y todas las formas de trabajo forzado. El Código de Trabajo de 1947 definió los derechos básicos: contratos obrero-patronales obligatorios, salario mínimo, igual pago por igual trabajo sin discriminaciones, condiciones dignas y razonables para el trabajo, cobertura de seguridad social, derecho a la huelga y derecho a la formación de organizaciones sindicales. No obstante el gobierno conservó para sí, la prerrogativa de reconocer sindicatos, de arbitrar las disputas laborales y de disolver sindicatos ilegales, incluyendo aquellos que sirvieran a intereses extranjeros o que estuvieran comprometidos abiertamente en política. Los trabajadores de la ciudad, de las bananeras y del ferrocarril, rápidamente comenzaron a organizarse para asegurar sus derechos amparándose en el Código del Trabajo, con lo que surgieron algunas confederaciones de trabajadores que representaban distintas posturas políticas. El principal objetivo inmediato era el mejoramiento de las condiciones laborales. Hacia 1950 se había logrado un buen número de pactos colectivos y obtenido algunos avances laborales producto del consenso, a pesar de la fuerte oposición de algunos empresarios organizados. Los trabajadores rurales no obstante, no fueron hasta entonces plenamente favorecidos, el Código de Trabajo no contempló el derecho a la organización sindical y a la cobertura de derechos laborales mínimos, en fincas en donde no se superase la suma de 500 trabajadores. En 1948 una enmienda permitió su organización pero bajo condiciones restrictivas” (JONAS, 1994: 50).

La libertad política experimentada con el triunfo de la Revolución, las profundas transformaciones en materia electoral y la regulación en las relaciones de trabajo a través de una nueva legislación obrero-patronal, generan una sustentable simpatía hacia el llamado Primer Gobierno de la Revolución. Sin embargo, esta administración pública dirigida por el doctor Juan José Arévalo, profundiza otras reformas integrales de gran repercusión, a través de acertadas políticas públicas. Así, la legitimación basada en el favorable y mayoritario consenso popular hacia esas oportunas transformaciones, surge como base estructural para consolidar cambios que, en el caso de Guatemala, correspondieron inaugurar a la segunda administración revolucionaria.

La administración del doctor Juan José Arévalo instituyó la seguridad social como política pública a favor de la población mayoritaria. Para ello se creó el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Son implementados programas médicos como el de asistencia por enfermedad; atención médica por accidentes, con cobertura salarial y suspensión temporal laboral; asistencia económica indefinida o permanente por invalidez; servicios médicos pre y postnatales; atención médica por vejez. Estos servicios, novedosos y fundamentales para un pueblo tradicionalmente desprotegido, marcaron sensiblemente en la sociedad los beneficios del nuevo régimen político, orientado hacia la construcción del Estado democrático y de proyección social.

El doctor Juan José Arévalo profundamente comprometido con la educación y fiel a su profesión de pedagogo, implementa un ambicioso plan educativo nacional, transformador y de modernas características. Impulsa como nunca antes la mejora en la capacitación y formación integral de maestros en el país. Cuida celosamente de los cursos a impartirse a los estudiantes de magisterio. Los maestros eran para él un contingente fundamental y comprometido con la Revolución. En un mensaje al gremio, en los inicios de su gobierno expresó: “ustedes, jóvenes maestros, son sin duda alguna, el sagrado verbo de nuestra Revolución”.

En esa línea básica y estratégica para la Revolución, el gobierno construye e implementa decenas de escuelas a lo largo y ancho del país. Escuelas urbanas y rurales, creando la novedosa figura de la escuela Tipo Federación. Al maestro, el presidente Arévalo lo dignifica sin precedentes. Generando un particular acercamiento con el gremio, le habla, le aconseja, le compromete con la Revolución. Maestros de ese entonces que aun hoy viven, a pesar de su avanzada edad al abordar el tema, no pueden impedir que los recuerdos de la época, en no pocas ocasiones sean relatados entre lágrimas y sollozos. Rememoran esos “diez años de primavera en el país de la eterna dictadura”, como lo expresó el literato guatemalteco, Luis Cardoza y Aragón.

La universidad pudo abrir sus puertas a los nuevos vientos de cambio y modernización. Dejó de ser esta una fortaleza oscura, obsoleta y medieval, divorciada de su pueblo. El primer gobierno de la Revolución le otorgó el pleno derecho a su autonomía. Las nuevas profesiones empezaron a brotar con vibrante impulso: ciencias sociales, ciencias humanísticas y ciencias técnicas, como la ingeniería, la agronomía y la medicina. Se modernizó y actualizó el estudio de la economía y el derecho. Se creó el Consejo Superior Universitario. Se amplió significativamente el presupuesto universitario para favorecer el funcionamiento de la Universidad de San Carlos, la universidad estatal. Y en cooperación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, se implementaron intercambios de docentes y estudiantes con prestigiosas universidades del exterior, todo dentro de un plan integral de apertura y modernización académica e institucional.

En materia económica las transformaciones fueron igualmente trascendentales. Se instituye una reforma bancaria y monetaria moderna equiparable a los sistemas vigentes en países más desarrollados y democráticos. Esto se logra básicamente al promulgarse la Ley Orgánica del Banco de Guatemala. Institución plenamente autónoma y estatal. Se crea el Banco Nacional Agrario (BNA), orientado al otorgamiento de asistencia financiera y crédito agrícola para el pequeño y mediano productor a tasas de interés razonables. Este último esfuerzo se apuntala con la creación del Instituto Nacional de Fomento a la Producción (INFOP), en el cual se implementan programas de asesoría técnica y comercial para los productores del referido sector. Lo anterior dinamiza la economía nacional, tradicionalmente caracterizada por la alta incidencia del sector agropecuario. Se fomenta la formación de cooperativas agrícolas y de ahorro. Se incrementan los niveles de empleo y de producción. Se cubre la demanda alimentaria interna y se produce un excedente considerable para la exportación. Se impulsa un comprometido plan de modernización y diversifi cación de cultivos agrícolas. Apoyando a los tradicionales ya existentes como el café y el banano, pero incentivando la producción de nuevos cultivos como caña de azúcar y algodón.

Asimismo el gobierno revolucionario de Arévalo, con el apoyo del Organismo Legislativo, emite la Ley de Fomento Industrial, la cual facilita la apertura de medianas y grandes industrias, apoyándoles con créditos a largo plazo y bajas tasas de interés. El gobierno les provee de asistencia técnica a través de apoyos de la cooperación internacional, incentivos fi scales y programas de capacitación laboral. Es indudable que muchas de las empresas o industrias que hoy se ubican como de las de mayor importancia en Centroamérica, surgen precisamente en esa época.

En materia de política exterior, el gobierno del presidente Arévalo se caracterizó por el no alineamiento. Mantuvo una prudente y respetuosa distancia con los distintos gobiernos de los Estados Unidos. El doctor Arévalo era un anti-imperialista, como varias veces se autoproclamó. Ese extremo es comprobable, con sólo estudiar una de sus más importantes obras: El tiburón y las sardinas, tratado en el cual, hace una precisa configuración de las relaciones entre los Estados Unidos y los países pobres. La línea en política exterior durante su gobierno se orientó por el respeto a la libertad de acción de otros Estados y la autodeterminación de sus pueblos.

Esto implica considerar la posición del gobierno estadounidense ante el primer gobierno de la Revolución. Alfonso Bauer Paiz, destacado líder de la Revolución de Octubre, expone que “inicialmente, las relaciones entre el gobierno de Arévalo y Washington fueron cordiales, contando con expertos técnicos y misiones culturales estadounidenses que asesoraban activamente al gobierno. Puesto que era receptivo al capital extranjero, la inversión privada de Estados Unidos en Guatemala aumentó de 86.9 millones de dólares en 1943 a 105.9 millones en 1950. Pero la luna de miel duró poco tiempo. Cuando las violaciones de la UFCO al Código de Trabajo se convirtieron en el principal problema, el embajador de los Estados Unidos sugirió modificar el código porque éste era “discriminatorio” contra la UFCO. En vez de capitular ante las acciones, el gobierno insistió en llegar a una solución legal en la disputa” (BAUER, 1956: 41). Estas acciones fueron cimentando las futuras y severas contradicciones entre el gobierno de Estados Unidos y los líderes de la revolución nacional.

Sussane Jonas afi rma “a medida que crecía el nacionalismo en Guatemala, Arévalo canceló un contrato con la Misión Educativa de Estados Unidos, sustentándose en razones presupuestarias. La Ley del Petróleo de 1949 prácticamente cerró las puertas a las empresas petroleras estadounidenses, a pesar de las fuertes y persistentes presiones del embajador Patterson a su favor. Más adelante las relaciones se volvieron más tensas cuando Patterson le pidió a Arévalo que despidiera a algunos ministros de su gabinete, así como a diecisiete “comunistas” vinculados al gobierno. Cuando el embajador norteamericano empezó a favorecer reuniones clandestinas con la oposición que conspiraba para derrocar a Arévalo, el gobierno exigió que se le retirara de su cargo. Por entonces, la prensa norteamericana denunciaba a Arévalo como simpatizante del comunismo; los amigos de la UFCO y otros en el Congreso estadounidense, apoyaron las reclamaciones de la compañía y se hizo eco de las acusaciones de comunismo”. (JONAS, 1994: 54).

A esta situación compleja ya vigente en las relaciones de Guatemala y Estados Unidos, se sumó una serie de conflictos internos que afectaban al gobierno del doctor Arévalo. Básicamente las contradicciones se centraron en la estructura militar, en donde empezaban a aparecer sigilosamente síntomas de un potencial enfrentamiento. Esa pugna interna se produjo entre los nuevos militares llamados de escuela o academia, y los militares antiguos o de línea. Los militares de escuela, eran jóvenes que habían implementado nuevos métodos dentro de la institución armada, orientados a la reforma y modernización de la misma. Buscaban además formular una doctrina militar orientada al compromiso social, es decir, a priorizar los derechos de la ciudadanía guatemalteca; se basaba asimismo, en la premisa de que el ejército estaba al servicio del pueblo, y no a las órdenes expresas y exacerbadas de un tirano, de la elite criolla o de una potencia extranjera. Estos militares jóvenes estaban representados y apuntalados por el indiscutible liderazgo del coronel Jacobo Arbenz Guzmán. Mientras que los militares de línea estaban representados por un militar tradicional, conservador y autoritario, el coronel Francisco Javier Arana.

El presidente Arévalo en su afán de solucionar o disolver esta tensión, nombró al coronel Jacobo Arbenz como ministro de la Defensa. Al coronel Arana, lo designó como jefe de la Fuerzas Armadas. Tales nombramientos, probablemente no resolvieron la crisis, incluso, pudieron haberla incrementado. En esa lógica, Arana debió de estar supeditado a Arbenz, por ser este último ministro de la Defensa. Sin embargo la supeditación efectivamente no ocurrió, incluso las contradicciones y disputas se profundizaron. Varios estudiosos de la época, insisten en asegurar que detrás de los militares de línea, estaban las acciones sigilosas de la embajada de los Estados Unidos, para ese entonces ya distanciada del gobierno arevalista. Los enfrentamientos llegaron al extremo de provocar más de treinta intentos de golpe de Estado, todos sofocados a tiempo por el sector leal al ministro de la Defensa y en consecuencia al presidente Arévalo. La situación se extrema cuando en un abierto intento de sublevación, el coronel Arana, al mando de los alzados, pierde la vida al enfrentarse en una ciudad cercana a la capital de la república con las tropas leales del gobierno. En todo caso, puede asegurarse que el presidente Arévalo deja como herencia al pueblo, avances políticos, sociales y económicos sin precedentes. Pero que además dejó en el ambiente, desde el inicio mismo de su gestión, el germen de la contradicción con Estados Unidos; hubo también contradicciones con algunos empresarios locales reaccionarios, así como un ejército dividido, que habría de ampliar sus fracturas internas hasta constituirse como el actor principal en la que llegaría a ser una conflictiva y angustiante historia política para el pueblo de Guatemala.

Respecto a lo anterior, es oportuno entonces reproducir en este contexto, lo que el doctor Arévalo expone en su obra póstuma: Despacho Presidencial. Dice el ex mandatario “que en cuanto a política nacional interna, ya estaba dicho que respetaríamos la opinión del adversario, por dura que fuese. Eran ellos tan pocos: el 15 por ciento de la opinión nacional, realmente tan pocos, que valía la pena escucharlos. Esos adversarios, sin embargo, eran poderosos en dinero y disponían de la prensa y la radio. Eran minorías plutocráticas, engordadas bajo las administraciones liberales desde 1921. Sus cuantiosos bienes estaban intactos. Eran profesionales de antigua data, empresarios del café y del azúcar, cortadores de madera, negociantes de chicle petenero, quizá también los ganaderos, los exportadores e importadores, los industriales de gran capital, militares de baja, políticos derrotados en las elecciones, políticos intermedios entre la reacción y la Revolución, aquellos que no alcanzaron a definirse bien, periodistas comprometidos con el pasado, viejos intelectuales resentidos porque no se los llamaba a redactar discursos, el clero conservador y los españoles falangistas que residían en el país, la colonia alemana de filiación nazi, los italianos fascistas, los banqueros favorecidos por los regímenes caídos en 1944. No eran gatos: eran cuatro tigres, o veinte o ciento. Pero en materia electoral un tigre tiene un voto solamente, igual que un gato. Y yo estaba seguro de que nuestras mayorías electorales no disminuirían, porque eran mayorías de gente pobre, la más leal a la Revolución. Podíamos, pues, tener la satisfacción y darnos el lujo de respetar democráticamente las opiniones de aquellos cien tigres, electoralmente inofensivos” (ARÉVALO, 1998: 38, 39).

Y no menos importante es considerar cómo el ex presidente en sus memorias, define la relación con el gobierno de los Estados Unidos. Considérese este ejemplo, reproduciendo las palabras del ex presidente Arévalo: “Concedí audiencia, a los ocho días de ser presidente, al embajador (estadounidense) Boaz Long. Llegó a despedirse de mí, pues pronto estaría en Guatemala su substituto. Boaz Long permaneció en el despacho casi una hora. Las tres cuartas partes de ese tiempo las dedicó a explicarme los problemas que confrontaba en el país la United Fruit Company. Al final dedicó algunos minutos a temas de política internacional: –Voy a Washington y de seguro me preguntarán cuál es la postura de su gobierno con respecto a los Estados Unidos–. No era tema que me molestara. Le contesté con naturalidad, pero con cierta arrogancia: –Si ustedes han tenido gran amistad con el dictador nazi que fue Ubico, con el demócrata Arévalo esas relaciones tendrán que ser más estrechas. Guatemala seguirá siempre al lado de los Estados Unidos, pero de pie, no de rodillas–. El hombre pequeñito que era Boas Long sintió desagrado al escucharme. Se levantó inmediatamente, se despidió y nunca supimos más de él” (ARÉVALO, 1998: 54).

El 15 de marzo de 1951 el presidente Arévalo concluía su mandato presidencial. El segundo gobierno de la Revolución sería el encargado de profundizar el intento transformador. El candidato oficial era el coronel Jacobo Arbenz Guzmán, apoyado por el Partido de Acción Revolucionaria (PAR), surgido de la fusión de dos organizaciones políticas de importancia en el país: el Frente Popular Libertador (FPL) y el Partido Renovación Nacional (PRN). Dos de sus principales adversarios eran el moderado político de izquierda democrática, Jorge García Granados, ex presidente del Congreso Nacional y ex embajador de Guatemala en los Estados Unidos; el otro candidato era el militar ubiquista Miguel Ydígoras Fuentes. El proceso se desarrolla con normalidad, obteniendo el triunfo el coronel Jacobo Arbenz con un 66% de los votos emitidos, es decir, que de cada tres personas que emitieron el sufragio, dos optaron por él. En segunda posición se ubicó el militar Ydígoras Fuentes, con un total del 18% de los votos a su favor.

El segundo gobierno de la Revolución

Al asumir el gobierno el coronel Arbenz en 1951, ofrece transformar las llamadas “estructuras económicas feudales”, por un modelo económico “capitalista, modernizante e independiente”, orientado al desarrollo social y a la equitativa distribución de los benefi cios. Para ello Arbenz se basó en un complejo pero completo informe realizado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), hoy denominado Banco Mundial (BM). Este informe especialmente ejecutado para Guatemala, presentaba como conclusión una serie de recomendaciones emitidas por el equipo del doctor George Britnell, personaje encargado de coordinar y dirigir dicho proyecto, bajo el encargo expreso del BIRF. Según Britnell, era importante describir las principales limitaciones que impedían el desarrollo económico social de Guatemala. Entre otros plantea: A. La falta de comunicaciones y las infraestructuras deficientes. Existencia de una alta concentración poblacional indígena en el altiplano, coexistente con un extraordinario déficit de oferta laboral en la estratégica región agrícola de la costa sur. C. La persistencia de una economía primaria, dependiente e inestable (un 75% de la población económicamente activa trabajaba entonces en la agricultura, este rubro aportaba el 50% del Producto Interno Bruto, y el 95% de las exportaciones provenían del sector).

Para superar esta situación nacional, la comisión dirigida por el doctor Britnell, sugiere implementar varias acciones específi cas. En materia agrícola propone: A. Intensificar la producción de café y mejorar su rendimiento. B.  Diversificar la agricultura a través del fomento de nuevos cultivos como la caña de azúcar, el algodón y promover la ganadería. C. Desplazar a la población indígena concentrada en el altiplano occidental del país hacia la zona sur, específicamente a la región de la boca costa, con el objeto de promover una unificación entre recursos naturales y recursos humanos, fomentando el empleo, elevando la productividad y mejorando sensiblemente la calidad de vida de los habitantes vernáculos de Guatemala. D. Rediseñar las funciones productivas de las fincas nacionales. E. Modernizar los métodos de productividad agropecuaria en el altiplano, para incrementar la productividad y el desarrollo integral de la región. F. Rediseñar la situación de las tierras potencialmente productivas, con el objeto de evitar su desuso o su explotación irracional e intensiva, e impedir con ello la generación de daños medioambientales irreversibles. En materia de comunicaciones, infraestructura y transportes, la comisión sugirió lo siguiente: A. Diseñar la estratégica carretera hacia el océano Atlántico. B. Construir un puerto moderno y para uso internacional en Izabal. C. Creación de fuentes productoras de energía hídrica aprovechando los abundantes recursos disponibles en el país.

En función de todo ello, el gobierno del presidente Arbenz promueve acciones de gran envergadura, basándose en el referido informe promovido y realizado por técnicos del BIRF. Sussane Jonas, ha hecho una excelente descripción de las obras realizadas por el segundo gobierno de la Revolución, en una coyuntura de particular importancia en el país. Recuerda la autora que “los nuevos inversionistas serían bien recibidos en tanto respetaran la soberanía guatemalteca, cumpliendo con la legislación nacional y el pago de impuestos. Deberían abstenerse de solicitar privilegios especiales, crear monopolios, en especial con los recursos naturales y de intervenir en la política nacional. Con respecto a los tres monopolios estadounidenses que ya estaban funcionando en Guatemala, la estrategia de Arbenz fue evitar las nacionalizaciones, para implementar a cambio, empresas nacionales capaces de competir con el capital foráneo. De esta manera, emprendió tres proyectos principales de construcción: Una planta hidroeléctrica administrada por el gobierno, denominada luego Jurún Marinalá, que proporcionaría un servicio más barato y mejor que el ofrecido monopólicamente por la Electrical Bond and Share, conocida en el país como Empresa Eléctrica de Guatemala; una carretera hacia el mar Atlántico, para competir con el también monopolio de la International Railways of Central America (IRCA), empresa ferroviaria de capital estadounidense. Y un nuevo puerto en la costa atlántica denominado Santo Tomás de Castilla, para competir con el exclusivo puerto de la United Fruit Company” ( JONAS, 1994: 53).

La situación se complicó cuando Arbenz expuso sus intenciones de reforzar la aplicación de la ley y las funciones de los juzgados guatemaltecos, particularmente en materia laboral. Estos en algunos casos importantes, dictaminaron a favor de las demandas de los trabajadores contratados por los monopolios estadounidenses. La UFCO respondió reduciendo sus servicios de embarque y despidiendo a 4,000 trabajadores; entonces el gobierno de Arbenz confiscó a la UFCO 26,000 acres para garantizar el pago de los sueldos atrasados. No obstante, al final, la compañía consiguió la renovación del antiguo pacto laboral a cambio de US$ 650,000 en concepto de sueldos atrasados. De todas maneras, todos los confl ictos anteriores eran un mero ejercicio de calentamiento para la tormenta que desataría la Ley de Reforma Agraria de 1952, conocida comúnmente como el Decreto 900. La reforma agraria era la condición previa para la industrialización capitalista basada en un amplio mercado interno. Ya que la reforma liberal de 1871 había entregado mucha de la mejor tierra a una minoría de propietarios privados, ninguna reforma agraria eficiente podía evitar la confrontación con los viejos intereses establecidos. El gobierno de Arbenz procedió cautelosamente haciendo estudios minuciosos y consultando con todos los grupos afectados, incluyendo la Asociación General de Agricultores (AGA) órgano nuclear de los finqueros más reaccionarios y poderosos, que también estaban representados por el ministro de Agricultura de la época. Finalmente, la Ley de Reforma Agraria fue aprobada por el Congreso en junio de 1952. La Ley preveía la expropiación de tierras ociosas en terrenos de más de 223 acres y su distribución entre posibles beneficiarios elegibles. Los campesinos recibirían la tierra ya fuera en propiedad o en usufructo vitalicio y pagarían una tasa del 3% a 5% de su producción anual. Las indemnizaciones se harían por medio de bonos del gobierno, fijando el valor de la tierra de acuerdo con las valoraciones hechas por los propietarios en 1952 con fines de tributación. La ley sería puesta en vigor por Comités Agrarios cuyos miembros representaban en su mayoría a los campesinos; en última instancia, todas las apelaciones serían manejadas por el Presidente. También se distribuiría la tierra de las fincas nacionales propiedad del Estado. La expropiación empezó en enero de 1953. El objetivo general era eliminar las grandes extensiones de tierra ociosa, respetando la integridad de las haciendas de cualquier tamaño que estuvieran bien utilizadas. Para junio de 1954, habían sido redistribuidos 2,7 millones de acres. Aproximadamente, 100,000 familias de campesinos recibieron tierras, así como crédito y asistencia técnica por parte de las nuevas dependencias del Estado. Los servicios sociales del área rural fueron ampliamente mejorados. Pero la crisis política se agudizó cuando Arbenz expropió a la UFCO, la mayor propietaria de tierras en Guatemala, significativa parte de sus posesiones. De 550,000 acres que poseía la empresa estadounidense, sólo el 15% estaba cultivado. La compañía sostenía que necesitaba grandes reservas de tierras para combatir los efectos de las enfermedades del banano y poder con ello sembrar escalonadamente. Pretexto que técnicamente era fácilmente descalificado.

El enfrentamiento del gobierno guatemalteco con esas poderosas transnacionales estadounidenses, había provocado sin duda alguna una incipiente contradicción política y económica que con el transcurrir del tiempo, llegaría a ser una verdadera confrontación. Paulatina e inexorablemente los hechos van generando complicaciones serias para el gobierno de Jacobo Arbenz. Tras severas inculpaciones mutuas y con el despliegue de acciones contrarrevolucionarias ampliamente apoyadas por el empresariado agroexportador nacional, la iglesia católica y el gobierno de los Estados Unidos, se logra derrocar al llamado “segundo gobierno de la Revolución”.

 

Manuel R. Villacorta O.

Manuel R. Villacorta O.

Doctor en Sociología Política. Universidad Pontificia de Salamanca, Summa Cum Laude. España. Licenciado en Ciencia Política. Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala. Es autor de varios libros y publica una columna semanal en Siglo 21.
Manuel R. Villacorta O.