Carlos Figueroa Ibarra
En América latina ha habido una cascada de juicios y encarcelamientos de presidentes y expresidentes que acaso no tenga precedentes. Probablemente el caso más espectacular sea el del presidente Otto Pérez Molina que salió de la presidencia para presentarse a un citatorio judicial y de allí fue para la cárcel. El escándalo Odebrecht, el Lawfare y otros hechos ha metido en la cárcel o a procesos judiciales a otros más: Lula Da Silva y Dilma Rousseff en Brasil y en acto de justicia poética, al verdaderamente corrupto Michel Temer; Ricardo Martinelli en Panamá; Francisco Flores, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes en El Salvador; Rafael Callejas en Honduras. Probablemente después de El Salvador, sea Perú el país en donde ser presidente ponga en más alto riesgo judicial a quien ostente el cargo: Alberto Fujimori, Ollanta Humala, Alejandro Toledo (y respectivas esposas) en Perú fueron sometidos a juicio y sufrieron arresto; Pedro Pablo Kuczinski tuvo que renunciar y actualmente es investigado por lavado de dinero. Alan García optó por el suicidio cuando advirtió que iba a ser arrestado.
La lista de distinguidos presos y enjuiciados, salvo el caso de notorias injusticias como el de Lula y Rousseff, revela el peso que tiene la corrupción y la delincuencia de cuello blanco en la región. Recordar este hecho tiene relevancia cuando en México está en el primer plano del momento actual, el probable enjuiciamiento de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Es decir, cinco de los seis presidentes neoliberales que ha padecido México en los últimos 38 años. En estos días, distintos sectores de ciudadanos se están movilizando para conseguir el 1.6 millones de firmas que se necesitan para pedir una consulta popular en la que se decida si se lleva a juicio a los cinco expresidentes mencionados. En el caso de México, esta situación no tiene precedente. Hasta el momento, el único motivo por el cual se puede enjuiciar a un presidente en funciones es por traición a la patria y Andrés Manuel López Obrador está insistiendo en que se debe quitar el fuero presidencial y ampliar las causas de un eventual enjuiciamiento presidencial. No pocos de sus partidarios se resisten a este planteamiento, pues con justa razón temen que pueda ser usado por los enemigos del presidente para darle un golpe de estado.
Andrés Manuel no tiene la misma voluntad en relación con los expresidentes. Considera con razón que esto llevaría a una situación de inestabilidad política que lo distraería con respecto a su cometido fundamental: transformar al país y erradicar la corrupción sin cacería de brujas del pasado. Por ello ha planteado que si el juicio a los expresidentes se hace, tiene que ser el resultado de un acto de democracia participativa con amplia participación popular. La derecha neoliberal y neofascista han vociferado contra esta postura calificándola de “populista”. Nuevamente advertimos la diferencia entre el neoliberalismo y la 4T: democracia procedimental o democracia profunda. Dilema que también es significativo para ejercer justicia.
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