García es una de las periodistas que ha tratado por todos los medios posibles de informar y documentar lo que ocurre en comunidades lejanas de Guatemala.
Irma A. Velásquez Nimatuj
El pasado 25 de noviembre, se celebró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, sin embargo, los ataques contra mujeres en Guatemala no cesan porque son promovidos, en su mayoría, por quienes controlan el poder económico y el poder judicial, lo cual les garantiza impunidad. Un caso concreto es la violencia que enfrentó la periodista Rolanda de Jesús García en el municipio de El Estor, Izabal, el pasado 21 de noviembre, cuando a las 11:30 de la mañana, al menos 20 hombres que al parecer trabajan para la Compañía Guatemalteca de Níquel, CGN, la intimidaron con machetes y censuraron su trabajo en Barrio Nuevo, cuando ella se disponía a documentar los trabajos de excavación que la compañía realiza en un bosque, donde se encuentra el manantial de agua que abastece al municipio.
Al frente del ataque armado, participaron guardias de seguridad y personal de trabajo de campo de la CGN, quienes argumentaron que ella se encontraba en propiedad privada. La periodista García fue obligada a apagar su cámara y a retirarse del lugar. Ella denunció que: “No me dejaron grabar, ni siquiera sacar el trípode y la cámara de video”, además, dijo que, “parecía que esas personas la estaban esperando” para reprimirla por el número y las armas que portaban, lo que evidencia la obstaculización para realizar su trabajo periodístico pero también la peligrosidad en la que se encuentra su vida.
García es una de las periodistas que ha tratado por todos los medios posibles de informar y documentar lo que ocurre en comunidades lejanas de Guatemala. Como consecuencia de su compromiso, en agosto de 2018 García también fue retenida por personal de la empresa hidroeléctrica Oxec, en Cahabón, Alta Verapaz. Entonces, en compañía de pobladores de la comunidad de Seacté, ella documentaba las violaciones que, la comunidad, enfrentaba por la empresa. Posteriormente fue liberada, pero su equipo de trabajo no le fue devuelto y varios de los comunitarios fueron agredidos físicamente.
García ha servido a las comunidades que no son escuchadas, lo cual pone en peligro su vida, ante esto, el Estado debe garantizar su derecho a vivir y a informar.
Fuente: [https://elperiodico.com.gt/]
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Profesora visitante Departamento de Antropología en la Universidad de Oregon.
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