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“No estamos asesinando a nadie, sino que estamos, lamentablemente, ejerciendo la fuerza de las armas por el bien de la patria”.

María Aguilar

El día de ayer, 10 de mayo de 2020, se cumplieron siete años que el Tribunal A de Mayor Riesgo, presidido por la jueza Yassmin Barrios, emitiera la sentencia contra el general retirado Efraín Ríos Montt, por el delito de genocidio y deberes contra la humanidad, condenándolo a 80 años en prisión. El juicio es un parteaguas para la Guatemala de posguerra, la cual, a más de tres décadas de la “transición democrática” que comenzó en 1985, aún no sabe cómo abordar su pasado menos cómo tratar con los perpetradores que siguen manteniendo y concentrando poder.

En una entrevista otorgada a la antropóloga Jenniffer Schirmer, en la década de 1990, el general Héctor Alejandro Gramajo, ministro de la Defensa de 1987 a 1990, le dijo sobre las acciones del Ejército, durante la década de 1980: “nosotros matamos con los ojos abiertos, conscientes, sabiendo lo que estamos haciendo. No estamos asesinando a nadie, sino que estamos, lamentablemente, ejerciendo la fuerza de las armas por el bien de la patria.” Esta justificación sobre “el bien de la Patria” continúa presente en las voces de los descendientes de las elites económicas, militares y políticas responsables de los delitos y que continúan gobernando Guatemala, por eso, se niegan a admitir responsabilidad por los hechos violentos del pasado, poniendo el peso de la “reconciliación” sobre los hombros de los y las sobrevivientes quienes deben “olvidar el pasado y ver hacia el futuro”.

En un país regido por el olvido, aun cuando se ha obtenido justicia en tribunales, esta no se ha podido traducir en un cambio estructural para las vidas de los sobrevivientes o de sus comunidades. Muchos de los testigos del juicio por genocidio murieron sin ver que la justicia tocara a quienes destruyeron sus vidas, otros viven en condiciones extremadamente precarias sin una oportunidad garantizada para que su descendencia logre romper el círculo de pobreza que los ata a una vida de servidumbre y explotación. Actualmente, según el PNUD, cerca del 87% de la población de la región Ixil, vive con algún grado de pobreza, por eso muchos han migrado. También es una región con un alto grado de conflictividad social dada la incursión de proyectos transnacionales de minería e hidroeléctricas que operan en detrimento de los recursos y la vida de los residentes de la región. En años recientes también ha existido un incremento en la violencia de género y contra la mujer, desembocando en feminicidios.

Que la condena del 10 de mayo sirva como un rayo de luz para alumbrar el camino que falta por recorrer en Guatemala y lograr que la justicia sea integral, y se transforme en acciones concretas que, mejoren la vida de los sobrevivientes y de sus comunidades. Recordando siempre que: ¡EN GUATEMALA SÍ HUBO GENOCIDIO!

Esta justificación sobre “el bien de la Patria” continúa presente en las voces de los descendientes de las elites económicas, militares y políticas responsables de los delitos y que continúan gobernando Guatemala

Fuente: [https://elperiodico.com.gt/]

Narrativa y Ensayo publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

María Aguilar Velásquez
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