En esta ocasión, ¡no al presupuesto!
Ricardo Barrientos
Aprobar el proyecto de presupuesto para 2018 tal como fue dictaminado en el Congreso generaría peligros mucho más graves que los que generaría no aprobarlo.
Por desgracia, la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM) del Congreso de la República, en el dictamen favorable que emitió para la iniciativa de ley del proyecto de presupuesto para 2018, introdujo alteraciones que empeoran severamente la propuesta original, presentada en septiembre pasado por el gobierno de Jimmy Morales. De esa manera, tal como la semana pasada lo manifestó públicamente el Icefi, si el pleno del Congreso aprobara las alteraciones realizadas por la CFPM, estas producirían deterioros serios, por lo que recomendó no aprobarlo.
En su análisis, el Icefi empieza destacando que la CFPM no ajustó la proyección de ingresos tributarios para 2018, la cual está calculada con base en la meta de recaudación de este 2017, aun cuando las autoridades ya han reconocido públicamente que no alcanzarán esa meta. Con esta falencia, inevitablemente la proyección resulta demasiado optimista. Y de ser aprobada, se estaría condenando a las finanzas públicas a que en 2018 vuelvan a sufrir otro agujero fiscal.
Pero, sin duda, lo más grave es una suerte de autopista de alta velocidad para la corrupción y el abuso incluida por la CFPM en el hoy vergonzosamente célebre artículo 94 del dictamen para el presupuesto. Originalmente una propuesta de Edwin Escobar, alcalde municipal de Villa Nueva y presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades de la República de Guatemala, la CFPM dio su dictamen favorable a que el Congreso preautorice una ampliación presupuestaria destinada al pago en 2018 de las obras de arrastre de los consejos departamentales de desarrollo (codedes) que posean contrato, convenio y anticipo de recursos al 29 de diciembre de 2017, que deberán financiarse con saldos de caja. Pero no especifica monto o techo para esta ampliación. Esta omisión es un peligro muy grave, ya que, de ser aprobada, el Ejecutivo tendría autorización del Congreso para ampliar el presupuesto para este fin sin límite alguno.
El adefesio legislativo de ese artículo 94, además de ser posiblemente inconstitucional, sería un verdadero cheque en blanco para los codedes. Una prebenda escandalosa, a todas luces inaceptable para entidades más conocidas por su opacidad fiscal y por una corrupción enquistada al servicio de alcaldes municipales, diputados distritales y gobernadores.
La CFPM también decidió desechar el préstamo del Programa para el Mejoramiento de la Cobertura y la Calidad Educativa del Banco Interamericano de Desarrollo, pero no reemplazó los ingresos de ese crédito con otras fuentes de financiamiento, con lo cual recortó el presupuesto de los programas de preprimaria (169.8 millones de quetzales), primaria (56.1 millones) y diversificado (37.8 millones), así como el aporte a la Comisión Nacional de Alfabetización (140.0 millones), lo cual totaliza 403.7 millones de quetzales, todos fundamentales para la educación. Pero, eso sí, el Congreso recibe y escucha con toda atención las demandas del sindicato de maestros por más de 1 000 millones de quetzales para aumentos salariales en 2018.
El dictamen de la CFPM prácticamente desecha el Modelo Incluyente en Salud (MIS) al recortar en 700 millones de quetzales el programa de recuperación en salud, pero incrementa en 600 millones los programas de infraestructura. Es decir, al prácticamente reemplazar el MIS por proyectos de infraestructura, la CFPM condena al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a su pasado nefasto de oficina pagadora de contratistas y farmacéuticas, en vez de fungir como un verdadero y legítimo ente rector de la salud pública.
Se concluye entonces que aprobar lo propuesto por la CFPM en su dictamen generaría daños muchísimo más graves que los que enfrentaríamos al no aprobarlo y ejecutar en 2018 el presupuesto de 2017.
Fuente: [https://www.plazapublica.com.gt/content/en-esta-ocasion-no-al-presupuesto]
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