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Irmalicia Velásquez Nimatuj

En solidaridad con Nanci Chiriz Sinto.

La detención arbitraria de Nanci Chiriz Sinto, el pasado miércoles 24 de noviembre, evidencia que estamos frente a procesos de criminalización que se lideran desde el Ministerio Público. Por lo tanto, no se trata de incapacidad de los fiscales para investigar lo que ocurrió el 21 de noviembre de 2020, cuando una turba incendió una parte del Congreso en el marco de la manifestación que protestó por el presupuesto aprobado por el Congreso que buscaba dejar fuera la lucha contra la desnutrición infantil y evidenció la corrupción del presidente Alejandro Giammattei al no informar ¿qué hizo con los Q135 millones en préstamos para enfrentar la pandemia de la Covid-19? 

Nanci, una joven lideresa, política y defensora, con el derecho que le garantiza la Constitución se unió a miles de mujeres y hombres que protestaron contra el Decreto 33-2020 que aprobó el Presupuesto General de la Nación.  De su participación circularon múltiples fotografías y videos que documentaron como esa tarde ella quedó atrapada entre las fuerzas policiales y terminó brutalmente atacada, golpeada en la cabeza y en su cuerpo, y lanzada al suelo sin poder defenderse.

Ahora, según el fiscal Jorge De León el MP integró un equipo entre “la Fiscalía de Delitos Contra el Patrimonio Cultural, la Fiscalía de Delitos Contra Periodistas y la Fiscalía Contra la Vida” para investigar “los delitos que se pudieron haber cometido en la manifestación de 2020” (Ocote 24.11.2021).  Tantas fiscalías y recursos para perseguir y detener a dos jóvenes, sin embargo, el MP nunca integró un equipo para investigar la violencia contra la mujer que enfrentó Nanci y que está tipificada en leyes nacionales y en marcos internacionales que el Estado ha suscrito.  Al contrario, la violencia que vivió sigue impune mientras las leyes son retorcidas para criminalizar su rebeldía, su persistencia, su fuerza para levantar su voz, exigir sus derechos y demandar que el Estado cumpla su mandato.

La detención arbitraria de Nanci no busca saber quién realizó las pintas en las paredes del Congreso, por eso, el delito de “depredación de los bienes culturales” del que se le acusa debe entenderse no solo como una forma racista y discriminatoria de como se aplica la justicia en Guatemala en contra de las y los defensores mayas sino, además, como la “justicia” al reprimirla busca sentar un precedente para cualquier mujer indígena que ose levantar su voz, protestar, defender su vida, su tierra y su comunidad.

La violación al derecho a la verdad y a la justicia hacia jóvenes defensores es una alerta del plan que Giammattei y el pacto de corruptos impulsan para acallar, hoy son reprimidas las comunidades q’eqchi’, mujeres mayas, jueces independientes, periodistas, estudiantes y mañana serán quienes se nieguen a vivir bajo la bota del autoritarismo.

Tantas fiscalías y recursos para perseguir y detener a dos jóvenes, sin embargo, el MP nunca integró un equipo para investigar la violencia contra la mujer que enfrentó Nanci y que está tipificada en leyes nacionales y en marcos internacionales que el Estado ha suscrito. 

Fuente: [elperiodico.com.gt]

Narrativa y Ensayo publica este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Irma Alicia Velásquez Nimatuj
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