El silencio cómplice de la San Carlos
Las reformas constitucionales propuestas para modernizar e independizar el sector justicia caminan a marchas forzadas.
Virgilio Álvarez Aragón
No hay manera de extirpar el viejo régimen, el de los corruptos y corruptores, el de los negocios ilícitos dentro y fuera del aparato gubernamental, el de los perpetradores de crímenes contra la humanidad, el de los oportunistas y clientelistas, el de los que viven del engaño y la mentira, el de los que niegan a las mayorías el derecho a la educación, a la salud y al bienestar. Son pocos los que lo disfrutan, pero con su control de los medios de difusión y su construcción ideológica hacen que muchos de los que son por ellos explotados, ofendidos y manejados los defiendan y protejan como si se tratara de ellos mismos.
Bajo el espejismo de las verbenas cívicas de 2015, que hicieron creer a muchos que toda Guatemala estaba cansada de ese régimen y que se pelearían hasta con las uñas cambios que significaran beneficios para todos, aun para estos que ahora, cual fieras acorraladas, lanzan dentelladas a diestra y siniestra, actores bien intencionados se dieron a la tarea de proponer un conjunto de reformas constitucionales que, aunque tímidas y limitadas, trataran de poner el sector justicia en sintonía con el efectivo y debido respeto a los derechos individuales y colectivos.
Independizar las cortes de intereses espurios es una de las principales intenciones de tales reformas, para lo cual es indispensable que la selección de jueces y de magistrados se haga mediante estricta selección de méritos, y no a través de negocios turbios en comisiones de postulación y en el Congreso de la República. Dar amplia vigencia a la carrera judicial, con un órgano que seleccione debidamente y no sea parte interesada, es elemento medular de esta reforma. Independizar el Ministerio Público creando dentro de él su propia carrera, dotándolo de recursos e instrumentos para una persecución rápida y efectiva de la criminalidad, es parte también de esta propuesta.
Su socialización y discusión llevó meses. Y aunque el jefe del Ejecutivo dijo respaldarlas totalmente aun sin haberlas leído, sus hombres en el Congreso de la República, los de antes y los recién comprados, hacen de todo para impedir su aprobación manejando mil y un subterfugios para que la reforma no llegue a ningún puerto. No son promotores de mejoras que radicalicen aún más los objetivos perseguidos. Todo lo contrario. Su estrategia tiende a impedir que el sistema de justicia mejore porque saben que sus intereses y los de sus patrones estarían en peligro.
No es gratuito entonces el histérico bullicio que en las últimas semanas han armado los cómplices y defensores de perpetradores de crímenes contra la humanidad para oponerse a las reformas. Ellos, como los corruptos y los corruptores, quieren que todo siga igual, que en las cortes y los tribunales no se juzgue, sino se negocie, que jueces y magistrados sean fácilmente comprables o amenazables, que la ley solo se aplique al descalzo y que los criminales de charreteras y ametralladoras sigan siendo considerados héroes y hereden a sus descendientes fortunas mal habidas.
Hasta aquí todo parece claro y con actores nítidamente definidos. Los corruptos, los asesinos y los criminales defendiendo por un lado el statu quo con argumentos falaces y estrafalarios, y los modernizadores por el otro, entre los que están tanto los radicales que quieren cambiarlo todo de tajo sin hacer mayor esfuerzo y los que consideran que hay que ir despacio, retirando uno por uno los lastres que impiden nuestro desarrollo, como si retiráramos de una en una las catáfilas de una cebolla.
Pero resulta que estos bulliciosos, dogmáticos, autoritarios y violentos opositores cuentan con un valioso e importante aliado en la oligarquía administrativa, que desde hace décadas controla la Universidad de San Carlos de Guatemala. Las autoridades de la universidad, creada como uno de los mejores frutos de la Revolución de Octubre, han decidido defender con su silencio cómplice el actual funcionamiento del sector justicia. Como a los corruptos y a los corruptores, a estos funcionarios universitarios les interesa mantener las comisiones de postulación porque en ellas han encontrado mecanismos para controlar la justicia a su favor. Sin mayores argumentos teórico-científicos, mucho menos filosóficos, las autoridades sancarlistas, las pocas veces que han opinado, se han declarado defensores de las comisiones de postulación.
Hábiles en el manejo de los premios y de los sobornos, han impedido que cualquier voz disidente se manifieste en su contra y han puesto la universidad pública, esa que Manuel Galich y demás fundadores imaginaron portadora de los más vivos ideales, al servicio y beneficio de los intereses más retrógrados de la vida pública nacional.
Ningún foro, ningún debate público, ningún posicionamiento se ha conocido por parte de las altas autoridades universitarias respecto a esta importante coyuntura. Mucho menos de la facultad de Ciencias Jurídicas, donde se esperaría ver estudiantes, docentes y autoridades bullendo en debates y reflexiones al respecto.
Para las oligarquías administrativas universitarias (tal como se comportaban los clérigos del siglo XVII, a quienes tratan de imitar entonando chalanas en latín), creer es mucho más fácil que dudar y así hacen del silencio su negocio. Negarse a proponer y estimular el debate los vuelve tricentenarios, pues así imitan a aquellos teólogos que no cuestionaban la realidad, sino simplemente imponían creencias. Como buenos siervos de Carlos Borromeo, producen y disfrutan el nepotismo, el compadrazgo y la lisonja.
La posibilidad de construir propuestas alternativas y de profundizar en las reformas que el país necesita ha sido negada dentro de la universidad en un acto irresponsable de evitar enfrentar la realidad para tratar de impedir que la reforma interna, tan urgente y necesaria, se convierta en una demanda real de los universitarios.
Si mantener las universidades dentro de las comisiones de postulación es mantener la presencia de intereses espurios y corruptos en los procesos de selección de magistrados y jueces, el silencio oportunista de las autoridades, de los docentes y de los estudiantes de la universidad pública, más que una complicidad con corruptos y asesinos, es asumir con ellos todos sus crímenes.
Para las oligarquías administrativas universitarias (tal como se comportaban los clérigos del siglo XVII, a quienes tratan de imitar entonando chalanas en latín), creer es mucho más fácil que dudar y así hacen del silencio su negocio.
Fuente: [https://www.plazapublica.com.gt/users/virgilio-alvarez-aragon]
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