Irmalicia Velásquez Nimatuj
Guatemala atraviesa una de las etapas más oscuras de su historia contemporánea, iniciada en 2019 bajo el gobierno del cómico Jimmy Morales (2016-2020), que se agudiza con los dos últimos golpes impulsados por Alejandro Giammattei, el primero, confirmar a Consuelo Porras para continuar al frente del Ministerio Público hasta el 2026 y el fraude cometido públicamente en la USAC a través del Consejo Superior Universitario, al imponer como rector a Walter Mazariegos. Estos delitos planificados desde el Estado, disfrazados de una falsa legalidad, solo se comparan con los ejecutados por las dictaduras del siglo pasado, especialmente las de los generales Fernando Lucas García (1978-1982) y Efraín Ríos Montt (1982-1983).
Al igual que entonces, en el presente se hace uso de la mayoría de los medios de comunicación tradicionales, concretamente los televisivos y las corporaciones radiales, que son controladas por elites afinas al poder y que ejercen el papel de ser cajas de resonancia de las narrativas oficiales. A esos medios hay que agregar el uso de las redes sociales a través de call centers, desde donde tienen ejércitos de operadores que se dedican a aterrorizar, amenazar, desprestigiar y linchar a jueces, funcionarios y periodistas independientes, defensores de derechos humanos, de los pueblos indígenas que defienden sus territorios, y de toda persona que haciendo uso del derecho a expresarse, garantizado en la Constitución Política, sobre temas que les afectan ya sea en el campo o en la ciudad, están siendo acallados.
Deteriorar el derecho a ejercer la libre emisión del pensamiento es una práctica de gobiernos poco inteligentes, corruptos y represivos que buscan perpetuarse en el poder o servir a los intereses de grupos corporativos, así lo expresa la periodista sudafricana Vershni Pillay, quien indica que solo el 13 por ciento de la población del mundo vive en países en donde se respeta y se garantiza la libertad de prensa, mientras un 45 por ciento de la población mundial vive en países en donde se reprime el trabajo de la prensa independiente. Las formas de control son diversas, van desde asesinar a periodistas impulsando que sus crímenes se olviden bajo el manto de la impunidad, ahogarles lentamente al negarles el acceso a recursos esenciales para operar, perseguir a sus familias, bloquearles sus espacios de publicidad, entre otras acciones que socavan el derecho a la información.
Sin una prensa profesional, que fortalezca las democracias incipientes no solo se pone en peligro la vida de las y los periodistas sagaces e independientes que trabajan documentando e informando sobre la corrupción e ilegalidades que cometen los funcionarios en el poder sino, que además, se clausuran plataformas en donde voces disidentes pueden abordar temas rechazados por los medios cooptados, socavando así a las instituciones que tienen la responsabilidad de garantizar la vida de los habitantes y no de fortalecer a regímenes represivos.
Fuente: [elperiodico.com.gt]
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